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Justicia ecológica Han tenido que esperar diez años pero, por fin, los campesinos e indígenas ecuatorianos ven sentada en el banquillo de los acusados a la multinacional petrolera Chevron Texaco, acusada de graves daños ambientales y a la salud de los pueblos que viven cerca de sus áreas de trabajo. El juicio, que se inició el pasado 21 de octubre, descubre que la globalización no tiene un único sentido y que las comunidades más humildes del sur también pueden poner entre las cuerdas a una de las cinco petroleras más grandes del mundo. Durante toda la semana, demandantes y demandados han pedido al presidente de la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja la posibilidad de aportar más pruebas a su favor. Desde la empresa multinacional piden la comparecencia de varios ministros de energía y minas y dos expertos medioambientales estadounidenses, mientras que los demandantes reclaman la inspección de varias estaciones petroleras y 90 pozos petroleros controlados por Texaco. La espectación que ha levantado el juicio contra la compañía petrolera ha traspasado en pocos días las fronteras de Ecuador. Organizaciones ambientalistas y sociedad civil están pendientes de la evolución del caso, que de momento ya ha demostrado que es posible hacer responsables a las empresas de sus actos. De hecho, incluso varios líderes de comunidades religiosas estadounidenses han viajado estos días hasta el país sudamericano para informarse de la situación y darla a conocer, a su regreso, en sus congregaciones. “Lo que pasa en Ecuador también nos afecta en California”, afirman estos líderes al diario ecuatoriano 'El comercio'. Toda esta espectación, además, ha afectado la imagen internacional de Chevron Texaco, según ha reconocido hace unos días el representante de la compañía en Ecuador, Rodrigo Pérez. Según las poblaciones campesinas e indígenas y varias organizaciones y expertos, durante los 28 años que la petrolera ha explotado los recursos de las provincias de Napo y Sucumbios se han producido “deliberadas descargas y emisiones” en el medio natural, que se suman a los “frecuentes” derrames accidentales. La contaminación provocada ha aumentado, además, la desnutrición en las comunidades vecinas. Según la entidad Acción Ecológica, “se extinguió la cultura Teté, los pueblos indígenas de la zona quedaron reducidos a minorías étnicas, se afectaron los patrones culturales de alimentación y de vida y se debilitó el sistema tradicional de salud, toma de decisiones y organización”. De manera indirecta, la deforestación aumentó y surgieron ciudades donde la violencia, el alto consumo de alcohol y la prostitución son los protagonistas. Para poder juzgar a Texaco, sin embargo, los indígenas y campesinos han tenido que esperar una década. El 'juicio del siglo', como denominan ya al proceso iniciado en la región de Nueva Loja, se lleva a cabo ahora, a pesar de que el 3 de noviembre de 1993 se presentó la primera demanda contra la multinacional en la Corte de Justicia de Nueva York (Estados Unidos). En todo este tiempo, Texaco ha conseguido que el caso se transfiriera a varias jurisdicciones, pero no al país sudamericano; la compañía también consiguió que gobiernos ecuatorianos como el de sixto Durán Ballén aportaran documentos que negaban la ciudadanía ecuatoriana a los indígenas y, por lo tanto, su autoridad sobre las tierras. Por primera vez, y tras la presión social, el juez encargado del caso en ese momento consideró la posibilidad de someter a Texaco a la jurisdicción ecuatoriana, aunque no obligó a la empresa a aceptarla. Finalmente, en 1998, la reforma constitucional en Ecuador hizo posible someter a la petrolera a la jurisdicción del país, por lo que los demandantes optaron por el cambio y la justicia ecuatoriana juzga ahora si Texaco ha sido o no responsable en sus acciones. En caso de ganar los demandantes, unos 30.000 campesinos e indígenas recibirán una compensación de 1.000 millones de dólares y serán testigos de la eliminación de 600 vertederos de residuos de crudo. Dirigente campesino asesinado A la espera de conocer el resultado del juicio contra Texaco, las organizaciones sociales y ambientalistas han denunciado el asesinato de Ángel Shingre, dirigente campesino defensor de derechos humanos en Coca, en la provincia ecuatoriana de Orellana. Según Medicus Mundi, Shingre, asesinado "a sangre fría", era coordinador de una organización que asesora a las comunidades de la Amazonia de Ecuador frente a los abusos de las compañías petroleras y que la ONG española apoya. La víctima también asesoraba a varias comunidades afectadas por las actividades de la multinacional Texaco. Por ello, desde Médicus Mundi y numerosas entidades sociales
y ecologistas exigen la "investigación y sanción" de
lo ocurrido, así como más recursos para "combatir
la impunidad con la que han quedado hasta la fecha los delitos ambientales
y sociales en la región". |
