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La historia
En junio de 1998 la Ansto llamó a licitación para el diseño,
construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear para investigación
y producción de radioisótopos, con un presupuesto de 180
millones de dólares. Luego de un minucioso proceso de selección,
Invap SE, empresa estatal formada por el gobierno de Río Negro y
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ganó
la licitación para construir un reactor nuclear que reemplazará
a otro inaugurado en 1958 en Lucas Heights, a 35 kilómetros de Sydney.
En lo que se refiere a la exportación de tecnología nuclear,
Invap cuenta con varios antecedentes importantes de construcción
de reactores nucleares de investigación en otras partes del mundo,
tales como Perú, Argelia y Egipto. Estos casos no habían
implicado ningún tipo de importación de elementos combustibles
irradiados (ECI) a la Argentina. Por el contrario, los contratos previeron
el almacenamiento directo de estas sustancias en el mismo país.
El contrato firmado con Australia sería diferente en este aspecto.
De todas formas, la no ratificación del acuerdo por parte de la
Argentina no implica un impedimento para la realización y puesta
en marcha del reactor, sólo dejaría en stand-by la posibilidad
de que dentro de quince años se traten en nuestro país los
ECI de Lucas Heights.
Esperar y ver
El punto conflictivo está plasmado en el artículo 12 del
acuerdo binacional, donde se expresa que la Argentina asegurará
el procesamiento fuera de Australia del combustible irradiado por el reactor.
Luego de realizado este proceso todo el combustible acondicionado y todos
los desechos radiactivos resultantes podrán regresar a su país
de origen para su almacenamiento. Esto supone la posibilidad del envío
de combustible gastado del reactor para su acondicionamiento en la Argentina,
en el hipotético caso de que la compañía francesa
(Cogema), que se ocupa de esta tarea en la actualidad, dejase de hacerlo
cuando deban ser tratados estos combustibles (aproximadamente en 2017).
Los opositores al acuerdo, representados en la comisión de diputados
por Rubén Giustiniani y Carlos Raimundi, alertan acerca de que el
acuerdo estaría aprovechando el vacío legal que hay en la
Argentina con respecto al tratamiento de los residuos nucleares. La ley
nacional 25.018 sobre el Régimen de Gestión de Residuos Radioactivos,
promulgada en octubre de 1998, preveía la elaboración de
un Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos, que
fue preparado por la CNEA, pero nunca fue aprobado por el Poder Ejecutivo
Nacional, de manera que todavía no hay una política de Estado
definida sobre el tratamiento de los residuos radiactivos en la Argentina.
Por este motivo no se procesan esas sustancias en el país, sino
que son almacenadas. En eso consiste la doctrina del wait and see (esperar
y ver) que se sigue a nivel local, como en la mayoría de los países
del mundo en este momento.
La controversia
Luego de que Invap inició la construcción del reactor nuclear
a principios de abril de este año, en la Argentina comenzó
a discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación la ratificación
del acuerdo entre los dos países, suscripto en agosto de 2001 en
Canberra, Australia. El texto había sido aprobado por los senadores
en noviembre del año último en una votación sobre
tablas, sin discusión en comisiones.
Dada la complejidad del tema, los diputados decidieron iniciar una ronda
de consultas a diferentes especialistas que pudieran echar luz sobre el
documento cuestionado.
Por Verónica Engler
Fuente: LA NACION
Junio 26, 2002
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