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Entre 1975 y 2000
Una auditoría realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló una amplia gama de irregularidades administrativas que existen en la actividad pesquera. El trabajo esboza la participación de funcionarios y empresas pesqueras en actos anómalos que llevaron a una profunda depredación de los recursos naturales del litoral marítimo nacional. Hay más de 35 faltas graves. La mayoría pertenece al período comprendido en los años 90 y en particular durante el acuerdo pesquero celebrado con la Comunidad Económica Europea. "El examen efectuado -explica el informe de la UBA- indica que en muchos casos la normativa que ha regulado el trámite de las peticiones indicadas, tendiente a organizar, dar publicidad y transparencia a la gestión, no resguardó debidamente el desenvolvimiento organizado y conforme a derecho administrativo. Tampoco protege la persecución del interés general y el logro de la verdad objetiva." Entre ellas, el otorgamiento de permisos de pesca en favor de un proyecto sin que estuviese inscripto el propietario en los registros; la resolución de actos administrativos sin dictamen jurídico previo; el empleo de la figura de "complemento de bodega" para ampliar la capacidad de pesca de los buques, sin que existiese una norma que lo autorizara; transferencia de permisos en favor de embarcaciones que fueron desafectadas de la flota nacional y hasta reservas "in eternum" de permisos de unidades siniestradas, entre muchas otras cosas. "Los actos dictados en esas condiciones adolecerían de vicios en sus elementos objeto causa y podría acarrear, según el caso, nulidad o anulabilidad", sostienen los auditores respecto de la situación legal de grandes buques factorías que pertenecen a firmas pesqueras con facturaciones de alrededor de 70 millones de dólares al año. La investigación, denominada informe final, fue encargada y solventada hace dos años por la misma Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagpya) y el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integran representantes de las provincias y del Poder Ejecutivo. "El objetivo consistió en la revisión de todos los permisos de pesca desde 1975 hasta la fecha, pero a partir del tercer mes de trabajo, cuando se procedió al análisis de los expedientes de los permisos otorgados entre 1991/2000 se suscitaron serías dificultades", afirma el trabajo que fiscalizó la situación legal de la flota en unos 600 expedientes. Allí se enumera que 56 buques -hoy en actividad- presentan "irregularidades graves" y otros 164 muestran problemas de "escasa entidad". A la vez, los abogados solicitaron la documentación de otros 36 buques que operan actualmente, propiedad de importantes empresas marplatenses, que jamás fue remitida por la Subsecretaría de Pesca, que depende de la Sagpya. Pero, entre las dificultades mencionadas, consta que el grupo de letrados de la UBA tuvo que contratar un seguro de responsabilidad civil por las amenazas recibidas durante la investigación. El servicio de auditoría que la Facultad presta también para empresas del sector privado, le significó a la administración pública un gasto superior a los 200.000 dólares y aún permanece guardada por las autoridades. En ella se deslizan los posibles procedimientos legales para encarar un reordenamiento del sector. Muchas de las irregularidades que le costaron al país una profunda depredación de los recursos marítimos podrían sanearse mediante simples actos administrativos, dice el trabajo. "Se han obtenido evidencias que muestran: incumplimiento de las disposiciones legales -sentencia el informe-, falta de impulsión de oficio, la adopción de decisiones por parte de la administración en expedientes sin estado de resolución; interpretación parcializada del régimen jurídico, déficit manifiesto de fiscalización e incumplimiento por parte de los funcionarios de ejercicio pleno de las atribuciones legalmente conferidas." Pesca no renovable A propósito de la suerte que podría sufrir el trabajo de la UBA, el subsecretario de Pesca, Daniel García, comentó a LA NACION que se están analizando los datos para que "en los casos de nulidad se accione en forma administrativa". Pero, en concreto, el funcionario que asumió el cargo hace tres meses, admitió que se habían logrado pocos avances en este sentido. "Asumí en marzo y es mucha la problemática que uno tiene que abarcar", dijo García, a lo que agregó: "Puedo garantizar que vamos a actuar con total transparencia y a fondo en estos temas". En tanto, el secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho, Pablo Mas Vélez, confió, a pesar del contrato de confidencialidad, que en términos personales le gustaría "que se tome alguna acción porque lo que pasa es una barbaridad". Este profesor de derecho que coordinó las tareas del equipo de letrados admitió que hubo problemas burocráticos y que las anomalías descubiertas y documentadas transformaron "un recurso renovable como la pesca en uno no renovable". Mas Vélez reconoció no tener "ni idea" del destino del informe, porque las autoridades nunca los volvieron a consultar. Por Franco Varise |
