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El conflicto por las papeleras
En primer término, la Cancillería destacó que la decisión “no prejuzga sobre el fondo de la controversia” y agregó que el Gobierno se mostró “satisfecho” porque el máximo tribunal internacional expresó “la garantía de disponer el desmantelamiento de las plantas si, durante la sustanciación del caso se demostrara que ellas causas daño ambiental irreparable”. Además, sostuvieron que “recogen con interés la invitación de la Corte a presentar una nueva solicitud de suspensión de las obras si se demostrara que las condiciones de riesgo para el Río Uruguay y sus zonas de influencia así los justifican”. De hecho, los propios ambientalistas de Gualeguaychú habían advertido la semana pasada a LANACION.com que –ante una resolución adversa- le pedirán al Gobierno que vuelva a insistir con la medida cautelar. Silencio presidencial. Pese a la expectativa que generó su primera aparición pública Kirchner no hizo ningún tipo de referencia al tema durante un acto en la Casa Rosada esta mañana, en contra de lo que suele hacer respecto de los temas que dominan la coyuntura. Después llegó entonces la comunicación oficial de la Cancillería en sintonía con las primeras conclusiones que sacó con el fragor de la noticia la nueva secretaria de Medio Ambiente y abogada de la asamblea, Romina Picolotti. En la misiva, el ministerio a cargo de Jorge Taiana celebró que “la Corte considere el Estatuto del Río Uruguay como un sistema integrado para la preservación del río y al esquema de consulta e información previas que aquel contiene como una parte muy importante de este sistema”. Culminó con que el Gobierno “no cejará en sus esfuerzos por asegurar que las obras proyectadas no afecten los intereses” de la Argentina y rescató que la Corte “exhortó a las partes a cooperar de buena fe y a evitar medidas que agraven la controversia”.
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