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La construcción del reactor nuclear para Australia viene generando
una fuerte polémica. En enero de 2000, la empresa argentina INVAP
una sociedad del Estado perteneciente a la provincia de Río
Negro había acordado la construcción con la Organización
de Ciencia y Tecnología Australiana (ANSTO). Pero este acuerdo incluye
que el proceso de acondicionamiento de los combustibles quemados en el
reactor se pueda hacer en la Argentina, una cláusula que tampoco
aceptan unas 60 organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, la Red Nacional de Acción Ecologista
(Renace), entre otras.
El acuerdo fue aprobado por el Senado argentino en octubre del año
pasado, y se encuentra a consideración de la Cámara de Diputados.
Merenson insistió: "Estamos de acuerdo con el desarrollo tecnológico
del país, pero no al precio de violar la Constitución Nacional.
Dentro de la ley todo; fuera de la ley, nada".
El funcionario nacional y los integrantes del COFEMA ya sugirieron a
Diputados que se incluya una cláusula de reserva en el convenio
con Australia por la cual "se garantice el no ingreso del material
sujeto a reprocesamiento".
Basan la sugerencia en lo que dice la Constitución Nacional. En
el artículo 41 se "prohíbe el ingreso al territorio
nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".
A Merenson no sólo le preocupa el acuerdo por el reactor nuclear.
"El ambiente (en la Argentina) no está debidamente cuidado".
Y dijo que tiene varios planes "que conjugan desarrollo económico,
calidad ambiental y equidad social".
Uno de esos proyectos es el programa social de bosques, que espera la
aprobación del Ministerio de Economía. Consiste en dar insumos
y capacitación a municipios, provincias y organizaciones no gubernamentales
para aumentar la plantación de árboles. "La meta es
forestar anualmente 200 mil hectáreas en los próximos 20
años". Y para enfrentar la desertificación, con el aporte
de la Cooperación Técnica Alemana, se invertirá 1,5
millón de dólares en los próximos 3 años.
Merenson agregó que hay otros problemas que los legisladores argentinos
deberían tratar. "Falta que se sancione una ley sobre bioseguridad
de los organismos genéticamente modificados y otra sobre residuos
peligrosos, para evitar la superposición de normativas".
Fuente: Clarín
Mayo 30, 2002
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