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El medio ambiente desatendido
Un informe conjunto de ONU-Cepal pone en evidencia la vulnerabilidad de
las actividades productivas de nuestro país y su tejido social ante
la ocurrencia de fenómenos naturales, mientras que un "paper"
en preparación por un investigador de la Universidad de Cornell
estima los daños ambientales santafecinos en casi 2300 millones
de dólares. Este cálculo incluye el perjuicio agrícola-ganadero,
el lucro cesante, gastos de reconstrucción de obra pública
y privada, daños físicos y morales a la población,
tareas de prevención sanitarias, indemnizaciones, período
laboral y educacional ocioso, restauración de suelos, seguridad,
reconstrucción social y varios otros rubros menores que ese centro
de investigación entiende que también integran el cómputo
taxativo del daño ambiental.
Otras estimaciones que incluyen menos rubros, como la calculada por la
ONU, llevan esa cifra a la mitad. No obstante, si se compara los 100 millones
de dólares que, a lo sumo, hubiera resultado la prolongación
de la defensa más las medidas de prevención con cualquiera
de los montos del daño ambiental estimado, el balance es desalentador,
quedando nítidamente expresado en cifras elocuentes. El monto expresado
por la ONU iguala el desastre de Santa Fe con los daños del terremoto
de El Salvador en 2001.
Tal vez sea prematuro hacer el balance final del deterioro del tejido social
que genera una emergencia como ésta, el más difícil
de evaluar. Tampoco está nítidamente claro qué consecuencias
sanitarias podrán emerger de un enorme amontonamiento de basura
orgánica en descomposición que va apareciendo con el retiro
de las aguas. Ni hablar de los residuos patógenos. Patentiza este
hecho la leptospirosis, enfermedad típica de las inundaciones, contraída
por el gobernador Carlos Reutemann, que seguramente estaba mejor equipado
durante sus inspecciones que el grueso de los habitantes permanentes de
las zonas inundadas.
Una dramática fotografía expresa una situación que
no debió ser excepcional durante la inundación. En ella se
observa la villa anegada con sus moradores y sus pertenencias en los respectivos
techos. Sobre una casilla una señora recoge agua de la inundación
en una cacerola para cocinar en un brasero próximo (¿de qué
otro lugar podría hacerlo?). En la casilla de al lado se ve a otra
persona orinando sobre la misma agua del anegamiento (¿en qué
otro lugar podría hacerlo?).
La defensa armada de las propiedades y los problemas de convivencia que
generaron el hacinamiento de la relocalización en trenes de carga,
galpones, carpas y escuelas y el consecuente retraso en el comienzo de
clases completaron en la educación el panorama del desastre.
En lo que respecta al costo político, llama la atención que
el único funcionario expulsado de la estructura burocrática
santafecina haya sido un componente del personal de planta, mientras que
ningún político se haya alejado de la función pública
por este tema. El grave desprestigio del -hasta el momento- más
reputado político de la Argentina, Carlos Reutemann (según
encuestas el único que hubiera llegado a la presidencia sin ballottage),
ocurrido en sólo tres días, configura un ejemplo de impresionante
magnitud de lo que puede acarrear la relación medio ambiente-política.
Habría sido deseable que este fenómeno de la realidad alertara
a los funcionarios que el cuidado del medio ambiente no es sólo
una ideología de románticos y lo ubicara en la agenda prioritaria
que le corresponde asumiendo la enorme responsabilidad que conlleva su
desatención habitual.
No parece que los cuerpos políticos nacionales lo hayan entendido
así. Por el contrario, el medio ambiente, que dependió directamente
de la Presidencia de la Nación, derivó en Secretaría
de Estado y degradó luego su intervención a una subsecretaría
del Ministerio de Bienestar Social y depende hoy de Salud Pública.
Por Carlos Libedinsky - profesor titular de Ecología de la arquitectura
y diseño avanzado y máster de FADU/UBA.
Fuente: La Nación (Argentina)
Julio 1, 2003
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