|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
El colapso de un servicio que cuesta millones La guerra de la basura estalló el lunes, cuando el líder gremial de los camioneros Hugo Moyano declaró en paro a los basureros, porque cuatro comunas bonaerenses decidieron municipalizar el servicio de barrido. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria, una tregua de dos semanas. El eje de la disputa está en la decisión de los intendentes Enrique García (Vicente López), Gustavo Posse (San Isidro), Gerardo Amieiro (San Fernando) y Ricardo Ubieto (Tigre) de contratar como empleados municipales a los barrenderos que ahora trabajan para las empresas recolectoras. La medida permitiría bajar los costos del servicio: desligaría a unos 600 camioneros de su sindicato y los pasaría al gremio municipal, con un salario menor. El secretario de Gobierno de San Isidro, Héctor Pressel, habla con la calculadora: cada barrendero le cuesta a los municipios 2.000 pesos, aunque sólo unos 1.100 llegan al trabajador. "Esto sucede porque pagamos a las recolectoras pero también el 21% de IVA a la Nación y el 4,5% por Ingresos Brutos a la provincia. En el 2004 el barrido costaría unos 650.000 pesos, pero si lo hacemos nosotros nos ahorraríamos esos impuestos y nos costaría 250.000. Pagaremos salarios dignos, de unos 700 pesos". Los intendentes abrieron un registro de barrenderos en el que pueden anotarse los actuales, por si las empresas desplazadas deciden despedirlos. Pero la guerra sigue. Envalentonado, García pretende, además de contratar barrenderos, municipalizar la recolección en Vicente López. Sus colegas no descartan imitarlo. El paisaje de montañas de basura en las veredas puede repetirse. Una mirada sobre la proporción que el gasto en recolección, barrido y disposición de los residuos tuvo en algunos municipios, es elocuente: mientras que para Capital esa erogación representó el 5,75% del presupuesto, en San Fernando y La Plata superó el 15%. Un caso llamativo es el de Moreno, donde la municipalidad usó el 20% de sus ingresos aunque sus vecinos son quienes menos basura generan en todo el conurbano, con apenas 380 gramos por día. Para Miguel Carpintiero, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Saneamiento Ambiental (CADESA), no hay tiempo para soluciones tibias: "Pedimos la renegociación de los contratos. Desde la devaluación, los costos se duplicaron y los municipios sólo reconocieron aumentos promedio del 20%. Encima muchos pagan tarde, si pagan." Según él, Escobar, Quilmes, Merlo y Lomas de Zamora son los principales deudores. "Las empresas no quieren trabajar a pérdida", sigue quejándose Carpintiero. Pero no todas sus lágrimas son de cocodrilo: en los últimos años quebraron cinco empresas, y las demás apenas sobreviven. El año pasado, la licitación de la recolección en Florencio Varela quedó desierta, y en Lomas hubo un solo oferente. "En el año 2000 Buenos Aires tendrá el equivalente a 50 Palermos". El título de la nota publicada por el diario masserista Convicción, el 18 de octubre de 1978 anticipaba un luminoso futuro con diez millones de árboles, lagos artificiales y parques públicos, que se harían realidad en las 12.500 hectáreas de tierras del recientemente creado Ceamse (Cinturón Ecológico), un "anillo verde" de tierras en las afueras del conurbano destinadas a enterrar la basura de la Capital y sus alrededores. Trabajo, tiempo y planificación irían convirtiendo los basurales en maravillosos parques. Que jamás se hicieron, por supuesto. El Ceamse es una empresa integrada y dirigida por la Capital y la provincia de Buenos Aires, que fue creada por la ley 9.111 de 1978 tras la prohibición de incinerar la basura, como se hacía hasta entonces. Para a ese fin se obligó a la Capital y a 27 municipios a destinar sus residuos en sus cuatro rellenos sanitarios, previo pago de una tasa. Un esquema que ahora también está en crisis. En un debate organizado por la Fundación Metropolitana y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, funcionarios porteños, bonaerenses y municipales coincidieron en un diagnóstico oscuro: el actual sistema "cumplió un ciclo", los rellenos del Ceamse "no tienen suficientes controles", y "se han tomado pocas decisiones" para remediar esa situación. Varios especialistas aseguran que, si no hay correctivos, la vida útil de los actuales rellenos no superaría los dos años. Uno es el ingeniero Domingo Suppa, director del Centro de Investigación Municipal: "Los rellenos deberían haber sido rediseñados hace 10 años, pero nadie pensó en el futuro. Se aguanta un par de años, no más" Para