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Entrevista con el ministro de Obras y Servicios Públicos bonaerense El funcionario explicó que los proyectos hidráulicos, que estarían en condiciones de licitarse en el último trimestre, apuntan a acelerar el escurrimiento en la cuenca del río Salado, pero no pueden hacer magia en un sistema saturado por lluvias que superan varias veces los valores normales. Frente a las quejas de los productores rurales, Domínguez justificó la demora de los trabajos en el déficit presupuestario "que excede los límites de la provincia" y señaló que en el verano las empresas constructoras no estaban dispuestas a encarar nuevos trabajos porque a partir de la devaluación los costos habían alterado su ecuación económico-financiera. El funcionario, que inició su gestión de la mano de Carlos Ruckauf, reconoció que su prioridad es la defensa de los cascos urbanos hoy amenazados (principalmente Chascomús y San Miguel del Monte), el acondicionamiento de canales y desagües en varias localidades y la profundización del cauce del Salado inferior. A esos trabajos la provincia ya destina unos 50 millones de pesos. Por otra parte, Domínguez lamentó la demora con que se dispuso del Fondo Hídrico Nacional (los $ 24 millones asignados a Buenos Aires sólo estuvieron disponibles a principios de este mes) y aseguró que el gobernador Felipe Solá reclama al ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, por la posible asignación del dinero a otros fines. Las obras estructurales que se priorizan son la vinculación de la laguna La Picasa con la laguna de Gómez (que supone la adecuación de la capacidad reguladora de las lagunas Salada y Mar Chiquita) por unos $ 102 millones, y la construcción de un canal paralelo al Jauretche-Mercante-República de Italia, para regular el aporte del complejo Hinojo-Las Tunas al río Salado, por unos $ 130 millones. -¿Cómo explica la constante acusación de inacción política por parte de los productores? -Ante la pérdida de la cosecha y el corte de los caminos, qué puede decir el productor si no que se siente abandonado y reconocer que las obras estructurales se debieron hacer hace mucho. Estamos realizando lo técnicamente posible y lo económicamente factible. Es inevitable que el hombre de campo se sienta abandonado ante semejante fenómeno, de difícil resolución, que incluso genera enfrentamientos entre los partidos. -¿Y no es la política la herramienta para solucionar esa puja por sacarse el agua de encima? -Buenos Aires ha liderado la resolución del problema hídrico, propuso "la alternativa Sur de la Picasa", que viene a resolver un problema con las provincias limítrofes. Buenos Aires es la primera en presentar un proyecto de infraestructura integral. En cuanto a lo económico, hay una ineficiencia presupuestaria que excede a la provincia, por eso Solá reclama a la Nación que no desvíe el destino del Fondo Hídrico. Es evidente que ante una emergencia que lleva tres años haya intereses encontrados, pero nosotros no eludimos nuestra responsabilidad de proteger las ciudades. -Pero mientras tanto se siguen construyendo canales clandestinos y se extienden los perjuicios de un partido a otro. ¿La provincia no fiscaliza esa irregularidad? -En Adolfo Alsina me tocó ir con la Justicia a cerrar canales... Es cierto, persiste una respuesta alocada a la emergencia y se construyen obras indiscriminadamente. Estamos haciendo todo lo posible para ordenar esta situación, pero muchas veces se nos escapa de las manos. -Otra queja es que se hayan priorizado las obras en el noroeste bonaerense en lugar de asegurar primero una mejor salida del excedente hídrico hacia el mar. ¿Qué explicación puede dar? -Ya empezamos por las obras de dragado en el Salado inferior, con el aporte de 24 millones del Fondo Hídrico Nacional porque hoy el problema es la gran masa de agua que pone en riesgo a Chascomús y a San Miguel del Monte. No dijimos que empezábamos por el Noroeste, sino que los trabajos debían ser simultáneos en toda la cuenca. Hubo una confusión generalizada porque explicamos que el área del Salado Superior es la zona de mayor producción agropecuaria, donde es más fácil recuperar la inversión de las obras y donde, además, se solucionaría el problema con las provincias limítrofes. -A pesar de las explicaciones que los técnicos dieron en el interior bonaerense, persiste el descreimiento sobre el desarrollo del Plan Maestro. ¿A qué cree que se debe? -La gente tiene razón, quiere que le aportemos soluciones. Pero no podemos mentir, hemos logrado que los estudios se convirtieran en proyectos ejecutivos, hemos creado los instrumentos de financiamiento y ahora reclamamos que se respete el destino de los fondos. Estamos en el límite de nuestras posibilidades humanas. -Una vez que se realicen las obras, ¿cómo se organizará el manejo del sistema? -El año pasado empezaron a organizarse los comité de cuenca,
que esperamos que sean un instrumento de consenso. Por otra parte, el Código
de Aguas dispone que también intervenga la autoridad del área.
El Plan Maestro, por su parte, cuenta con diagramas de operación,
que determinan la función reguladora o conductora de la obra de
infraestructura. |
