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Avances del derecho ambiental
En el país, en el continente y también en el mundo, una
de las grandes batallas que está librando el derecho es la que
tiende a asegurar la preservación del medio ambiente y la armonización
de sus preceptos con las cambiantes necesidades de las comunidades humanas.
Al respecto, los magistrados judiciales enfrentan diariamente circunstancias
novedosas, cuya resolución impone desafíos que obligan
a conciliar la protección de bienes jurídicos contrapuestos
e igualmente dignos de ser tutelados,
Esclarecer los problemas que derivan de esa subsistente imprecisión
conceptual, estudiar la posibilidad de fijar pautas que ayuden a superar
ese estado de cosas y determinar posiciones internacionales en la materia
fueron los objetivos que se impuso el Simposio de Jueces y Fiscales de
América latina sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental, realizado recientemente en nuestra ciudad.
Alrededor de 70 juristas -entre miembros de tribunales, tratadistas y
docentes del derecho- se reunieron merced a una iniciativa conjunta de
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina (FARN),
del Instituto del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, así como de otras diversas agencias de la ONU,
prestigiosas organizaciones no gubernamentales de diversos países
y asociaciones judiciales de Brasil, Perú, Chile y Paraguay.
Hubo en el encuentro un activo intercambio de pareceres y experiencias
entre especialistas, a propósito de un área en la cual
la normativa jurídica, en muchos aspectos, permanece virgen, por
lo menos en cuanto a la aceptada existencia de postulados de validez
universal. El trabajo fue, al respecto, intenso y fecundo, y sus resultados
y primeras conclusiones se volcaron en lo que se ha dado en llamar la
Declaración de Buenos Aires, algunos de cuyos puntos merecen ser
destacados de manera relevante.
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el que se refiere a la capacitación
de jueces y fiscales especialmente dedicados a la dilucidación
de temas ambientales, así como el que concierne a la necesidad
de perfeccionar las características de los procesos judiciales,
a fin de atender los requerimientos de las acciones ecologistas. También
se debatió sobre la unificación de criterios respecto de
la forma y la graduación de las penas que corresponde imponer
por daños referidos al equilibrio ecológico. Asimismo,
se analizó la conveniencia de obtener la participación
de la sociedad civil cuando se ventilan causas ambientales, de impulsar
la prevención como actitud generalizada y de utilizar medios alternativos
de resolución de conflictos.
Por otra parte, se exhortó a los poderes del Estado de todos los
países a promover un diálogo interinstitucional de carácter
permanente, con miras a mejorar el desarrollo, la aplicación y
el cumplimiento de la normativa ambiental. Estas proposiciones entrañarían
-de ser aplicadas de manera sistemática- una contribución
importante a la consolidación del derecho en nuestro país
y en la región, pues son muchas las inquietudes que cotidianamente
afrontan los magistrados -y a través de ellos, la sociedad- en
relación con esos temas, frecuentemente controvertibles.
Fuente: La Nación (Argentina)
Octubre 17, 2003
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