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AUDIENCIA POR EL RIACHUELO Las empresas instaladas en las inmediaciones del Riachuelo acusadas de contaminar ese curso de agua, negaron su responsabilidad y coincidieron en que se las hizo objeto de una imputación generalizada, sin probar la relación entre la actividad de cada una de ellas y el estado actual de la cuenca. Ante la Corte Suprema de Justicia, los representantes de las firmas sindicadas, algunas de ellas con orden de desalojo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, se preguntaron por qué, si las industrias formales y clandestinas de la zona llegan a 3500, sólo 44 fueron responsabilizadas por la contaminación. Las empresas deploraron la "vaguedad" de la demanda en su contra "carente de un nexo causal entre nuestra actividad y la contaminación", y la supuesta consagración "no ya de que quien contamina paga, sino del principio de que quien tiene dinero o simplemente está instalado en la cuenca, paga". La mayoría de las firmas que expusieron ante el Máximo Tribunal, aseguraron que no producen ni generan procesos industriales, sino que se limitan a almacenar y despachar combustibles livianos, aceites vegetales, cebos derretidos o productos químicos para otras industrias, según el caso. Petrobrás, Dow Química Argentina, DAPSA, Orvol, Química True, Petrolera Cono Sur, Sulfargen, entre otras, fustigaron los defectos de la presentación que las acusa de "contaminar o contribuir a aumentar el estado de cosas" en las cercanías del río. En los casos en los que admitieron generar alguna clase de efluentes, aseguraron a los ministros de la Corte que los mismos "son trasladados y luego tratados por empresas habilitadas para desarrollar esas actividades". La contaminación del Riachuelo, según se desprende de las exposiciones, se debería a la desidia de los estados nacional y bonaerense en resolverla, al "permitir la existencia de miles de empresas absolutamente carentes de conciencia ambiental junto con otras cuya conducta ha sido siempre ejemplar". La inacción de las autoridades sería responsable, además, "de la ausencia de cloacas en los distritos linderos, de la falta de recolección y tratamiento de residuos, y la proliferación de basurales a cielo abierto, en muchos de los cuales, según el propio Estado, hay metales pesados". El representante de Petrobras añadió que las informaciones oficiales aluden a "curtiembres, frigoríficos y galvanoplastías como responsables de la presencia de plomo, cadmio y mercurio en la cuenca, elementos que nuestra empresa no utiliza en su producción". Las firmas coincidieron en resaltar que todas sus actividades han sido autorizadas y supervisadas por autoridades nacionales, provinciales y comunales, según cada caso, y que nunca fueron objeto de multas o sanciones. El representante de YPF S.A., inclusive, informó que cuando la empresa se instaló en el Polo Petroquímico Dock Sud, en 1991, recibió del Estado una suerte de indemnidad que le garantizaba que no tendría que dar razón por hechos anteriores a su radicación. En cuanto a aquellas como Antivari, cuyo desalojo impulsa la secretaria
Romina Picolotti, pusieron el acento en las consecuencias sociales que
acarrearía la eventual pérdida de una fuente de trabajo.
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