El trasvase del Ebro, más problema que solución

El problema que suscitó el conflicto del Plan Hidrológico Nacional (PHN) fue, en su origen, de orden estrictamente técnico: el trasvase del Ebro es un proyecto con muy poca consistencia hidrológica y económica. Ya en el inicio de su tramitación, en el Consejo Nacional del Agua, los expertos ambientales de este organismo emitieron un voto particular de rechazo, en términos duros, que en cualquier otro país europeo habría bastado para la retirada del Plan. Después de asegurar que el proyecto «carece de base científica ambiental», y de denunciar sus análisis hidrológicos como «sesgados e insuficientes», los expertos concluían señalando que «en resumen, consideramos que el PHN, en su forma actual, no logrará el objetivo que persigue, y que además puede suponer un deterioro importante de nuestros ecosistemas».

La opinión de estos expertos fue ratificada en los meses siguientes por centenares de otros especialistas de ámbito universitario o técnico. Sin embargo, el Gobierno no modificó sustancialmente el PHN y forzó su aprobación valiéndose de su mayoría absoluta. Es así como nuestro país ha llegado a tener, en los albores del siglo XXI, una Ley del Plan Hidrológico Nacional que contempla obras hidráulicas por más de 24.000 millones de euros, incluyendo un gran trasvase y decenas de grandes embalses, pero en cuyo articulado no aparece ni una sola vez la expresión 'gestión de la demanda', ni las palabras 'eficiencia' o 'reutilización'. Con tales antecedentes nadie debería extrañarse de las dificultades que está encontrando el Gobierno español en Bruselas para la aceptación del PHN y, en particular, del trasvase del Ebro. El Ejecutivo pretende obtener una ingente financiación comunitaria -ha solicitado 1.300 millones de euros- para un macroproyecto diametralmente o! puesto a la filosofía de la nueva Directiva Marco del Agua. De hecho, el trasvase del Ebro es paradigmático del viejo modelo de los grandes planes de desarrollo hidráulico realizados a costa del presupuesto y de los ecosistemas acuáticos, que proliferaron durante el siglo XX. Ésta es precisamente la clase de política del agua que la Directiva pretende evitar en el futuro.

En realidad, con el envite del PHN, la Comisión Europea se está jugando la credibilidad de la nueva Directiva del Agua, que entrará plenamente en vigor el próximo diciembre. Si aprueba el PHN, ya sea de modo formal o tácitamente, dando luz verde a cualquier obra del trasvase del Ebro de las que han sido presentadas como independientes del mismo, como el trasvase Júcar-Vinalopó o la llamada interconexión catalana, la Directiva nacerá muerta. La Comisión estaría reconociendo que cualquier Estado miembro puede sortearla aplicando un somero maquillaje verde a cualquier macroproyecto hidráulico, o troceándolo adecuadamente, sean cuales sean su escala y sus impactos ambientales. De este modo, la Comisión se quedaría sin instrumentos de control en la política del agua, que es, en razón de los tratados europeos, una competencia compartida entre la UE y los Estados miembros.

Sin duda, el conflicto suscitado por el PHN se ha ido haciendo bastante más profundo de lo que inicialmente calculó el Gobierno español. Y, consecuentemente, las posibilidades reales de financiación comunitaria se van esfumando de día en día, a medida que se generaliza el desprestigio del proyecto, pese a que el Ejecutivo ha acelerado hasta límites insospechados la evaluación ambiental del trasvase. Así, el Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado en un tiempo récord de menos de tres meses, con las vacaciones de verano de por medio, la Declaración de impacto ambiental -que fue dictada el pasado 31 de octubre- de un canal de casi mil kilómetros y donde ha tenido que analizar un total de 243.000 alegaciones, lo cual, cuando menos, induce a plantear serias reservas al trabajo realizado.

El Gobierno español no está en condiciones de modificar esta situación de modo sustantivo. Ajustar el trasvase del Ebro tanto a la letra como al espíritu de la normativa europea sencillamente no es posible. Por otra parte, el proyecto de trasvase es inasumible para la Comisión por razones financieras. Y todo posible empeño de mantener el proyecto sin cambios esenciales, confiando en la capacidad de presión política del Ejecutivo español en el Consejo de la UE para lograr su aprobación, sólo conduciría a un enfrentamiento sordo y prolongado con los servicios técnicos de la Comisión, en un ambiente de creciente conflicto ecológico internacional.

Por si esto fuera poco, están las divergencias en el seno del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro respecto a un tema tan crucial como es el caudal a mantener en el río. Los estudios realizados por la Generalitat catalana indican que este caudal debería ser, como mínimo, de 135 m3/segundo, frente a los 100 m3/seg. que fueron establecidos en su día en el plan de cuenca, y recogidos a título provisional en la Ley del PHN. Por esta razón está bloqueado el Plan de Protección del Delta del Ebro, cuya aprobación es preceptiva y que lleva ya varios meses de retraso respecto al plazo legalmente establecido.

Con un caudal ambiental de 135 m3/seg., sencillamente el trasvase no se puede hacer, porque los caudales medios disponibles se reducen a poco más de 500 hectómetros cúbicos anuales. Si primero el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, y más tarde el PHN, lo fijaron en 100 m3/seg., no fue desde luego por preocupaciones ambientales, sino porque los modelos de simulación hidráulica de la cuenca indicaban que ése era el mayor caudal ambiental que se podía mantener para trasvasar los 1.050 hectómetros cúbicos deseados. De hecho, es un caudal residual, no ambiental, como en la práctica lo es el de 135 m3/seg., para su propia escala de trasvase. En realidad, para mantener el trasvase a largo plazo, el Ebro no sólo necesita que se respete la totalidad de su caudal actual, sino que se restituya de algún modo el régimen natural de avenidas.

A estas alturas del conflicto es ya muy evidente que el trasvase del Ebro, lejos de ser una solución para cualquier problema hidrológico, se ha convertido en el factor que está bloqueando la política del agua en España, y está arruinando las últimas posibilidades de obtener abundante financiación comunitaria antes de 2006. Por el contrario, el descarte del trasvase, en cualquier modalidad en que esta decisión se pudiera presentar salvando políticamente las formas (revisión técnica, ajuste de prioridades o moratoria), convertiría en parabienes y facilidades todas las dudas y preocupaciones que viene trasmitiendo la Comisión Europea al Gobierno desde la presentación del PHN. Y, por supuesto, abriría generosamente la bolsa comunitaria para los proyectos sustitutivos (gestión, eficiencia, reutilización, desalación) que resolverían los problemas pendientes con mucha mayor rapidez y garantía que el trasvase del Ebro, y a menor coste.

Sin embargo, la gestión del PHN que realiza el Gobierno español es mucho más de orden político-electoral que de orden técnico o de defensa del interés general. El Ejecutivo ya sabe que por este camino no resolverá los problemas de agua de la agricultura alicantina y murciana, pero está convencido de que puede rentabilizar políticamente el conflicto territorial suscitado, arrastrando a la sociedad valenciana y murciana a una guerra del agua.

por Julen Rekondo

Fuente: El Correo, edición digital (España)
Noviembre 11, 2003