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Indígenas de Ecuador dicen No a exploración
petrolera
En esta primera visita a las comunidades del interior de la selva amazónica
ecuatoriana, Toni Symonds, Leslie Lowe y Steve Heim, delegados de los
accionistas de dicha petrolera, escucharon las razones por las cuales
los pueblos aborígenes no quieren el desarrollo de las actividades
petroleras.
Los indígenas argumentaron que la Constitución señala
que: "El Estado reconocerá y garantizará los derechos
humanos, colectivos, así como la información y la consulta
previa". Desde esa perspectiva, los indígenas solicitaron
que la Burlington se abstenga de ingresar a los territorios y realizar
cualquier negociación con individuos, asociaciones y comunidades
en la región de Moroa Santiago.
“Las comunidades tienen sus propias formas de desarrollo distintas
a las que nos están ofreciendo las multinacionales que quieren
venir a usurpar nuestros recursos y riquezas naturales”, manifestó el
director de la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar,
Milton Callera.
Los Achuar manifestaron que no está entre sus planes vivir del
petróleo por miedo a la contaminación y a la desaparición
de su territorio. Por el contrario, desean vivir en un ambiente sano
y de la comercialización de la medicina y plantas ancestrales,
a través de una verdadera ley de patentes.
Por su parte, Marlon Santi, representante de la comunidad Sarayaku,
aseguró que su pueblo no quiere sus 135 hectáreas de territorio
ancestral sean tocadas por la actividad petrolera.
Las autoridades indígenas exigieron al gobierno ecuatoriano una
mejor redistribución de las regalías del petróleo,
que ayude al desarrollo de los pueblos aborígenes y no a la destrucción
de sus culturas ancestrales.
Los delegados de Buldington -adjudicataria del bloque 24 en Morona Santiago,
territorio de las nacionalidades achuar y shuar, y accionista de la Compañía
General de Combustibles (CGC), que explota el bloque 23, ubicado en el
territorio kichwa de Sarayaku- se comprometieron a transmitir los argumentos
indígenas a los accionistas. También mostraron su preocupación
por la seguridad jurídica del Estado ecuatoriano, al referirse
a la no aplicación del reglamento de Consulta Previa a las comunidades.
Fuente: PNUMA
Marzo
17, 2005
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