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Ecologistas abogaron por preservación de Sistema Arrecifal Mesoamericano
Ecologistas pertenecientes al Proyecto del Sistema Arrecifal Mesoamericano
(SAM) abogaron por mayor voluntad política de los gobiernos para
preservar un ecosistema del que se beneficia alrededor de un millón
de personas.
Las áreas comprendidas en el SAM son una fuente importante de
energía, transporte, turismo, alimentación, investigación
y comercio, pero se deben adoptar acciones inmediatas para detener un
deterioro acentuado de los recursos, dijo el hondureño Demetrio
Martínez, oficial de comunicación del proyecto.
Martínez participa en un seminario con periodistas como parte
de las labores de sensibilización sobre la necesidad de cuidar
el medio ambiente que se efectúa en esta ciudad, cabecera del
nororiental departamento guatemalteco de Izabal.
Precisó que aproximadamente un millón de personas de diversos
orígenes sociales y étnicos, y de unas 60 comunidades,
se benefician de los valiosos recursos bajo atención del SAM mediante
actividades relacionadas con la pesca, el turismo, y el desarrollo costero,
entre otras.
A modo de ejemplo citó que la población utiliza el 33 por
ciento de las semillas, raíces y cocos de la zona para la alimentación,
un 41 por ciento para la medicina y un 8,53 por ciento para la artesanía,
básicamente a partir de caracoles, tortugas de carey, corales,
cocodrilos y otras.
Por lo mismo, se requieren normas jurídicas claras para revertir
progresivamente el uso indiscriminado de esos recursos, apuntó el
especialista José Robledo, dirigente de la Autoridad para el Manejo
Sustentable de la Cuenca del Río Dulce e Izabal (AMASURLI), una
de las áreas transfronterizas del SAM.
El referido proyecto se extiende desde la Isla Contoy, en el norte de
la península de Yucatán, México, hasta las islas
de la Bahía de Honduras, por lo que abarca también territorio
y mares de Guatemala y Belice, siendo el segundo sistema coralino más
largo del mundo con alrededor de cuatro mil especies animales.
Directivos del SAM precisaron que ese ecosistema es capaz de sostener
económicamente a alrededor de 60 comunidades costeras, y sólo
en lo concerniente a los corales que posee puede generar unos 375 mil
millones de dólares anuales por alimentación, turismo y
producción de medicinas.
De acuerdo con Robledo, los principales problemas en la cuenca de los
ríos Dulce, Polochic e Izabal -aplicables también para
el resto de las áreas del SAM- son la ausencia de planes de manejo
concretos, sobre todo por la carencia de fondos, así como la pesca
indiscriminada, la erosión y la desertificación.
A lo anterior se añade la falta, al menos en la parte de Guatemala,
de plantas para el tratamiento de residuos sólidos, lo cual provoca
contaminación fuerte en la bahía de Amatique, y alteraciones
en otros ecosistemas con aparición de nitrógeno, fósforo,
metales pesados, biocidas y suelos con desechos.
Autoridades del ámbito ambiental mencionan, además, afectaciones
para los recursos costeros y marinos debido al alto crecimiento poblacional,
elevado nivel de pobreza, que obliga a pobladores a buscar alternativas
de ingreso mediante el sobreaprovechamiento de recursos naturales.
Igualmente, mencionan las industrias de beneficio económico rápido,
que degradan los recursos y entran en conflicto con los habitantes locales,
junto a la falta de conocimiento de alternativas de manejo dentro de
la zona.
El SAM nació de una idea concebida en la denominada Declaración
de Tulum, localidad mexicana de Quintana Roo, donde el 5 de junio de
1997 se reunieron los gobernantes de los países involucrados para
abogar por un marco institucional para la conservación del entorno.
De hecho, la meta de ese mecanismo es promover la protección de
los ecosistemas marinos únicos y vulnerables, asistiendo a los
países miembros para consolidar y coordinar políticas,
regulaciones y arreglos institucionales para la conservación y
el uso sostenible de ese recurso público global, aseguró Martínez.
Al respecto, la jurista en temas ambientales Jeannette de Noack, del
Centro de Acción Legal y Ambiental (CALAS), defendió un
marco jurídico para obligar a la utilización de recursos
naturales que -dijo- son compartidos con otros países.
Guatemala tiene suscritos 59 convenios y tratados internacionales en
materia ambiental, pero no cumple con la mayoría de ellos debido
a falta de recursos, poca coordinación o, a veces, insuficiente
voluntad política de sus autoridades, admitió De Noack,
al ejemplificar una situación similar en otras naciones del SAM.
Fuente: Prensa Latina (México)
Mayo 02, 2005
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