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Por primera vez, Argentina lleva un reclamo
ante La Haya LA HAYA.- Sopla un viento fresco frente al imponente Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde flamea una bandera celeste de las Naciones Unidas. En una escalada del conflicto con un país hermano, aquí hoy la Argentina presentará formalmente su demanda contra Uruguay, en la que denunciará la violación de un tratado bilateral y pedirá que hasta que no haya sentencia sobre ese reclamo se suspendan las obras de las controvertidas papeleras de la ciudad de Fray Bentos. La presentación, que hará hincapié en el impacto ambiental de las plantas que "violan los derechos humanos" de los habitantes de Gualeguaychú, se realizará un día antes de que el presidente Néstor Kirchner reúna a los gobernadores en esa ciudad entrerriana, en apoyo de la demanda argentina. Según adelantó la Cancillería, se tratará de una "memoria" de carácter "técnico" y pasará tiempo, nadie sabe muy bien cuánto, antes de que haya un pronunciamiento por parte del tribunal. De granito, arenisca y ladrillo rojo, diseñado por el arquitecto francés Louis Cordonnier, el edificio que será testigo de este trámite, que ostenta un impresionante techo de pizarra grisácea, es una mezcla de estilo romanesco y bizantino. Construido entre 1907 y 1913 para la Corte Permanente de Arbitraje gracias a una donación del industrial y filántropo estadounidense Andrew Carnegie, el edificio está rodeado por un parque impecablemente cuidado y verde, salpicado por coloridos canteros de flores, sobrevolados por decenas de cuervos negros. A las tres de la tarde de una jornada soleada, mientras un solitario manifestante de la secta Falung Gong con una pancarta llena de fotos tremendas denuncia que "sus miembros son torturados a muerte en China", varios turistas le sacan fotos al famoso Palacio de la Paz. Nadie imagina que en este edificio inmenso y blindado -donde uno sólo puede entrar si tiene cita previa y luego de estrictos controles de seguridad- la Argentina, un país lejano que aquí se ha puesto de moda gracias a la popular princesa Máxima, presentará hoy una solicitud en contra de Uruguay, transformándose así por primera vez en la historia en un "Estado demandante". Nunca antes, de hecho, la Argentina había recurrido a la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Este tribunal, que actualmente tiene en sus manos doce casos, funciona desde 1946, cuando reemplazó a la Corte Permanente de Justicia Internacional, que había sido establecida en 1920 gracias a la Sociedad de las Naciones. En su presentación escrita, que tramitará a través de su embajador en los Países Bajos, Santos Goñi Marenco -que ayer, como buen diplomático, optó por el silencio más absoluto-, la Argentina básicamente planteará que la controversia es un problema de naturaleza bilateral y netamente ambiental. En forma sintética y clara, en su application explicará que el contencioso "se suscitó porque Uruguay autorizó unilateralmente la construcción de dos plantas industriales de producción celulosa y de una terminal portuaria, incumpliendo así con el mecanismo de consulta e información previas reglamentado en el tratado bilateral entre ambos países, el Estatuto del Río Uruguay, de 1975". A raíz del artículo 60 de este tratado, la Argentina se encuentra habilitada a recurrir a la Corte Internacional de Justicia. "Los emprendimientos proyectados, que se encuentran a pocos kilómetros el uno del otro, prevén producir 1 millón y medio de toneladas de celulosa por año en total, constituyendo uno de los complejos más grandes del mundo en la materia, con un impacto ambiental acumulativo significativo frente a la localidad de Gualeguaychú", destacará la denominada "memoria", que fue preparada por el área legal de la Cancillería, a cargo de la embajadora Susana Ruiz Cerutti, que en su momento fue la encargada de dirimir el diferendo con Chile por Laguna del Desierto. Junto a Horacio Adolfo Basabe y el embajador Santos Goñi Marenco, Ruiz Cerutti fue designada por el Gobierno "agente" del país para lidiar con este tema más que espinoso. A ellos se suman tres asesores jurídicos que también designó la Cancillería para representar el Estado argentino, que son la fiscal del Estado entrerriano, Claudia Mizawak; la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Romina Picolotti; el especialista en derecho internacional Juan Carlos Vega, y un grupo de abogados con sede en Ginebra y en Londres, contratados por tener experiencia en este tipo de contenciosos. Como por lo general la Corte -integrada por quince jueces de distintas partes del mundo- tarda varios años en emitir sus sentencias, el objetivo de la Argentina es lograr que el tribunal adopte una "medida provisional" para congelar la situación y evitar que se produzca un daño ecológico mientras se expide. Esto daría lugar a la suspensión de la construcción de la empresa finlandesa Botnia, ya que la firma española ENCE ya paralizó las obras a principios de abril. |
