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Chile: ordenan al Estado indemnizar por contaminación con plomo Corte de Apelaciones estableció que el Servicio de Salud de Arica estaba en conocimiento del alto contenido de plomo, cadmio, zinc y arsénico que tenían sustancias internadas, y que no realizó ninguna acción para evitar sus consecuencias. La Corte de Apelaciones de Arica condenó al Estado a pagar una indemnización de 1.400 millones de pesos para las familias de esa ciudad de la Primera Región afectadas por la contaminación con desechos tóxicos, según informó una de las partes. La demanda fue presentada por la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) en representación de familias afectadas por la contaminación, y contra el Estado chileno y de la empresa y máximos ejecutivos de la empresa Promel. El fallo del tribunal de alzada estableció que el Servicio de Salud de Arica estaba en conocimiento del alto contenido de plomo, cadmio, zinc y arsénico que tenían las sustancias internadas, y que no realizó ninguna acción para evitar sus consecuencias, por lo que otorgó una indemnización de $8.000.000 para cada uno de los 176 demandantes. En la acción judicial, FIMA responsabilizaba a Promel de haber actuado en forma dolosa y al Servicio de Salud de Arica de haber incumplido normas legales, con lo que dejó en la indefensión a la ciudadanía. Cabe recordar que entre 1984 y 1985, la firma sueca Boliden Metal AB envió cerca de 20.000 toneladas de desechos mineros con alto contenido de arsénico (17%) y plomo (170 kg/tonelada) para que fueran almacenados por Promel en el puerto de Arica, gracias la autorización del Servicio de Salud de esa ciudad. Si bien en 1998 una resolución de la Corte de Apelaciones de Arica obligó a la autoridad sanitaria a remover el material, el lugar del primitivo acopio nunca fue saneado, y en la actualidad existen dos poblaciones construidas por el Estado. “Esta decisión de un alto Tribunal de la República es un hito sin precedentes en la historia de la gestión ambiental y del derecho ambiental en nuestro país. Estamos contentos, pero no satisfechos, ya que muchos de nuestros representados no han recibido la compensación demandada por los daños sufridos”, destacó el abogado Fernando Dougnac, presidente de FIMA. Cerca de 800 demandantes no fueron favorecidos con la reparación monetaria, ya que la Corte de Apelaciones sólo se la otorgó a las personas respecto de los cuales se había probado un daño a la salud. En tanto, José Ignacio Pinochet, Director Ejecutivo de FIMA, hizo presente que “este fallo se dicta en un momento en que la opinión pública ha comprendido que la gestión ambiental chilena ha sido un desastre”. “La Comisión Especial de la Cámara de Diputados
había establecido las graves ilegalidades cometidas y la responsabilidad
del Estado en este caso. De esta forma, formulamos un llamado a las autoridades
a no prolongar más el sufrimiento de esta gente y a que el Estado
pague de inmediato y sin más dilaciones las indemnizaciones ordenadas
antes de que sea demasiado tarde para los afectados”, puntualizó. Fuente: El Mostrador (Chile) |