el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, Antonio Elio Brailovsky, "en Villa Domínico podría hacerse un piso más encima de la montaña de residuos, pero hay un colapso técnico y ecológico, y serios problemas de salud entre sus vecinos." Fabio Charmonello es director del único relleno sanitario privado que funciona legalmente en el conurbano, un predio que la empresa Transportes Olivos opera en Escobar desde 1999. "La disposición final de residuos es un problema urgente. El relleno de Villa Dominico está repleto, y ahora la basura de Capital va al de "Norte III", bajándole la vida útil restante de 4 años a 2. El sistema va a colapsar." La solución parece simple: mudar los rellenos. Pero como toda guerra, la de la basura también esconde una cuestión de dinero. Según documentos internos del Ceamse, el costo del transporte aumenta un 28% si la distancia hasta el relleno es de 28 kilómetros, 41% si pasa a 60 kilómetros y 61% si el destino final está a 150 kilómetros. Carlos Hurst fue nombrado presidente de CEAMSE por el gobernador Felipe Solá hace seis meses. "La imprevisión de gestiones anteriores generó esta situación crítica", admite. "En 1997 se decidió autorizar la 'expansión vertical' (las montañas de basura), pero yo creo que no fue una decisión correcta", sigue. Miles de personas coinciden con él. "Pero no acepto en absoluto la teoría del colapso. Catán podría funcionar cinco años —aunque planeamos cerrarlo en dos— y Norte III una década. Nos vamos porque los rellenos quedaron en zonas que ahora están muy pobladas". Curioso: en su ponencia en el taller de la Fundación Metropolitana, reconocía que "Ensenada, Catán y Norte III pueden tener una vida de dos, tres o cuatro años, depende de las decisiones que tomemos." Hurst tiene varias metas: la primera, cerrar los rellenos sanitarios del conurbano y llamar a licitación internacional para abrir otros en el interior del país, que sirvan para los próximos 10 o 20 años. También imagina una ley que multe a los grandes generadores de residuos y otra que no gustará a los porteños: el pago de un canon diferenciado —sobreprecio— por parte de la Ciudad por enviar su basura a tierras provinciales, que él calcula en 10 pesos por tonelada. Un costo que debería sumarse a las nuevas tarifas que pretende cobrar el CEAMSE: 55 pesos por tonelada a Capital (hasta la devaluación pagaba 28, hoy paga 43) y 20 a los municipios, que pasaron de pagar 10,5 a 15. Además, se proyecta instalar plantas de recupero en todos los rellenos, con el objetivo de minimizar la cantidad de basura. ¿Irá CEAMSE contra sus propios intereses, reduciendo la cantidad de toneladas que recibe y por las que cobra? "Esta empresa no está para ganar plata sino para solucionar un problema. En 5 años planeamos reducir el 25% del tonelaje operado", explica Hurst. Sin embargo, son muchas las voces que, junto con la basura, quieren enterrar al propio CEAMSE y devolverle a los municipios la libre disposición de sus residuos. "Yo creo que sería un error", se defiende Hurst. "Si algo anda mal hay que corregirlo, no eliminarlo", invita. Pero en la Legislatura bonaerense ya circulan proyectos para deshacer la empresa y reorganizar el sistema, como el del senador provincial Carlos Díaz, que ya tiene media sanción. "La CEAMSE es una caja negra que nadie controla", brama Brailovsky. Como varios ambientalistas y diputados provinciales, fuentes de la Auditoría General de la Ciudad admiten que hasta ahora el ente no pudo ejercer el control sobre la empresa. El combate de fondo en la guerra de la basura será librado por las dos cabezas políticas de la CEAMSE, y promete ser cruento. Para marcar la cancha de las negociaciones, el gobernador Solá envió a la Legislatura un proyecto para que a partir del próximo 1° de enero se prohíba "el ingreso de residuos generados en jurisdicciones extrañas", que de aprobarse obligaría a la Ciudad a inventar un lugar que no tiene para tirar su basura. Parece haber un duelo de presiones cruzadas: en el debate que se hizo en la universidad, el secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano porteño, Eduardo Epzsteyn, dejó caer una poco disimulada advertencia: "La Ciudad recibe no sé cuántos millones de personas que viven en el Conurbano, que generan residuos aquí y no pagan impuestos". Y fue más lejos: "Puedo decir, por ejemplo, que el otro día reinaguramos gran parte del Hospital Santojanni, donde cerca del 40% de la población que se atiende con enfermedades de alta complejidad viene de La Matanza..." Basura. Ya no hay alfombra que la tape. Y el tiempo se está terminando. Claudio Savoia. -
csavoia@clarin.com |
