Los residuos radioactivos hacen cola para emigrar a la Argentina.

“Activistas de Greenpeace, entre los que estaba una residente argentina, realizaron una protesta en la embajada argentina en Canberra (Australia) por un acuerdo que permitiría importar basura nuclear a nuestro país”.


Una veintena de activistas de Greenpeace, entre los que estaba una residente argentina, protestaron hoy en la embajada argentina en Canberra portando carteles con la consigna “Los residuos nucleares australianos son ilegales en la Argentina”.

Parodiando la cantidad de gente que actualmente realiza colas interminables en las embajadas de diferentes países para abandonar la Argentina con la esperanza de encontrar un futuro mejor, la protesta se realizó formando una cola de activistas disfrazados de barriles de residuos nucleares listos para “emigrar” de Australia y viajar a Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, el embajador argentino en Australia, Néstor Stancanelli, sostuvo que el ingreso de residuos nucleares al territorio argentino está prohibido. De esta manera pretendió contrarrestar la protesta de los activistas y la información que sostiene que los barriles “emigrarán” a la Argentina.

“Muchos australianos no saben que llevar basura nuclear al país es contrario a la Constitución Argentina, pero esto es exactamente lo que va a suceder luego de la firma del convenio entre Australia y la Argentina que permitirá construir un nuevo reactor nuclear en Sidney”, dijo Sandra Passerman, residente argentina de la localidad de Lucas Heights, quien se hizo presente en la protesta. “La debilidad institucional de la Argentina está siendo usada por la ANSTO (Australian Nuclear and Science Technology Organisation) para presionar a la Argentina a que ignore su Constitución nacional y acepte este negocio”, dijo por su parte Juan Carlos Villalonga, encargado de asuntos nucleares de Greenpeace. “La crisis que vive la Argentina y esta presión tienen el antecedente reciente de Rusia, que luego de su debacle político económica aceptó la importación de residuos nucleares desde Europa” , agregó.

La protesta se realizó inmediatamente después que se dio a conocer que la compañía que construirá el reactor, INVAP, recibirá un préstamo de 12 millones de pesos por parte del gobierno argentino.

La legalidad del reactor está también siendo investigada en la Argentina. Las irregularidades denunciadas por las organizaciones no gubernamentales durante la negociación del contrato de INVAP y el Acuerdo con Australia motivó recientemente una denuncia formal ante la justicia por parte del Fiscal Nacional Eduardo Freiler y Federico Delgado. Los fiscales federales alegan que el contrato firmado con Australia viola el artículo 41 de la Constitución Nacional ya que está prohibido importar residuos nucleares. También se cree que existieron procedimientos ilegales por parte de INVAP y de los representantes del Gobierno con el objeto de asegurar el contrato.

El Acuerdo Nuclear firmado entre la Argentina y Australia durante el año 2001 ha sido blanco de críticas por las organizaciones ambientalistas en ambos países. Para la Argentina, dicho acuerdo implica la aceptación de que residuos nucleares de Australia lleguen a nuestro país para su procesamiento. Esta operación es violatoria de la Constitución Nacional que prohíbe el ingreso de residuos radiactivos al territorio nacional.

“Este acuerdo surge como respaldo al contrato comercial de la empresa INVAP para la construcción de un reactor de investigación en Australia”, explicó Juan Carlos Villalonga, encargado de asuntos nucleares de Greenpeace. “El compromiso de INVAP de traer los residuos a la Argentina es una aventura que no debe ser permitida, por ilegal y ser de alto riesgo”.

En la Argentina una coalición de más de 70 organizaciones no gubernamentales están reclamando la anulación de ese compromiso y que la Cámara de Diputados de la Nación rechace el Acuerdo Nuclear con Australia.

Fuente: Greenpeace Argentina.
Marzo 28, 2002