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Las empresas deberán tener un seguro para compensar posibles daños
al medio ambiente Las empresas estarán obligadas a tener un seguro o un aval financiero con el que puedan compensar posibles daños al medio ambiente, a partir de la fecha en que entre en vigor la Ley de Responsabilidad Medioambiental, cuyo borrador fue presentado ayer, según informó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. "Pretendemos elevar este año el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros", dijo Narbona. También aseguró que se trata de "un borrador ambicioso" con el que el Gobierno quiere transponer la directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo sobre esta materia a la legislación nacional. "Es totalmente necesario que las empresas se planteen con el máximo rigor las tecnologías que utilizan y el uso de ellas", indicó Narbona, quien agregó que España tiene "una gravísima carencia en legislación de responsabilidad medioambiental". La directiva europea no incluye los daños por contaminación nuclear ni por contaminación marina, ya que considera que están regulados por convenios internacionales, señaló la ministra, para quien el borrador presentado "mejora la directiva europea porque incorpora la obligatoriedad de un seguro o cobertura financiera". Además, prevé un "fondo estatal" para daños que se produzcan a pesar de que el empresario cumpla la ley. Según Narbona, este fondo complementario "evitará cualquier resquicio para que no quede daño sin compensar" y será gestionado por el Ministerio. Tal y como anunció ayer la ministra de Medio Ambiente, dentro de las jornadas "El Nuevo Régimen de Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente" que organizan la Fundación Biodiversidad y el propio Ministerio, el gasto de la póliza será costeado por las propias empresas. El Ministerio de Medio Ambiente entrará en contacto con las compañías aseguradoras con el fin de fijar posiciones y hacer viable esta normativa. Protección de bienes ambientales El borrador introduce un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado para la protección de bienes estrictamente ambientales: suelo, agua y determinadas especies y hábitats naturales protegidos. Establece dos regímenes de responsabilidad diferentes: un sistema de responsabilidad objetiva -enumerado dentro de la directiva comunitaria- y otro de responsabilidad subjetiva -no enumerado, pero que se produce siempre y cuando medie culpa o negligencia por parte del operador de la actividad-. El texto determina que los ciudadanos no pueden demandar directamente al operador responsable del daño, sino que los interesados pueden exigir a la autoridad competente para que actúe para proteger y conservar el medio ambiente. Asimismo, legitima a cualquier persona física o jurídica que muestre "un interés suficiente" para solicitar a la autoridad competente que actúe. Es decir, aquellas que se vean afectadas por daño, aleguen la vulneración de un derecho reconocido por la legislación o tengan un interés suficiente en la toma de decisiones de carácter ambiental. Narbona aseguró que se está trabajando en el borrador del anteproyecto y que éste podría ser llevado al Consejo de Ministros a lo largo del año. La ministra insistió en la ambición de una normativa que legisla supuestos daños por contaminación nuclear y marina, extremos que no contempla la directiva europea al considerarlos cubiertos en los tratados internacionales. El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, dijo confiar en que este futuro seguro de responsabilidad medioambiental evite situaciones como la derivada del accidente de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), que ha obligado a un prolijo contencioso entre la Junta de Andalucía y la empresa propietaria del yacimiento en relación al pago de los centenares de millones de euros gastados en regenerar la zona afectada. |
