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En defensa de las montañas El borrador de la Carta de las Montañas, única propuesta emitida en 2002 para la protección genérica de las montañas españolas y su compatibilización con el bienestar de sus habitantes, continúa sin ser aprobada cuatro años después de ser emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, como respuesta al llamamiento de las Naciones Unidas alertando de la degradación de las montañas y de la necesidad de extremar la sostenibilidad del desarrollo económico en estas regiones, y a pesar de que el pasado mes de junio de 2005 el Congreso de los Diputados instó al Gobierno Central a su rápida tramitación y aprobación. Entretanto, la situación en estas áreas es cada vez más preocupante. Lejos de mejorar la sensibilidad de las autoridades ambientales y de los responsables políticos respecto a las importantes funciones ecológicas, sociales y económicas que desempeñan los sistemas naturales de las montañas, estas áreas están cada vez con más frecuencia en el punto de mira de proyectos de explotación insostenible de sus recursos y espacios, justificados por sus promotores con el argumento de la dinamización económica de las áreas rurales y la provisión de empleo para sus habitantes. La presión urbanística y especuladora se oculta detrás de la mayor parte de estos proyectos, que generalmente están vinculados con la creación o ampliación de estaciones de esquí y otras promociones deportivas y recreativas diseñadas para el uso multitudinario, con el aliciente de la alta calidad paisajística y a menudo la vecindad de espacios naturales protegidos. Lo que aún es más grave, en algunos casos los intereses económicos están llevando al extremo de forzar cambios en la legislación ambiental de estos espacios para permitir la construcción de este tipo de complejos. La Carta de las Montañas se presentó en su día como un muy adecuado enfoque integral para la gestión conservadora de las áreas de montaña, dándose la circunstancia de que sus premisas de solidaridad social para con sus pobladores coinciden plenamente con lo que también recientemente ha subrayado el Ministerio de Agricultura como filosofía básica de su anteproyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Montañeros y conservacionistas coinciden, por tanto, como representantes
de una parte muy importante y concienciada de la ciudadanía, en
que la Carta de las Montañas debe aprobarse e implementarse urgentemente.
Eso es lo que han reivindicado con la ACCIÓN SOLIDARIA PARA LA
DIVULGACIÓN Y REIVINDICACIÓN DE LA CARTA DE LAS MONTAÑAS,
que se ha celebrado el domingo 21 de mayo como jornada de ascensión
simultánea y coordinada de una treintena de montañas repartidas
a lo largo y ancho de las más importantes cadenas montañosas
de nuestro país, y en la que al mismo tiempo se ha denunciado
la situación de amenaza, desprotección o destrucción
de numerosas áreas de montaña locales. |
