|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
El riesgo de convivir con residuos nucleares MATEO BALÍN. El Escorial | El espectacular crecimiento del consumo de energía en España en los últimos años hace que sea necesario un aumento de su producción. La energía nuclear produce alrededor del 30% de la electricidad de nuestro país, donde funcionan nueve centrales nucleares en siete emplazamientos. Los expertos prevén la creación de nuevas sedes que generarán más residuos radiactivos, con el peligro que ello conlleva para los municipios cercanos. |
|
| Sus
ciudadanos confían en la gestión de estas centrales, pero
hay una percepción mayoritaria e inequívoca del riesgo por
su proximidad, según resume una encuesta que estos días hará
pública la AMAC. Esta asociación agrupa a las áreas de municipios afectados por las centrales nucleares, que son 72 en todo el territorio nacional, donde viven cerca de 100.000 habitantes. La AMAC nació en 1988 y se ocupa de salvaguardar los intereses de estos ayuntamientos. Tras las pasadas elecciones, los alcaldes electos esperan engrosar el presupuesto municipal con los 1,8 millones de euros que se reparten anualmente por el almacenamiento de residuos en las centrales nucleares. Sin contar con el enriquecimiento indirecto que supone: laboral y social. |
 |
|
Fotógrafo: Jaume Sellart/
EFE
Central nuclear de Vandellós |
|
|
Existen un total de ocho emplazamientos nucleares, siete albergan al
total de los nueve reactores españoles: Trillo (Guadalajara), Cofrentes
(Valencia), Ascó I y II (Tarragona), Santa María de Garoña
(Burgos), José Cabrera (Zorita), Almaraz I y II (Cáceres)
y Vandellós II (el desmantelamiento del primer reactor fue decretado
a raíz del incendio que se desató en la planta en octubre
de 1989). El octavo es el almacén de El Cabril (Córdoba),
donde se ubica la planta de residuos radioactivos de baja y media intensidad,
el material contaminado de las propias centrales y los deshechos nucleares
de hospitales, laboratorios y algunas industrias. El combustible gastado
-barras de uranio enriquecido- constituye la llamada "basura"
nuclear de alta intensidad por la persistencia de la radiactividad que
emite y la duración de su poder contaminante, en torno a 100.000
años. Mariano Villa, abogado y gerente de AMAC trabaja en la gestión de municipios que, como los citados, tienen en su territorio una central nuclear. "La asociación trabaja a partir de la conciencia del riesgo de estos municipios sin hipotecar el futuro y se preocupa de sus ciudadanos, cosa que no hace la clase política, que le entra pavor cuando escucha la palabra nuclear. Gestionamos los planes de emergencia en caso de evacuación, los pagos anuales por parte de las centrales o en el mantenimiento de canales de información a los ciudadanos para que se sientan seguros, ya que la actividad nuclear genera aún fijación en los lugareños". Y es que en la última encuesta que publicará la AMAC en los próximos días se reflejan datos concluyentes: los ciudadanos confían en la gestión de las sedes nucleares pero no tanto en el riesgo que supone la actividad de las mismas. Tres de cada cuatro consultados piensan que las centrales nucleares representan "bastante o mucho peligro". En 1998 eran poco más de la mitad, el 56%, los que expresaban en esta línea. Además, carecen de información sobre medidas de seguridad, a cuyo principal gestor, el Consejo de Seguridad Nacional (creado en 1980, es independiente de la Administración Central del Estado), no lo conoce dos tercios de los que viven en estos 72 municipios. La presidenta del CSN, María Teresa Estevan Bolea, cree complicado que "el mensaje del CSN llegue a los ciudadanos por su nivel cultural, que no es grande, ya que se dejan llevar más por la emoción que por la razón". Para Eduardo Fernández, presidente del Foro de la Industria Nuclear, llegar directamente a los ciudadanos es un error. "Hay que trabajar más para que las instituciones locales se apoyen en la opinión de los expertos". "Hacer percibir la seguridad a través del medio audiovisual, como la televisión o el documental, para dar a conocer la gestión de residuos, no tiene sentido", afirma. Derecho a ser informados Una directiva comunitaria aprobada en 1989 obliga a los estados a informar en caso de emergencia nuclear, a conocer los efectos de la radioactividad y las medidas de protección sanitaria. En España este acuerdo fue ratificado en octubre de 1999. "A pesar de que la información nuclear es un derecho inherente de todos los ciudadanos, la única manera de que éstos estén medianamente informados es a través del esfuerzo que haga el gobierno local", asegura el gerente de la AMAC, que reivindica el desarrollo de los comités locales de información. "Se trata de un foro de participación con los electos locales, autonómicos, estatales y representantes sociales". "Son comités activos donde el interesado puede recibir información directa. Se elimina así su carácter político y se institucionaliza el canal de información entre el comité y los ciudadanos". En Francia y en Suecia ya existían desde 1981 y 1984 respectivamente. La primera vez que se pusieron en funcionamiento en nuestro país tuvo lugar con el desmantelamiento de Vandellós I. "El comité funcionó durante cinco años y el resultado ha sido muy positivo", destaca Mariano Villa. Actualmente la AMAC ha creado un nuevo comité de seguimiento del cierre de la central de Zorita, previsto para abril de 2006. Dicha comisión está formada por instituciones alcarreñas como la Delegación del Gobierno, confederación de empresarios, Universidad de Alcalá de Henares o las Cajas de ahorro de Guadalajara. "El objetivo de esta comisión es tratar temas de carácter técnico para evitar debates políticos poco efectivos y que no se materialicen en la búsqueda de un futuro adecuado para la zona de influencia de esta instalación nuclear, que incluye a doce municipios de nuestra asociación", asegura Villa. Fuente: Heraldo (España) |
|
