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El Gobierno teme que las normas ambientales
de la UE mermen la competitividad de las empresas El sector empresarial español mostró ayer su preocupación sobre las futuras exigencias ambientales que prepara la Unión Europea. “Las empresas españolas no se plantean su actividad fuera de los principios del desarrollo sostenible. Sin embargo, las normas están a veces dictadas por instituciones que prescinden o ignoran la realidad económica”, afirmó Manuel Melgar, presidente de la Comisión de Industria de la patronal CEOE. De esta forma, Melgar se refirió a las crecientes exigencias que plantean las directivas sobre responsabilidad medioambiental, comercio de emisiones contaminantes y productos químicos que Bruselas está preparando en la actualidad. Melgar considera que “las disposiciones medioambientales deberían decidirse solamente después de haberse realizado un análisis económico adecuado”. Deslocalización El secretario de Estado de Energía, Desarrollo y Pyme, José Folgado, señaló ayer en la jornada 'El impacto de la política ambiental europea en la industria española, celebrada en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, que “es importante hacer un ejercicio de reflexión sobre cómo las nuevas directivas medioambientales son incompatibles con el desarrollo sostenible, por provocar una deslocalización de la industria y generar un aumento de costes”. Folgado afirmó que el Gobierno está realizando un análisis del coste económico de estas directivas y su efecto sobre la competitividad. La posición de Folgado se reveló ayer coincidente con las demandas del sector empresarial, que pese a haber aumentado sus actuaciones verdes, considera que Bruselas les impone serias restricciones que ponen en peligro su competitividad. Folgado aclaró que “esto no quiere decir que no haya que seguir aplicando las medidas ambientales necesarias”. La adaptación tecnológica derivada de las nuevas directivas obligará a las compañías a asumir una elevada inversión ecológica. La europarlamentaria Cristina García-Orcoyen cree que “también habría que considerar cuánto puede costar la no implantación de una directiva”. Hacia la convergencia Folgado insistió en que “el reto es integrar los aspectos económicos, sociales y ambientales con la necesidad de seguir creciendo”. El secretario de Estado añadió que “sería triste que no pudiésemos seguir el proceso de convergencia real por no poder apoyarnos adecuadamente en el pilar ambiental”. Folgado cree que “si no buscamos un equilibrio, y me da la impresión de que Europa está a punto de perderlo, con estos tres ejes –económico, social y ambiental–, no podremos avanzar”. El Protocolo de Kioto sobre reducción de emisiones contaminantes es la preocupación central de las empresas. La UE está obligada a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 8% en el periodo 2008-2012 respecto al nivel de 1990. Esto permite a España aumentar la contaminación un 15%. Objetivo español Aunque expertos, grupos ecologistas y otros países han criticado que es un objetivo poco ambicioso para España, las empresas no piensan lo mismo. “Este cupo es insuficiente para la industria y podría ser un freno para alcanzar la convergencia con otros países europeos”, apuntó Melgar. Folgado cree que este objetivo “puede parecer una posición aparentemente cómoda, pero significa que cada español va a tener derecho a emitir ocho toneladas de emisiones, frente a once de los alemanes, y diecisiete de los europeos. España tendrá una situación particularmente complicada”. Folgado anunció que el Gobierno está ultimando la estrategia de eficiencia energética. La ministra hace balance empresarial La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, señaló ayer en un almuerzo-coloquio del Foro de la Nueva Economía, organizado por The Wall Street Journal Europe y OHL, que “no resulta fácil introducir exigencias medioambientales por temor a que amenacen la competitividad de las empresas y los productos”. Rodríguez explicó que las empresas han cuadruplicado sus deducciones fiscales en tres años por inversiones ambientales. Las deducciones por estas inversiones han pasado de 46 millones de euros en 1998 a 158 millones en 2001, lo que se ha traducido en unas inversiones empresariales de 470 millones en 1998 a 1.580 millones tres años después. Según Rodríguez, las certificaciones ecológicas
alcanzan las dos mil empresas, frente a menos de treinta en 1996. La ministra
afirmó que el empleo en el sector ambiental está registrando
un crecimiento anual del 8% en los últimos años, “lo
que demuestra el potencial que encierra” este sector “en términos
sociales”. Sobre el Plan Hidrológico, Rodríguez afirmó
que confía en obtener la financiación de Bruselas y anunció
que el proyecto del trasvase del Ebro se someterá “en breve”
a información pública. |
