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La UE adopta un régimen
de responsabilidad al objeto de prevenir y remediar los daños
medioambientales. Esta Directiva cubrirá la contaminación del agua, los daños a la biodiversidad y la contaminación del suelo que perjudique gravemente a la salud humana. A los operadores de determinadas actividades peligrosas o potencialmente peligrosas que provoquen daños al medio ambiente se les considerará responsables de remediar esos daños o de sufragar su remedio. Todos los operadores que provoquen daños a la biodiversidad, por acción u omisión, también estarán obligados a poner remedio a los daños. La Comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, ha declarado: «La idea de que el contaminador tiene que pagar es una piedra angular de la política comunitaria. Con la propuesta de hoy, la Comisión envía un mensaje claro: ha llegado el momento de que la UE lleve a la práctica el principio de «quien contamina, paga». Los Estados miembros necesitan poder tratar los daños en el medio ambiente y aplicar unas reglas comunes sobre quién es responsable, qué daños están cubiertos y quién debe sufragar los costes. Las reglas propuestas por la Comisión serán un importante incentivo para evitar en primer lugar que los daños se produzcan». A esto ha añadido: «Todos somos partes interesadas en lo que se refiere a la protección del medio ambiente y a la prevención de daños. Los ciudadanos, la industria y las ONG han esperado por ello durante mucho tiempo esta propuesta importante, con muchas expectativas (de diversa índole). Así, la Comisión ha adoptado la primera medida concreta encaminada a la creación de un régimen medioambiental europeo completo de responsabilidad». La decisión de la Comisión de adoptar esta propuesta refleja su compromiso de luchar contra unas tendencias insostenibles y continuas actuales: reducción de la biodiversidad en Europa y contaminación del agua y del suelo. La propuesta establece un marco basado en la responsabilidad ambiental al efecto de garantizar la prevención o el remedio de futuros daños medioambientales. La propuesta no tiene efectos retrospectivos. El daño medioambiental contemplado incluye el infligido a la biodiversidad protegida a escala comunitaria y nacional, a las aguas reguladas por la Directiva Marco del agua (2000/60/CE), así como la contaminación del suelo que perjudique gravemente a la salud humana. Los poderes públicos desempeñarán un papel importante en el régimen de responsabilidad propuesto, ya que habrán de velar por que los operadores responsables tomen o financien las medidas correctoras necesarias en caso de daño medioambiental. Los grupos de interés públicos, tales como las organizaciones no gubernamentales, estarán autorizadas en virtud del régimen a reclamar en caso necesario medidas de los poderes públicos y podrán recurrir ante los tribunales las decisiones de esos poderes, cuando estas decisiones sean ilegales. Esta propuesta se presentará al Consejo de Medio Ambiente en su reunión de marzo 4. de 2002, con lo que se iniciará el procedimiento legislativo al cabo del cual el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros adoptarán conjuntamente la nueva Directiva. Este procedimiento, denominado de codecisión, tarda generalmente de dos a tres años. Una vez adoptada finalmente la Directiva, los Estados miembros tendrán dos años para incorporarla al Derecho nacional. Fuente: Ayaba |
