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Implementación de una gestión sostenible
de los contaminantes. Durante años, grupos ambientalistas mexicanos envidiaron
el acceso a la información de que gozaban sus colegas de Canadá
y Estados Unidos. De acuerdo con las reformas a la
legislación mexicana de protección al ambiente aprobadas
por el Congreso en diciembre pasado, las industrias deberán elaborar
informes de una amplia variedad de contaminantes que descargan o envían
a compañías de manejo de residuos. Se supone que la elaboración
de informes iniciará el primer trimestre de 2003, con datos correspondientes
a 2002, y que la información se vaciará a un registro nacional
disponible a la ciudadanía. Se incluirán emisiones al aire,
agua, suelo e inyectadas al subsuelo, así como transferencias fuera
de sitio, factores incluidos en la resolución de la CCA que fomenta
la elaboración de informes desglosados por sitio y sustancia química.
Es impresionante la cantidad de trabajo
que hay que hacer para tener el registro listo y funcionando. El primer
paso, y el más importante, es redactar los reglamentos para su instrumentación.
“Las reformas a la ley son tan genéricas que necesitamos los
reglamentos para mayor precisión”, señaló el
subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat
), Raúl Arriaga. De acuerdo con su calendario, los reglamentos estarán
listos para agosto, lo que significa que quedan cuatro meses para distribuir
información e impartir talleres a la industria. Esta fecha límite es un tanto
ambiciosa, sobre todo si tomamos en cuenta que aún no se ha convocado
el comité consultivo que estará conformado por miembros de
la industria y ONG —que la señora Delgado dice que se prometió.
Para empezar, los encargados de la definición de políticas
deberán decidir quién está obligado a informar, qué
sustancias químicas se van a incluir en los informes, qué
niveles de concentración desencadenará la elaboración
de informes obligatorios y cómo medir los contaminantes. Para rematar, la Semarnat debe conformar
una lista inicial de industrias —de la cual se vigilará quién
no está elaborando sus informes—e especificar las sanciones
por incumplimiento. Sin embargo, ello se vuelve particularmente complejo
porque las autoridades federales mexicanas sólo tienen competencia
sobre los sectores más amplios de la industria, como el químico
y el petroquímico. Los estados regulan una amplia variedad de otras
industrias, desde la alimentaria hasta la textil, y los municipios regulan
negocios pequeños, como tintorerías y talleres mecánicos
locales. Cada gobierno necesitará crear su propio registro que alimente
la base de datos federal. La Semarnat está realizando talleres con
las autoridades estatales y locales para orientarlas en la redacción
de sus propios reglamentos. “Parte del trabajo es determinar
qué tan grande es el universo de compañías”,
manifiesta Arriaga. “Sólo tenemos lo correspondiente al gobierno
federal y estamos trabajando con la Asociación Nacional de Autoridades
Ambientales Estatales en los inventarios.” La señora Delgado considera
que es poco realista tratar de incluir todas las industrias en el primer
registro, pero diversas ONG han comenzado a trabajar con compañías
más pequeñas para ayudarlas a prepararse para el cambio.
La Cooperativa Ecologista de Jalisco ha impartido talleres en Guadalajara,
Querétaro, Monterrey y Aguascalientes, mientras que Presencia Ciudadana
Mexicana lanzará un proyecto este mes para capacitar más
ONG que trabajen con la industria. Por su parte, los líderes
empresariales parecen haber aceptado la nueva ley, no sin ciertas reticencias
con respecto a la confidencialidad. “Hemos celebrado reuniones para
explicar de lo que se trata”, señala Arriaga. “Lo importante
es que hay transparencia.” Delgado está de acuerdo, sobre todo
con relación a la ciudadanía. El registro debe ser accesible
y útil, indica. “Debe estar en Internet. La información
debe ser comprensible: necesitamos saber lo que significa y se tienen que
explicar los efectos en la salud.” Fuente: CCA |
