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Desarrollo y protección ambiental
En el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza,
se encuentra la laguna de Llancanelo. Se trata de una suerte de paraíso
de la biodiversidad en el que habitan más de 130.000 aves. La
Convención Ramsal, celebrada en 1995, incluyó esta privilegiada
laguna en la nómina de los "humedales de importancia internacional".
Desde 1980, además, Llancanelo figura entre las áreas protegidas
de interés provincial.
Este apartado sitio de la geografía mendocina plantea un verdadero
desafío a la sustentabilidad y nos enfrenta a los argentinos a
un dilema nacional, ya que su bello paisaje está situado sobre
un manto de petróleo.
La explotación de hidrocarburos en pequeña escala data,
en la zona, de la década del 30. Pero un nuevo proyecto, presentado
por una empresa petrolera en el año 2000, despertó a la
pacífica comunidad mendocina y la colocó ante uno de los
conflictos ambientales más prolongados que ha tenido la provincia.
.
El estudio ambiental presentado por la petrolera tenía visibles
fallas. Los investigadores y expertos en la materia no tardaron en alzar
su voz de alerta. El derecho constitucional de los habitantes de la provincia
de acceder a la información se ejerció de un modo limitado,
pues no se respetaron los plazos establecidos para que los ciudadanos
pudieran consultar el expediente respectivo.
La audiencia pública correspondiente se convocó para un
día laborable, a las tres de la tarde, en la ciudad de Malargüe,
a más de 400 kilómetros de la capital provincial, y se
realizó cuando aún faltaban algunos informes sectoriales.
De ese modo, se limitó la participación de los posibles
interesados en el tema.
A pesar de la intensa lucha de las organizaciones ecologistas locales
y de los investigadores -sin contar las decenas de correos electrónicos
de todo el mundo que pidieron la protección de ese paraíso
ecológico-, el gobierno provincial autorizó la explotación
en enero de 2003. En febrero, la organización mendocina Oikos
red, dedicada al ambientalismo, presentó una acción de
amparo y la justicia local declaró, hace apenas unos días,
la inconstitucionalidad de la autorización otorgada por el gobierno.
Muchas veces hemos dicho, ante casos similares, que es necesario encontrar
un equilibrio que permita el uso racional de los recursos y el desarrollo
armónico de los pueblos. En Mendoza, el 95% del territorio permite
el desenvolvimiento de actividades productivas, asentamientos humanos,
así como la instalación de polos industriales, con su lógica
carga de impactos ambientales y sociales. El restante 5% son espacios
naturales que la sociedad mendocina ha decidido separar y proteger como
muestras representativas de belleza paisajística y como parte
de un patrimonio natural y cultural que merece ser resguardado para disfrute
de las generaciones presentes y futuras.
Laguna Llancanelo está dentro de este pequeño porcentaje,
y la reacción de muchos mendocinos ante este intento de explotar
hidrocarburos en un área protegida puede ser un síntoma
premonitorio de lo que podría pasar en otras regiones del país,
asediadas por problemas económicos y con potencialidad de generar
riquezas sin medir las consecuencias que tendrían, en el mediano
y en el largo plazo, la explotación minera y petrolera y los emprendimientos
hidroenergéticos.
Es imprescindible realizar un análisis intersectorial para permitir
la adecuación de la provincia a esa nueva realidad, especialmente
debido a la existencia de un sistema de evaluación de proyectos
que no promueve la correcta información y la participación
públicas y que otorga una amplio grado de discrecionalidad a quien
tiene la facultad de tomar una decisión que está llamada
a tener efectos transgeneracionales.
No se trata de impedir el progreso, sino de permitir un desarrollo equitativo
y armónico por medio de actividades que no anulen la posibilidad
de generar otros emprendimientos a menor escala, ambiental y económicamente
viables, cuyos impactos no sean desproporcionados, ni beneficien a pequeños
grupos en desmedro de las grandes mayorías, lo que básicamente
constituye el principio de la justicia ambiental.
Este caso constituye un buen ejemplo de cómo se puede alcanzar
el desarrollo sustentable y acerca del mejor modo de asegurar que los
miembros de una sociedad recuperen y ejerzan sus derechos ciudadanos
de vivir en el mejor ambiente posible sin renunciar a las necesidades
económicas.
Hoy Laguna Llancanelo se debate entre la explotación de hidrocarburos
y el turismo ecológico. Quizás ambas actividades puedan
coexistir si en el momento de analizar una propuesta que afecta un área
de inmenso valor natural, como en este caso, el sistema político
garantiza los elementales derechos de información y participación
ciudadana, incluyendo -así- el valor de la sustentabilidad en
sus decisiones.
Fuente: La Nación (Argentina)
Agosto 13, 2003
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