Licitación demorada
La Justicia suspendió la audiencia pública por la basura

El gobierno porteño apelará el fallo y planea otra convocatoria

* La medida establece que se fije una nueva fecha y se comunique con 20 días de anticipación
* Se retrasará el proceso de dos a tres meses
* Malestar en las autoridades comunales

La justicia porteña suspendió mediante un fallo del fuero Contencioso Administrativo y Tributario la audiencia pública convocada para mañana y el martes, en la que se iba a tratar el pliego de bases y condiciones para la licitación del servicio de higiene urbana para cinco zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fallo fue emitido del 31 del mes último por los jueces de Cámara Esteban Centanaro y Eduardo Russo.

La preaudiencia estaba convocada originalmente para mañana y allí se iba a dar a conocer el resultado de las más de 20 presentaciones realizadas en el procedimiento de consulta. La audiencia pública estaba prevista para el martes.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había convocado a los vecinos a discutir este tema, ya que se trata del establecimiento de un nuevo sistema de recolección de residuos sólidos urbanos y del contrato más importante que tiene la comuna. Hasta anteayer había inscriptas 138 personas.

La medida judicial retrasará el proceso licitatorio entre 2 y 3 meses, con el consiguiente costo económico para la Ciudad y el perjuicio que implica postergar la instrumentación de un nuevo sistema para mejorar la higiene urbana, según estimaron fuentes del gobierno porteño. "Había propuestas buenas que iban a ser incorporadas", dijo Eduardo Epszteyn, secretario de Medio Ambiente porteño.

"El fallo dilata un proceso y muestra una resistencia a un cambio necesario de higiene en la ciudad", continuó.

Según el fallo, la convocatoria a la audiencia pública no cumplió con los 20 días establecidos como plazo en la ley de audiencias públicas.

Fuentes del gobierno especulaban que el fallo que dio la razón al ciudadano Emilio Parodi, que fue rechazado en primera instancia, intenta dilatar un proceso que ya corre contra el tiempo. "La solicitud cautelar habla de un lobby que quiere dilatar la audiencia. Cada mes que pasa son 15 millones de pesos de facturación", dijeron fuentes del gobierno.

Por su parte, la Fundación Ciudad expresó que "si bien el fallo judicial hace mérito de un inadmisible error de la Oficina Legal y Técnica del jefe de gobierno Aníbal Ibarra, nos preocupa que la participación ciudadana sea cercenada en nombre de esa participación. Por lo pronto le exigimos al Gobierno de la Ciudad que fije de inmediato una nueva fecha de audiencia, dentro de los plazos que marca la ley y promoviendo la más amplia participación de todos los ciudadanos".

El gobierno prepara para esta semana una presentación ante la Justicia para discutir las cuestiones de fondo y hacer una nueva convocatoria.

Fuente: La Nación
Febrero 03, 2003