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La Justicia avala la instalación de antenas
El caso es el reflejo de una problemática de fondo en relación a si estas antenas son nocivas para la salud y el medio ambiente, que ha planteado innumerables polémicas y estudios científicos a nivel internacional, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició una investigación que proyecta difundir en 2007. La acción judicial emprendida por los vecinos del centro de la Provincia comenzó con un amparo contra la Municipalidad de Oncativo, que se tramitó ante el Juzgado de Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de Río Segundo. Este Juzgado rechazó el amparo, lo que motivó que los demandantes apelaran esa decisión ante la Cámara de Acusación, organismo que, en agosto de 2001, confirmó el rechazo de la demanda. Frente a esta situación, en octubre del mismo año, los demandantes entablaron ante el Tribunal Superior de Justicia, recursos de casación e inconstitucionalidad, en contra de la resolución de la Cámara de Acusación. Ayer, el Tribunal Superior confirmó la sentencia de la Cámara de Acusación, al rechazar los recursos planteados por los amparistas. Exigencia de daño cierto Según la sentencia del Tribunal Superior, para que proceda el amparo, debe haber una proyección evidente de la lesión y “esa exigencia no se cumple en el planteo de los demandantes”, porque “no logran demostrar la potencialidad del electromagnetismo para producir los daños a la salud o al medio ambiente aducidos”. Luego, los magistrados agregaron: “Este hecho torna al planteo de amparo meramente conjetural, y por ende, carente de base fáctica”. Los jueces mencionaron además la investigación de la OMS y apuntaron que “hasta tanto dicho estudio no concluya, no hay pronunciamiento científico ecuménico que otorgue pruebas convincentes de los efectos nocivos de la radiación no ionizante sobre el organismo”. Del mismo modo, argumentaron que “no se puede impedir la instalación de las antenas de telecomunicaciones –que prestan servicios importantísimos a la población– por la mera posibilidad de que éstas configuren un peligro a la salud o al medio ambiente, contrarrestable en la medida en que se cumpla con las normas de seguridad”. Por otro lado, los magistrados destacaron que tampoco se verifica que la medida sea arbitraria, o manifiestamente ilegal, requisito esencial para que proceda el amparo. También indicaron que, al ser limitada, es improcedente la vía del amparo para juzgar casos complejos y cuestiones opinables, que requieren debate y prueba. En lo que se refiere al recurso de inconstitucionalidad, que va contra la ley de amparo de la Provincia, el Tribunal Superior de Justicia dijo que ahora es improcedente porque fue interpuesto tardíamente (debió plantearse cuando se dio trámite a la demanda en el Juzgado de Río Segundo). Principio de precaución Por su parte, Juan Carlos Cafferata, vocal de la Cámara Contencioso Administrativa –que en esta oportunidad integró el Tribunal Superior de Justicia por la renuncia de uno de los vocales– discrepó con los miembros del Tribunal, al considerar que debía hacerse lugar al recurso de casación y resolver el planteo. Cafferata consideró que la sentencia de la Cámara de Acusación –que señaló la falta de certeza acerca de la potencial aptitud dañosa de las antenas de telefonía móvil–, no tuvo en cuenta que, precisamente, de esa falta de certeza se deriva “un claro riesgo para la salud humana y para el medio ambiente, ante la contingencia o proximidad de la producción de daños”. Esa falta de certeza es lo que, según Cafferata configura el riesgo, el que a su vez, constituye la amenaza que requiere la ley para hacer procedente el amparo. “La mera posibilidad de existencia de riesgo impone una actitud activa, no omisiva”, indicó Cafferata. En ese sentido, el magistrado aplicó lo que se conoce como “principio
de precaución” –de consagración universal en la
Conferencia de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992–, cuyo espíritu indica que “la sociedad no puede
esperar hasta que se conozcan todas las respuestas, antes de tomar medidas
que protejan la salud humana o el medio ambiente de un daño potencial”. |
