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El ambiente, los políticos y las políticas de gobierno Este breve trabajo surge como una reflexión a partir de los accidentes ocurridos en la Ruta Provincial Nº 5 de la provincia del Neuquén, pero es extensivo a las acciones resultantes de las políticas locales que hoy ignoran los mecanismos del desarrollo sustentable, al partir de una visión restringida de la realidad propia del modelo neoliberal vernáculo imperante, liderado, en este caso, por quienes detentan el poder en nuestra provincia. Desde la década del 70 (Estocolmo 1972, 1º y 2º Informe del Club de Roma 1972 y 1974), el tema ambiental fue incorporándose a nuestro lenguaje cotidiano, nos fuimos sensibilizando respecto de que nuestro accionar generaba impactos sobre los ecosistemas y que ello, en el corto o mediano plazo, se nos volvería en contra como especie; es más, que la próxima generación sufriría los desatinos cometidos por las anteriores. Así se llegó a la Cumbre de Río en 1992 y la de Johannesburgo el año pasado. Esto haría suponer que en una sociedad moderna lo ambiental ya forma parte de la agenda del Estado en los niveles municipal, provincial y nacional. Ahora bien: ¿realmente las instituciones del Estado tienen la visión integral que hace de lo ambiental una política de Estado? La realidad muestra que no es así y lo vemos en nuestra provincia: desde no reconocer el actual gobierno provincial (año 2000) el pasivo ambiental dejado por las petroleras por un valor de 1.000 millones de dólares, hasta el poner en operación obras inconclusas sin cumplir con las recomendaciones ambientales. No hay dudas de que en nuestra provincia lo ambiental es discursivo y que a la hora de planificar, formular proyectos y programas, este componente no es considerado desde las etapas iniciales del proceso de preinversión, ni es participado a la comunidad, a la sociedad, para su análisis, opinión e incorporación de propuestas superadoras. No son 'comprehendidos' los factores ambientales (abióticos, bióticos, socioeconómicos, paisajísticos, de seguridad e higiene laboral) como parte de la esencia y de la existencia de las obras proyectadas. Se ha transformado el tema en una pesada y molesta carga para algunos y en un excelente negocio para otros, ya que -a partir de la Constitución Nacional (reforma de 1994), los pactos internacionales, las leyes nacionales y provinciales y las directivas de los organismos multilaterales de crédito- deben presentarse los Estudios de Impacto Ambiental -EIA- de acuerdo con la magnitud de los proyectos y su potencial agresividad sobre los factores del ambiente. En muchos casos los EIA son meramente descriptivos, siendo su único objetivo cumplir con el trámite jurídico-administrativo requerido. Las advertencias, obras complementarias, programas de monitoreo, trabajos de restauración, recuperación, etc., que deben formar parte de los EIA, muchas veces quedan en el olvido, por lo que no son tenidos en cuenta ni aplicados en las etapas de inversión, operación y desmantelamiento de los proyectos. La Ruta Provincial Nº 5 es una muestra más de lo que no debe hacerse. La necesidad de inaugurar obras en tiempos de elecciones -a pesar de que estén inconclusas y con carencias que las hacen incompletas y con ello peligrosas- parece ser la prioridad de los gobernantes que buscan, solamente, mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Los efectos de estas decisiones están a la vista y, lamentablemente, no se recapacita que la pérdida de una vida humana es una tragedia para quienes la conocían, mientras que para la provincia pasa a formar parte de una estadística de muertos en accidentes de tránsito. Es aquí importante destacar que no sólo pecan los políticos, sino los responsables de las instituciones del Estado que permiten la entrada en operación de obras no terminadas, ya que la ruta no es sólo la cinta asfáltica, sino que contiene una serie de elementos que le dan ese nombre y que deben ser apropiados, acordes, teniendo en cuenta el sistema natural y socioeconómico sobre el que se asientan. De esto hay numerosos ejemplos. En una política de mediano y largo plazos, que tiene como objetivo el desarrollo integral de la provincia, las obras públicas deben ser pensadas, diseñadas, ejecutadas y operadas de forma tal que hagan máximos los beneficios y mínimos los efectos negativos sobre los factores ambientales y que, al mismo tiempo, tengan la menor vulnerabilidad respecto de los efectos del ambiente en que se encuentran, obteniéndose con ello la persistencia de los beneficios esperados en el tiempo. Qué lamentable es escuchar, como respuesta, que no hay presupuesto para resolver los problemas generados por la incompetencia institucional y la hipocresía política. Qué importante sería que el Banco Mundial que ha financiado la obra a través del Programa de Caminos Provinciales, y es tan celoso de los temas ambientales, verificara el cumplimiento de las directrices establecidas para este tipo de proyectos. Quiero finalizar con una mención especial para aquellos agentes de la administración pública que con coraje resisten las prácticas contrarias a los intereses de la sociedad presente y futura, y decirles que continúen con su prédica y mantengan su posición, ya que quien nos paga es el pueblo del Neuquén. Por Enrique José Schaljo - Ingeniero Agrónomo |
