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La EPA, acusada de negociar con industrias
la regulación de químicos
tóxicos Por su parte, la EPA asegura que la evaluación sobre la atracina y el DDVP está “basada en una revisión de un extenso volumen de los mejores datos científicos disponibles y estudios y una revisión independiente paralela”, un proceso que califica como “un modelo de transparencia y apertura”. El NRDC acusó en 1983 a la EPA de violaciones similares cometidas bajo la administración de Ann Gorsuch, un caso que la agencia cerró un año después, acordando hacer más estrictas las regulaciones sobre pesticidas, que prohíben los encuentros y acuerdos secretos. Una regulación que la EPA no estaría siguiendo hoy en día, siempre según el NRDC. 32.000 toneladas al año La atracina, cuyo principal fabricante es la suiza Syngenta, es la mayor preocupación del NRDC. Cada año se aplican 32.000 toneladas de este pesticida, que se aplica sobre todo al maíz y la soja, pero también a la caña de azúcar, la piña o el césped, y la EPA ha encontrado una contaminación generalizadas de los cauces por la atracina. Según datos recientes, más de un millón de americanos estarían bebiendo agua contaminada con este pesticida a niveles peligrosos. Estudios realizados sobre personas expuestas a este pesticida indican que podría estar vinculado con ciertos cánceres, incluyendo el de próstata y el linfoma de NonHodgkin. Pero pruebas en laboratorio también lo relacionan con otros tipos de cáncer y problemas hormonales que podrían interrumpir el proceso reproductivo y del desarrollo. La Unión Europea ha prohibido recientemente la atracina por la contaminación del agua potable, mientras que la EPA cambió su registro en octubre de 2003 sin someter a los fabricantes a ningún tipo de restricción. Una decisión que se adoptó, según el NRDC, tras negociar un acuerdo con la industria en privado y fuera de las normas, y asegura que oficiales de la EPA se reunieron en secreto en más de 40 ocasiones con representantes de Syngenta mientras la agencia evaluaba la toxicidad de este pesticida. El acuerdo alcanzado fue que Syngenta evaluaría menos del 4% de los caudales de mayor riesgo de contaminación por atracina y la EPA se comprometía a no hacer públicos estos resultados. En la denuncia se revelan similares negociaciones con la química Amvac sobre la situación del insecticida DDVP, altamente tóxico y que puede causar anormalidades en los niños expuestos a él. Fuente: 24 Horas |
