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Los residuos radioactivos hacen cola para
emigrar a la Argentina.
Activistas de Greenpeace, entre los que estaba una residente argentina,
realizaron una protesta en la embajada argentina en Canberra (Australia)
por un acuerdo que permitiría importar basura nuclear a nuestro
país.
Una veintena de activistas de Greenpeace, entre los que estaba una residente
argentina, protestaron hoy en la embajada argentina en Canberra portando
carteles con la consigna Los residuos nucleares australianos son
ilegales en la Argentina.
Parodiando la cantidad de gente que actualmente realiza colas interminables
en las embajadas de diferentes países para abandonar la Argentina
con la esperanza de encontrar un futuro mejor, la protesta se realizó
formando una cola de activistas disfrazados de barriles de residuos nucleares
listos para emigrar de Australia y viajar a Ezeiza, en la provincia
de Buenos Aires.
Por su parte, el embajador argentino en Australia, Néstor Stancanelli,
sostuvo que el ingreso de residuos nucleares al territorio argentino está
prohibido. De esta manera pretendió contrarrestar la protesta de
los activistas y la información que sostiene que los barriles emigrarán
a la Argentina.
Muchos australianos no saben que llevar basura nuclear al país
es contrario a la Constitución Argentina, pero esto es exactamente
lo que va a suceder luego de la firma del convenio entre Australia y la
Argentina que permitirá construir un nuevo reactor nuclear en Sidney,
dijo Sandra Passerman, residente argentina de la localidad de Lucas Heights,
quien se hizo presente en la protesta. La debilidad institucional
de la Argentina está siendo usada por la ANSTO (Australian Nuclear
and Science Technology Organisation) para presionar a la Argentina a que
ignore su Constitución nacional y acepte este negocio, dijo
por su parte Juan Carlos Villalonga, encargado de asuntos nucleares de
Greenpeace. La crisis que vive la Argentina y esta presión
tienen el antecedente reciente de Rusia, que luego de su debacle político
económica aceptó la importación de residuos nucleares
desde Europa , agregó.
La protesta se realizó inmediatamente después que se dio
a conocer que la compañía que construirá el reactor,
INVAP, recibirá un préstamo de 12 millones de pesos por parte
del gobierno argentino.
La legalidad del reactor está también siendo investigada
en la Argentina. Las irregularidades denunciadas por las organizaciones
no gubernamentales durante la negociación del contrato de INVAP
y el Acuerdo con Australia motivó recientemente una denuncia formal
ante la justicia por parte del Fiscal Nacional Eduardo Freiler y Federico
Delgado. Los fiscales federales alegan que el contrato firmado con Australia
viola el artículo 41 de la Constitución Nacional ya que está
prohibido importar residuos nucleares. También se cree que existieron
procedimientos ilegales por parte de INVAP y de los representantes del
Gobierno con el objeto de asegurar el contrato.
El Acuerdo Nuclear firmado entre la Argentina y Australia durante el
año 2001 ha sido blanco de críticas por las organizaciones
ambientalistas en ambos países. Para la Argentina, dicho acuerdo
implica la aceptación de que residuos nucleares de Australia lleguen
a nuestro país para su procesamiento. Esta operación es violatoria
de la Constitución Nacional que prohíbe el ingreso de residuos
radiactivos al territorio nacional.
Este acuerdo surge como respaldo al contrato comercial de la empresa
INVAP para la construcción de un reactor de investigación
en Australia, explicó Juan Carlos Villalonga, encargado de
asuntos nucleares de Greenpeace. El compromiso de INVAP de traer
los residuos a la Argentina es una aventura que no debe ser permitida,
por ilegal y ser de alto riesgo.
En la Argentina una coalición de más de 70 organizaciones
no gubernamentales están reclamando la anulación de ese compromiso
y que la Cámara de Diputados de la Nación rechace el Acuerdo
Nuclear con Australia.
Fuente: Greenpeace Argentina.
Marzo 28, 2002
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