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El oleoducto ecuatoriano, en la región de
mayor biodiversidad del mundo se halla paralizado
El oleducto que construye un consorcio internacional en Amazonia ecuatoriana,
en el cual hay empresas argentinas, sigue generando oposición en
la población local. El ministerio de Ambiente cuestiona obras no
autorizadas y el manejo del plan ambiental
El Ministerio del Ambiente de Ecuador suspendió temporalmente la
semana pasada, los trabajos del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en la
zona de Guarumos en Mindo, debido a la apertura de una trocha no autorizada
para instalar un "by pass" en la zona de Guarumos.
La obra no consta en el Plan Constructivo del OCP y no fue aprobada por
el Ministerio, según expuso Édgar Isch, ministro del Ambiente,
cuando notificó la suspensión a Andy Patterson, presidente
ejecutivo del consorcio OCP.
El Ministro se reunió, el viernes, con representantes de OCP y el
sábado, una comisión de funcionarios del Ministerio realizó
una inspección en el sector de Guarumos para determinar si se cumple
el plan de manejo ambiental.
Édgar Isch, justificó la suspensión temporal de los
trabajos en Mindo. A su criterio, no se cumple el plan de manejo ambiental
ni las condiciones de la licencia que se le otorgó al OCP, pues
se afecta un área mayor del derecho de vía.
"No se trata de bloquear una obra importante y que está avanzada.
La intención es hacer cumplir los parámetros ambientales
que se acordaron y proteger un área biodiversa", dijo Isch.
Descartó una posible suspensión de la licencia ambiental
y admitió: "Lo que queremos es negociar con la empresa".
El ministro señaló que se anuló el convenio verbal,
vigente con la anterior administración, el cual estipulaba que las
inspecciones del avance de la obra, el Ministerio debía notificarlo
por escrito, con 72 horas de anticipación.
Por su parte, María de los Ángeles Mantilla, vocera de
OCP, señaló que la suspensión de los trabajos no significa
el retiro de la autorización otorgada.
"No hay razón para que se retire la licencia ambiental en la
zona de Mindo; la paralización de los trabajos se debió a
la construcción de un ´by pass´ en Guarumos que utilizamos
para el transporte de materiales", dijo la funcionaria.
Esta es la segunda suspensión que se realiza en la zona de Guarumos,
pero es la primera que se efectúa por iniciativa directa del Ministerio
del Ambiente.
En marzo del año pasado se detuvo temporalmente la licencia ambiental,
pero fue en respuesta a un informe desfavorable que se originó en
el Ministerio de Energía y Minas.
A criterio de Jorge Albán, de la Veeduría Ambiental del
OCP de la Comisión del Control Cívico de la Corrupción,
estos inconvenientes no son una novedad.
Las observaciones al OCP no se limitan a la zona de Guarumos. El resto
de áreas protegidas también llama la atención del
Ministerio. Isch denunció que el Consorcio OCP ha violado el artículo
81 de la Ley Forestal y no ha pagado el impuesto de piedemonte a lo largo
de toda la ruta. Este tributo tiene un valor de dos dólares por
cada metro cúbico de madera que se corte. Isch, sin embargo, no
especificó el monto total que OCP no ha pagado por el efecto.
Pero María de los Ángeles Mantilla, vocera de la compañía
OCP, refutó las acusaciones del ministro Édgar Isch. "OCP
ha pagado todos los impuestos y tasas necesarias para la construcción
del Oleoducto. Nos reuniremos con el Ministro del Ambiente para aclarar
varios puntos, entre ellos este del piedemonte", explicó.
"Guarumos es una zona frágil y existen problemas. Esto se agrava
pues no se definieron, desde el inicio, las obras complementarias y por
eso se cometen varias arbitrariedades como el abrir caminos".
Antes de que se extienda la licencia ambiental al OCP, se realizaron 72
observaciones en temas como el estudio de alternativas, el medio biótico,
el físico, aspectos socioeconómicos y productivos, el plan
de manejo ambiental y las audiencias públicas.
El área de Mindo es una de las zonas con mayor sensibilidad ambiental.
La arista de Guarumos tiene cuatro kilómetros y es el hábitat
de aves en peligro de extinción como el colibrí zamarrito
pechinegro.
El OCP está diseñado para transportar petróleo de
18° a 24° API. Para poder transportarlo se requiere disminuir su
viscosidad, por lo cual el crudo será calentado a 80° centígrados.
