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PROTECCIÓN LEGAL PARA LOS ANIMALES
El Gobierno británico prepara una carta de derechos
de los animales y estudia cambios legales para endurecer las penas contra
quienes los maltraten. En España, la barbarie humana con los animales
es tan frecuente o más que en el Reino Unido, pero el PP ha hecho
valer su mayoría parlamentaria para rechazar una iniciativa que
proponía tipificar como delito los actos de crueldad extrema que
quedan habitualmente impunes.
No se entiende la negativa del PP a modificar el Código
Penal, que en el mejor de los casos resuelve con sanciones económicas
mínimas las conductas execrables de quienes torturan y matan a víctimas
indefensas. Episodios tan espeluznantes como el que se produjo recientemente
en Tarragona, donde unos desconocidos serraron las patas delanteras a 15
perros, no pueden quedar sin castigo. Como sostiene el PP, un hecho concreto
no puede justificar la modificación del texto legal. Pero ignora
que éste no es un suceso aislado. En muchos pueblos españoles
se mantiene la costumbre de ahogar en los arroyos a los cachorros de perros
y gatos no deseados por sus dueños; a los ejemplares adultos se
les reserva el sacrificio por ahorcamiento. Miles de mascotas son apaleadas
a diario por sus propietarios, y en el mejor de los casos abandonadas a
su suerte cuando a los pequeños de la casa les aburre el juguete.
Está claro que la legislación debe combatir
con contundencia estos comportamientos, incorporando sanciones económicas
de mayor cuantía e incluso penas de arresto que puedan ejercer una
deseable función disuasoria. Estas medidas básicas para proteger
la vida y el bienestar de los animales no deben entenderse como una cesión
gratuita hacia las organizaciones protectoras, sino que representan una
obligación para cualquier sociedad civilizada, recogida expresamente
en la Declaración de los Derechos del Animal, refrendada por la
Unesco y la ONU en 1978. Se trata simplemente de cumplir con una exigencia
ética, sin caer en la astracanada de quienes, como en EEUU, defienden
el derecho de los chimpancés a ser representados por un abogado,
invocando su semejanza genética con la raza humana.
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Fuente: El Mundo
Abril 30, 2002
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