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La pesca necesita control y transparencia
Las actuales medidas de regulación para la pesca de la merluza, por ejemplo, no son respetadas; hay consenso sobre la ineficiencia de los controles y también serias sospechas sobre la veracidad de las estadísticas pesqueras oficiales, circunstancia de especial significado porque, a la vez, la falta de recursos dificulta obtener datos independientes. Durante 2001 se pescaron demasiados ejemplares juveniles de merluza sin respetar el área de veda acordada y se declararon falsamente importantes volúmenes de capturas de otras especies para disimular la de merluza. Este año, los observadores a bordo han reducido cuantitativamente su esfuerzo de control en un 82% con respecto al año anterior; el descalabro del sistema de control estatal es, pues, evidente. Creer que ese control puede ser suplido por las provincias es caer en un error; el hecho de que en una de la Patagonia se haya admitido que 70 barcos estuvieron descartando en el mar toneladas de merluzas juveniles mientras capturaban langostinos en aguas de jurisdicción provincial muestra que aún falta mucho para que los Estados provinciales se hallen en condiciones de poder cumplir cometidos preservacionistas de los recursos pesqueros en las áreas en que tienen competencia. En el caso del calamar -el último gran recurso económico que todavía queda en el mar argentino-, durante los últimos 10 años las capturas han oscilado fuertemente por efecto del sistema de "charteo", que permite la libre admisión de barcos extranjeros contra el pago de un canon. La Fundación Vida Silvestre Argentina y el sector pesquero local propusieron, hace un tiempo, limitar el ingreso de barcos poteros extranjeros a una cantidad razonable, teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los pocos países del mundo que posee una flota potera. Pero la iniciativa halló un ambiente en el que terminaron prevaleciendo las presiones de los grupos foráneos que realizan esa explotación. El asunto llegó, en enero del año pasado, a ser objeto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ocasión en la que sólo dos ministros de la Corte se opusieron a semejante régimen; éste fue finalmente derogado por el Congreso de la Nación, pero hoy se escucha a algunos funcionarios de la Cancillería que quieren reinstalarlo, tal vez debido a la urgente necesidad de divisas para el país. De hacerlo sin una consulta seria a los sectores que se sienten afectados, el régimen de charteo será nuevamente causa de severas críticas. Un problema capital consiste en que, pese al interesante régimen de pesca establecido por la ley 24.922, en cuya reglamentación trabaja la Dirección Nacional de Pesca, no hay certezas sobre qué sectores o intereses prevalecerán en el control del nuevo sistema de cuotas de captura transferibles entre los barcos. Desde esta columna se ha señalado que el nuevo marco legal debe ser reglamentado con rapidez, para aventar tensiones e intentos distorsivos. Pero esa prontitud imperativa no debe conseguirse al precio de pactar con pequeños círculos, mediante concesiones que permitan a éstos una posterior manipulación de la ley. En este proceso, la transparencia es clave. Asegurar una normativa sólida
-especialmente a la luz de la pérdida de credibilidad de los organismos
estatales ante la opinión pública- requiere que se implementen
mecanismos de capacitación y control interinstitucional para los
alicaídos grupos de inspectores y observadores a bordo, así
como que se permita el acceso de las ONG relacionadas con el tema a la
información sobre cómo se diseñan y supervisan los
controles. La participación de la sociedad civil debería
alcanzar al Consejo Federal Pesquero, un ámbito clave para todas
estas decisiones en el que, lamentablemente, los intereses económicos
de unas pocas grandes empresas pesqueras suelen prevalecer sobre los argumentos
técnicos. |
