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Contra la Constitución de la Europa del Capital La Unión Europea ha ido desarrollando, en el terreno medioambiental, una amplia legislación. Sin embargo, esta preocupación ambiental no obedece a un verdadero intento por acercarse a la sostenibilidad, sino más bien a que el deterioro ecológico no se puede ya ocultar por más tiempo, así como al hecho de que la población ha incrementado su sensibilidad ambiental. En este sentido, el Tratado de Constitución Europea hace mención (art. I-3.3) a que “la Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva (...)”. Durante todo el articulado se reitera una y otra vez que lo que se pretende es conjugar la protección ambiental con una economía altamente competitiva basada en el crecimiento. Pero estamos hablando de un imposible, ya que es precisamente dicha economía de mercado la última responsable de la crisis ecológica. Además no aparece en ningún momento cómo o por quién se va a avanzar hacia dicha sostenibilidad. En definitiva, su propia indefinición deja estos objetivos como un brindis al sol, cosa que no ocurre con los objetivos de corte económico. Así la política realmente existente de la UE deja de lado su retórico respeto por el medio ambiente. Desde el principio, la Unión ha sido concebida para deslocalizar y disgregar la producción y el consumo a largas distancias, lo que incrementa el gasto de energía y la emisión de contaminantes. Por todo ello, la Unión apuesta fuertemente por la creación de grandes infraestructuras de transporte. Y en el Proyecto de Constitución Europea, el art. III-246 expone que “la Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de las redes transeuropeas”. Para lo cual la Unión podrá aportar fondos (art. III-247). La Unión se ha convertido, a pesar de ser la responsable del 24% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero, en uno de los organismos que lideran la lucha mundial contra el cambio climático. Sin embargo, esto es más un resultado de omisiones ajenas que de méritos propios, ya que lo que ha firmado la UE es totalmente insuficiente para controlar el cambio climático. Además, los datos apuntan a que no va en camino de cumplir el Protocolo de Kioto. La política agrícola de la UE, a través de la Política Agrícola Común, favorece la concentración y las grandes explotaciones intensivas de monocultivos, apuesta por un modelo que abusa de los fertilizantes químicos y los pesticidas, supone un gasto insostenible de los recursos hídricos y de plástico y potencia el uso de pocas razas alimentadas con piensos compuestos y atiborradas de fármacos. Todo ello combinado con la apertura del mercado europeo a los transgénicos. Y, con este Tratado, no hemos de esperar ningún cambio de rumbo, el art. III-227 es bien explícito: “los objetivos de la política agrícola común serán: incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, garantizar un nivel de vida a la población agrícola y estabilizar los mercados”. Un último ejemplo es que la producción de residuos en la UE continúa incrementándose año tras año, a pesar de la incorporación a la normativa comunitaria del principio de prevención en su generación. Con todo y con eso, la legislación europea de protección de la salud pública relacionada con los residuos ha ido en aumento. Pero la legislación es insuficiente, ya que los riesgos que suponen los residuos siguen presentes y continúan aumentando en muchos casos. Además, el “principio de cautela y acción preventiva” (art. III-233) se pasa por alto para la energía nuclear, los transgénicos o muchos aditivos químicos, demostrando una vez más su carácter retórico. Resumiendo, la filosofía que anima el actual Proyecto de Constitución y la Unión Europea en ningún caso contribuirá a impulsar un mundo más sostenible, sino todo lo contrario. Fuente: Ecologistas en Acción (España) |
