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INFORME ESPECIAL / MEDIO AMBIENTE: AMPAROS Y OTRAS
HERRAMIENTAS JURIDICAS PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE En la Defensoría del Pueblo de la Nación se reciben unas 200 denuncias por contaminación o ruidos molestos al año. Pero no son las únicas quejas presentadas. Cada día, hay más casos. Salen en defensa de árboles como las lengas y los ñires patagónicos, de animales como los flamencos rosados y las cigüeñas de Mar Chiquita, o de las aguas contaminadas del Delta del Paraná. Salen para defenderse de ruidos, del smog o de olores extraños que aparecen en la ciudad de Buenos Aires. Salen de sus espacios privados y acuden a la Justicia para que su ambiente se use de manera sustentable. Ahora, los vecinos ya no salen a quejarse con cacerolas o para realizar protestas callejeras. Saben que cuentan con varias herramientas jurídicas y de participación ciudadana que les permiten proteger su derecho a vivir en un ambiente sano, a defender su calidad de vida y su derecho a la salud, como dice la Constitución Nacional desde 1994. Según la Defensoría del Pueblo de la Nación se reciben cerca de 200 quejas ambientales por año. La mayoría vinculadas a problemas de contaminación ambiental (especialmente en Dock Sud, en el conurbano bonaerense), por ruidos molestos o condiciones insalubres del agua (como en el Riachuelo o el Reconquista). Y, si bien los tiempos judiciales son extensos, los vecinos no se amedrentan. Insisten y consiguen que las empresas privadas o los organismos públicos los escuchen. Entre las herramientas jurídicas, "la más usada es la acción de amparo, que permite solucionar el planteo antes de o cuando el daño ambiental se produce", señaló Andrés Nápoli, coordinador del programa Control ciudadano del medioambiente, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que asesora gratis en el teléfono 4788-4266 (internos 221/ 222) a los vecinos. De esa acción se valió José Barragán, del barrio porteño de Constitución cuando el año pasado se hartó de los ruidos que vienen de la Autopista 25 de Mayo, por el paso de autos y camiones. Si abre las ventanas de su casa —casi pegada a la autopista—, Barragán tiene que dejar de hablar con su hijo y su mujer. Cuando presentó la acción de amparo, un juez de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, resolvió —en una decisión absolutamente novedosa— convocar a todos los vecinos que también se sintieran afectados por el mismo problema. Se presentaron más de 120 vecinos. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad intimó a la empresa AUSA —concesionaria de la autopista— a colocar paneles sonoros para frenar el ruido. El reclamo original de Barragán ahora está en manos de Guillermo Treacy, del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nø3 de la ciudad. En una audiencia reciente en el juzgado, la empresa reconoció el problema del ruido, pero advirtió que, por la devaluación del peso argentino, no podía llamar a licitación para la compra de pantallas acústicas. Fuentes del juzgado informaron a Clarín que ya se nombraron peritos que realizarán mediciones en la autopista. "Las acciones de amparo pueden ser herramientas muy útiles, pero todo depende de dónde caigan —opinó el defensor adjunto de la ciudad, Antonio Brailovsky—. No es lo mismo que se presenten en la ciudad de Buenos Aires, donde hay tribunales nuevos, que en la justicia nacional, donde los amparos incomodan". Otros vecinos van más lejos todavía. Deciden presentar denuncias por daños y perjuicios, como la de Carlota Sánchez Aizcorbes, de la Fundación Pro-Tigre. Esta mujer pide que el Estado controle la contaminación de las aguas del Delta por la llegada de desechos cloacales e industriales. "El Delta, en la zona de la Pista Nacional de Remo, tiene una gran mancha negra". Según la vecina, la contaminación se produjo a raíz de un canal aliviador en el que no se construyeron cuatro plantas de tratamiento de residuos cloacales. "Yo reclamo a la Justicia que señale cuál es el organismo público que debe controlar el cumplimiento de las leyes y que se hagan las plantas de tratamiento"subraya. Otros 45 vecinos se sumaron a su reclamo. Pero además, existen otros instrumentos de participación ciudadana. Uno es es el acceso a la información pública. "Para reclamar, todo vecino debe estar bien informado", señaló Nápoli. Este derecho a la información "ya está regulado en Capital Federal, Chubut, Jujuy y restringidamente en la provincia de Buenos Aires". La audiencia pública también es otra opción. Aunque no es vinculante y debe ser convocada a nivel gubernamental. La audiencia "sirve a los gobernantes como un termómetro de la opinión pública sobre un problema ambiental antes de que se tomen decisiones", según Nápoli. "El año pasado, el gobierno porteño organizó una audiencia para discutir el proyecto de la aeroísla en Capital Federal. Allí, decenas de vecinos expresaron su rechazo y las obras no se hicieron", comentó Brailovsky. Otras formas de participación popular pueden canalizarse
a través de la "iniciativa popular", por la cual se juntan
firmas de vecinos y se elevan al Congreso a fin de que se traten las propuestas.
Esto sin descontar el "presupuesto participativo", aún
sin reglamentación en la Ciudad de Buenos Aires y que, de sancionarse,
permitiría a los vecinos diseñar los presupuestos anuales.
"Las acciones de los vecinos por su ambiente pueden no tener un final
favorable o implican mucho esfuerzo —dijo Nápoli—, pero
son un verdadero ejercicio democrático". Fuente: Clarín |
