Trabas al desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable es motivo de generalizado interés y se lo piensa como de necesaria concreción, pero se trata de un concepto de gran amplitud que involucra un equilibrado crecimiento de la riqueza y el bienestar de las naciones, en un marco de estabilidad política y de equidad en la distribución de los bienes generados.

La preservación de los recursos naturales forma parte esencial de este horizonte por alcanzar. Pero definirlo es más sencillo que llegar a él, pues se requiere una comprensión en verdad profunda para que resulte algo más que una simple enunciación destinada a alimentar el conformismo y a tranquilizar las conciencias.

Desde los centros mundiales de poder político y financiero se nos pide un desarrollo sustentable que permita emerger de la gravísima crisis actual. Cabe admitir que la demanda es consistente y que se justifica, para acceder a ese fin, la adopción de severas medidas que nos devuelvan al rumbo que nunca debimos haber abandonado.

No es sólo cuestión de afrontar la desorganización creciente, que afecta a la economía y la sociedad, sino de entender, a la vez, que la Argentina ha perdido el camino que la condujo a un crecimiento importantísimo entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Es menester ser conscientes de que se perdió el respeto por las instituciones democráticas y republicanas, que se diluyeron las virtudes del sistema educativo y que hubo una degradación del sistema de valores y premios y castigos, con una paralela erosión de la garantía jurídica.

La falta de respeto por la moneda acarreó la inflación y ésta, la hiperinflación. El déficit fiscal y el excesivo endeudamiento cerraron las puertas del crédito, mientras una ineficiente legislación laboral contribuía a segar el crecimiento de la productividad, fundamento del crecimiento del ingreso colectivo.

El gobierno del doctor De la Rúa, en lugar de orientarse hacia el fortalecimiento de la sustentabilidad de las estructuras nacionales y la consolidación de los logros de la década anterior -lo que suponía una enérgica corrección de sus defectos-, constituyó una trágica frustración. El semestre último no parece haber dejado nada en pie. El default festejado en el Congreso, la devaluación sin el debido sustento técnico, el desconocimiento absoluto de la garantía jurídica, la pesificación asimétrica con la destrucción del sistema bancario y el crédito, han dejado a la sociedad sin aliento y sin esperanzas. No debe extrañar, pues, que se reclame un programa sustentable como condición para otorgar alivio por medio de instituciones financieras internacionales.

Sin perjuicio de ello, quienes reclaman esa sustentabilidad deben, asimismo, hacer su mea culparespecto de los desequilibrios que la comprometen y que en buena medida se originan en el uso masivo de protecciones y subsidios a los productos agrícolas y a las manufacturas. En virtud de esas normas, la globalización, fruto de la tecnología, tiene un funcionamiento asimétrico en detrimento de nuestra economía y de muchas otras.

Reciente expresión de ese criterio injusto es la ley agrícola de los Estados Unidos, que eleva en un 78 por ciento esos subsidios, que ya sumaban mil millones de dólares diarios, y que recibirán así un nuevo impulso. Como la producción de bienes industriales de alta tecnología y la mayoría de los servicios que requieren grandes inversiones y procedimientos sofisticados tienen mercados abiertos, la protección agroindustrial crea un desequilibrio y una gran inequidad en las relaciones comerciales. No hay duda de que respecto de este gran tema ronda una suerte de hipocresía en los gobiernos y en los medios académicos del mundo desarrollado.

La búsqueda de sustentabilidad es un deber imperioso que nos debemos, aunque nadie lo pida. Pero, a la vez, quienes lo demandan deberían hacerlo sin exhibir pecados afines a los que dicen querer erradicar. Sobre el particular está claro que hay que asignar calificados recursos humanos y materiales a las negociaciones ya abiertas en la Organización Mundial del Comercio, en el ALCA, en las habilitadas entre el Mercosur y la Unión Europea y en toda otra instancia de diálogo. Buscando alianzas, trabajando y ejerciendo derechos, se establecerán paulatinamente plataformas útiles para encarar la resolución de injustos desequilibrios. SABADO 15 de junio de 2002.

Fuente: La Nación
Junio 17, 2002