Luján: denuncia ambiental involucra al intendente

El intendente de Luján, Omar De Marchi, tiene hasta el lunes próximo para informar al Concejo Deliberante cómo actuó en el tema ambiental y la posible contaminación petrolera en la subcuenca del Carrizal.

La presión de los productores de esa región lujanina, que vienen denunciando contaminación desde hace más de dos años, se hizo sentir sobre los concejales. A esto se suma la exposición pública de los distintos movimientos de De Marchi sobre el tema.

Todo esto obligó a que el cuerpo deliberativo resolviera el pedido de informes, aunque uno de los proyectos presentados en la sesión de ayer apuntaba directamente al juicio político del intendente.

Finalmente, después de fragorosas discusiones y largos cuartos intermedios, se votó por un pedido de informe y un plazo de 72 horas para que el jefe de la Comuna explique fundamentalmente dos hechos que aparecen contradictorios Ocurrieron entre enero y febrero de 2002 y se vinculan al manejo de la problemática ambiental en el departamento.

Los principales impulsores de esta movida son Amelia Portas (ex Fiscal, ahora independiente) y Juan Carlos Righi (UCR).

La primera observación es el momento en que De Marchi, apoyado por los productores, presentó el 7 de enero del año pasado un pedido de amparo ambiental ante la Fiscalía de Estado por la posible contaminación en el acuífero.

La segunda instancia observada por los concejales es el documento que firmó el intendente con la firma Repsol-YPF, el 8 de febrero de ese año. Es un acuerdo ambiental firmado por el Municipio y la empresa para tratar todos los temas inherentes a la problemática. Es decir, dos situaciones que aparecen contradictorias y que abordan el mismo tema: el posible daño ambiental de la subcuenca por la explotación petrolera.

La versión del intendente

De Marchi sostiene que las distintas medidas asumidas por él a principios del año pasado no están vinculadas entre sí.

Sobre el pedido de amparo ambiental remarca que se trató de poner en consideración ante el Fiscal de Estado la situación de preocupación que mostraron los productores por la presunta contaminación de las aguas con que se riegan sus cultivos. El intendente sostiene que hizo lo que estaba a su alcance con respecto a este asunto y que “ahora es responsabilidad de los organismos provinciales de control, como Irrigación y la Dirección de Control de Gestión Ambiental”.

Y sobre el acuerdo ambiental con la firma señala que se trata de un “ámbito de diálogo” para el tratamiento de esos temas.

De Marchi también admite que para la misma época, principios del 2002, cerró un acuerdo con la empresa para elevar las tasas municipales anuales de 200.000 pesos a 800.000.

La firma pagó 650.000 pesos en efectivo y 150.000 en forma de “donación” de combustible y pavimento, según señalan los concejales con la documentación a la vista.

Los ediles que propulsaron este pedido de informe dudan de los argumentos del intendente. Las suspicacias están a la orden del día, especialmente porque De Marchi nunca puso en consideración del Concejo ese acuerdo ambiental que firmó con Repsol-YPF.

Sin embargo según las estimaciones de los mismos concejales oficialistas, quien terminará más comprometido es el actual secretario de Gobierno de la Comuna. Se trata de Alberto Canal, que está declaradamente enfrentado con los agricultores de la zona.

Este funcionario se ha cruzado duramente en más de una oportunidad con ellos por el tema de la subcuenca que corre por debajo del territorio que está al Sur del río Mendoza, a la altura de los diques Las Compuertas y Cipolleti.

Canal ha llegado a negar la existencia de ese famoso acuerdo firmado por De Marchi y eso lo pone en la cornisa, confirmaron los mismos concejales demócratas que responden políticamente al intendente de Luján.

Jorge Fernández Rojas

Fuente: Los Andes (Mendoza - Argentina)
Agosto 1, 2003