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LA CUESTIONADA INSTALACION DE DOS PLANTAS
DE CELULOSA El Banco Mundial informó que no dará el préstamo hasta que se estudie su impacto. Las dos fábricas papeleras que el gobierno uruguayo autorizó a instalar a orillas del río Uruguay no recibirán financiamiento internacional hasta tanto no se realice una evaluación de impacto ambiental. Así se lo hizo saber al Gobierno argentino la Corporación Financiera Internacional (CFI), subsidiaria del Banco Mundial. La posición de la CFI responde a una exigencia de sus estatutos y al reclamo del Gobierno argentino, que le expresó su preocupación por las consecuencias ambientales de la construcción de estas plantas de celulosa. A modo de protesta, el gobierno uruguayo no envió sus delegados a la comisión técnica mixta —creada por los presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner— que debía reunirse ayer. "La instalación de estas plantas se complicó porque el gobierno uruguayo no cumplió con sus compromisos, particularmente con el Estatuto del Río Uruguay, que establecen que deben consultarse todas las obras que afecten al río", explicó el embajador Raúl Estrada, jefe de la delegación argentina del grupo técnico mixto. Como los pedidos del gobierno de Kirchner ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) —de carácter binacional— fueron desoídos por su par uruguayo, la Argentina expresó su preocupación ante la CFI, que participará del apoyo financiero a las obras. "Por nota del 8 de julio —explica Estrada— este organismo nos hizo saber que está de acuerdo en la necesidad de hacer un estudio ambiental previo. Y el martes 11, Dimitris Tsitsiragos, representante de la corporación, dijo en mi oficina que no van a someter el tema al directorio de la CFI antes de completar la evaluación con nuestra participación". Las plantas en cuestión, propiedad de la empresa española ENCE y de la finlandesa Metsa-Botnia, ya empezaron a construirse en las afueras de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, vecina a la argentina Gualeguaychú. Pero es difícil que puedan avanzar, no sólo por la falta de financiamiento internacional "sino porque los propios accionistas de las empresas no van a querer tomar responsabilidades ambientales —sostiene Estrada—, porque si las plantas causan daño ellos van a tener que pagarlo". Más allá de este diferendo, Estrada considera que al tema
hay que verlo desde un punto de vista más amplio. "Esto es,
el desplazamiento de las 'industrias sucias' de los países centrales
a los países en desarrollo. En 2007 entrará en vigor una
regulación europea que obliga a estas empresas a cambiar su metodología
de trabajo o, en caso contrario, a cerrar las plantas de celulosa". Liliana Moreno Fuente: Clarín |