Las denuncias llegaron a Madrid
La construcción del nuevo oleoducto, por un
consorcio petrolero internacional en parte financiado por entidades españolas,
podría tener graves consecuencias ecológicas y sociales para
el ambiente natural y el pueblo de Ecuador, denunciaron ecologistas y movimientos
campesinos e indígenas en Madrid.
La denuncia busca que las empresas que participan en el Oleoducto de Crudo
Pesado (OCP), "se responsabilicen por lo que están haciendo
en el Ecuador" y para que "la población de estos países
sepa lo que sus compañías están financiado",
afirmó en rueda de prensa la portavoz de la organización
Acción Ecológica del Ecuador, Nathalie Weemaels.
En la construcción del OCP, que comenzó en julio de 2001
y debería concluir en enero de 2003, participan AGIP (Italia), Alberta
Energy (Canadá), Kerr McGee (EEUU), Occidental Petroleum (EEUU),
Pérez Companc (Argentina), Repsol-YPF (España/Argentina)
y la constructora Techint de la Argentina.
El segundo banco español, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
y la Caja Madrid, cuarto grupo financiero de España, aportan al
proyecto 150 y 50 millones de dólares, respectivamente.
Weemaels presentó la denuncia públicamente, acompañada
por Manuel López, en representación del Movimiento Campesino
de Lago Agrio, y Mario Santi del movimiento indígena Kichwa de Sarayacu.
"La forma en que se está construyendo
es peor de lo que se podía imaginar y tememos que los impactos futuros
sean mucho peores", advirtió Weemaels, quien explicó
las distintas razones por las cuales la entidad y los habitantes de
la región se han opuesto al oleoducto.
El costo del oleoducto, de 503 km de largo y finalizado en un 70%, asciende
a 1.100 millones de dólares y el contrato para su contrucción
fue firmado en febrero de 2001, bajo la presidencia del mandatario saliente
Gustavo Noboa.
El OCP comienza en Lago Agrio (norte de Ecuador) en la Amazonia y debería
desembocar en la costa de Balao, en el océano Pacífico, pasando
por Quito y Esmeraldas (noroeste).
López denunció la "militarización de la zona"
de Lago Agrio, donde se está construyendo la estación de
bombeo. "Los responsables de la empresa constructora dijeron que van
a construir la obra por encima de quién sea", afirmó
López, quien denunció detenciones arbitrarias y amenazas.
"La construcción del OCP no se justifica económicamente
para el bienestar de los pueblos del Ecuador pues del 15% que recibirá
el gobierno ecuatoriano, el 90% servirá al pago de la deuda externa
y sólo el 1,5% irá para los pueblos del Ecuador, si no se
pierde en el camino", dijo Weemaels.
Desde el punto de vista ecológico, "la ruta elegida para la
traza del conducto es una locura, pues es de alto riesgo sísmico,
los suelos son inestables, y hay volcanes activos, como el Reventador y
ello amenaza importantes áreas urbanas", indicó.
Además, "el OCP está dañando los cursos de agua
por donde pasa" como la laguna Papallacta, que abastece a la capital
ecuatoriana y pone en peligro el futuro del Mindo, la región de
mayor biodiversidad del mundo.
Pero más grave aún, el OCP "pone en peligro la vida
de los pueblos indígenas", advirtió Santi. "Los
pueblos indígenas no hemos sido consultados y tenemos derecho a
defender nuestro territorio", afirmó.
Además, "las reservas petroleras del Ecuador no son suficientes
para llenar dos oleoductos", es decir el OCP y el Sistema Oleoducto
TransEcuatoriano (SOTE) que la compañía estadounidense Texaco
tendió hace 30 años, según Weemaels. Al nivel actual
de explotación petrolera en Ecuador, las reservas deberían
acabarse dentro de 10 años, puntualizó.
La entidad ecologista también advirtió sobre un incremento
de la violencia relacionada con el petróleo, no sólo por
la actividad guerrillera en esa zona de Ecuador -vecina de Colombia-, sino
también por la aplicación del Plan Colombia que "podría
traer más violencia desde los límites colombianos".
Según Acción Ecológica el 85% de los daños
ecológicos causados por derrames de crudo no son provocados por
barcos petroleros.
En Ecuador la explotación petrolera de los último 30 años
destruyó 2,7 millones de hectáreas de bosque tropical en
la Amazonia.
Fuente: El Globo
Febrero 10, 2003
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