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Finalmente, después de fragorosas discusiones y largos cuartos
intermedios, se votó por un pedido de informe y un plazo de 72 horas
para que el jefe de la Comuna explique fundamentalmente dos hechos que
aparecen contradictorios Ocurrieron entre enero y febrero de 2002 y se
vinculan al manejo de la problemática ambiental en el departamento.
Los principales impulsores de esta movida son Amelia Portas (ex Fiscal,
ahora independiente) y Juan Carlos Righi (UCR).
La primera observación es el momento en que De Marchi, apoyado
por los productores, presentó el 7 de enero del año pasado
un pedido de amparo ambiental ante la Fiscalía de Estado por la
posible contaminación en el acuífero.
La segunda instancia observada por los concejales es el documento que
firmó el intendente con la firma Repsol-YPF, el 8 de febrero de
ese año. Es un acuerdo ambiental firmado por el Municipio y la empresa
para tratar todos los temas inherentes a la problemática. Es decir,
dos situaciones que aparecen contradictorias y que abordan el mismo tema:
el posible daño ambiental de la subcuenca por la explotación
petrolera.
La versión del intendente
De Marchi sostiene que las distintas medidas asumidas por él a
principios del año pasado no están vinculadas entre sí.
Sobre el pedido de amparo ambiental remarca que se trató de poner
en consideración ante el Fiscal de Estado la situación de
preocupación que mostraron los productores por la presunta contaminación
de las aguas con que se riegan sus cultivos. El intendente sostiene que
hizo lo que estaba a su alcance con respecto a este asunto y que ahora
es responsabilidad de los organismos provinciales de control, como Irrigación
y la Dirección de Control de Gestión Ambiental.
Y sobre el acuerdo ambiental con la firma señala que se trata
de un ámbito de diálogo para el tratamiento de
esos temas.
De Marchi también admite que para la misma época, principios
del 2002, cerró un acuerdo con la empresa para elevar las tasas
municipales anuales de 200.000 pesos a 800.000.
La firma pagó 650.000 pesos en efectivo y 150.000 en forma de
donación de combustible y pavimento, según señalan
los concejales con la documentación a la vista.
Los ediles que propulsaron este pedido de informe dudan de los argumentos
del intendente. Las suspicacias están a la orden del día,
especialmente porque De Marchi nunca puso en consideración del Concejo
ese acuerdo ambiental que firmó con Repsol-YPF.
Sin embargo según las estimaciones de los mismos concejales oficialistas,
quien terminará más comprometido es el actual secretario
de Gobierno de la Comuna. Se trata de Alberto Canal, que está declaradamente
enfrentado con los agricultores de la zona.
Este funcionario se ha cruzado duramente en más de una oportunidad
con ellos por el tema de la subcuenca que corre por debajo del territorio
que está al Sur del río Mendoza, a la altura de los diques
Las Compuertas y Cipolleti.
Canal ha llegado a negar la existencia de ese famoso acuerdo firmado
por De Marchi y eso lo pone en la cornisa, confirmaron los mismos concejales
demócratas que responden políticamente al intendente de Luján.
Jorge Fernández Rojas
Fuente: Los Andes (Mendoza - Argentina)
Agosto 1, 2003
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