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Lecciones del conflicto minero
En Chubut se acaba de aprobar una ley por la cual se prohíbe la
actividad metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización
de cianuro en los procesos de producción minera en el ámbito
de la provincia. La norma surge después de un extenso proceso durante
el cual se discutió acerca de los aspectos ambientales y económicos
relacionados con la explotación de una mina de oro a pocos kilómetros
de la ciudad de Esquel y como consecuencia del resultado de una consulta
popular que se realizó en marzo último para conocer la opinión
de la comunidad sobre el emprendimiento.
Lejos de generar un debate enriquecedor, las pasiones alinearon a los vecinos
en dos veredas enfrentadas -a menudo intolerantes- y en dos posiciones
inamovibles y antagónicas: por el Sí o por el No a la mina.
La contundente respuesta por la negativa, que sumó al 81 por ciento
de la comunidad, sorprendió a las autoridades, que en su mayoría,
avalaban la propuesta y que debieron aceptar, no sin algún disgusto,
un hecho indudable: las comunidades ya no se conforman con votar y delegar
en sus gobernantes ciertas decisiones.
El derecho constitucional a la preservación del patrimonio natural
y al llamado desarrollo sustentable no puede alcanzarse si no se asegura
una adecuada participación ciudadana, para la cual resulta esencial
un verdadero y libre acceso a la información.
Evidentemente, la puesta en marcha de todo este nuevo sistema de derechos
afecta muchos intereses y requiere de una profunda transformación
de nuestros valores. Y precisa también un cambio de conducta en
los gobernados y los gobernantes, que comparten ahora una democracia más
dinámica, más participativa y compleja, pero necesariamente
más transparente.
Lamentablemente, demasiados errores impidieron un razonado análisis
del proyecto, lo cual desató posturas radicalizadas y protestas
de vecinos que, aún con los mejores propósitos, se vieron
de pronto divididos crudamente con quienes comparten la armonía
de una ciudad rodeada de la más bella naturaleza patagónica.
No faltaron ni los que quisieron aprovechar políticamente la oportunidad,
ni los que buscaron desprestigiar a la empresa por su origen extranjero
o por cualquier motivo, aún cuando actuaba dentro del marco de nuestro
ordenamiento legal vigente y sobre la base de las lógicas expectativas
que le brindaban los permisos otorgados por las autoridades nacionales
y provinciales. Como siempre, algunos funcionarios que entienden la participación
ciudadana como un estorbo en su gestión desvalorizaron la legitimidad
de los pobladores locales para opinar. Resulta patético contemplar
la capacidad fosilizada que demuestran ciertas fuerzas políticas
para abrir su imaginación a una Argentina que necesita nuevas respuestas.
Resulta difícil evaluar todos los aspectos vinculados con la compleja
problemática de un proyecto de estas características, pero,
tal como lo mencionamos en esta columna meses atrás, el sistema
de toma de decisiones actual para casos que pueden afectar el ambiente
es insuficiente y conduce a extremos donde existe una gran dosis de subjetividad
al no disponer de todas las herramientas indispensables para valorar adecuadamente
los hechos.
Sin un procedimiento que brinde información adecuada, que sea realmente
participativo y que lleve paso a paso las actuaciones hacia una resolución
fundada sobre un criterio de absoluta razonabilidad, no sólo continuarán
los conflictos sociales sino que seguiremos soportando la incompetencia
y la imprevisión.
La Argentina necesita con urgencia implementar procedimientos de información
pública que permitan conocer, de un modo claro, los efectos que
cada proyecto pueda producir sobre el ambiente de modo directo o acumulativamente,
considerando el uso o la modificación de los valiosos recursos naturales
como el aire, el agua, la tierra, o el paisaje, e identificando los aspectos
positivos y negativos consecuentes. Un país que quiere abocarse
a promocionar sus condiciones turísticas debe poner en valor su
patrimonio para evaluar luego su potencial como una herramienta de desarrollo
local. Es un sistema más complejo, pero permite otorgar reglas claras
a la inversión genuina y un menor margen de error y de discrecionalidad
al plantear, con anticipación, y en las primeras etapas de cualquier
emprendimiento, un severo análisis ambiental. Esencialmente por
tratarse de proyectos cuyos efectos, eminentemente transgeneracionales,
pueden implicar la modificación o la pérdida definitiva de
bienes naturales, que constituyen un capital para el desarrollo turístico.
La nueva ley establece que el Consejo Provincial de Ambiente (Copram) deberá
zonificar el territorio provincial para autorizar, en algunos casos, las
modalidades de explotación minera. Cabe preguntarse respecto de
la eficacia de esta norma que parece surgir más de los empujones
legislativos que de la comprensión integral de las causas del fracaso
de un sistema administrativo inadecuado para evaluar, con anticipación,
los beneficios y riesgos de cada proyecto.
Claramente se impone la necesidad de una nueva planificación, que
promueva una mayor transparencia e información para generar procesos
participativos adecuados que conduzcan a una mejor calidad en las decisiones.
De alguna manera se exige salir de esas rencillas, de esa contradicción
de querer ser un país grande y a la vez seguir siendo intolerantes,
o de pensar que el desarrollo sustentable se alcanzará, alguna vez,
por error o casualidad.
Fuente: La Nación (Argentina)
Mayo 19, 2003
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