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Romina Picolotti explicó las perspectivas del conflicto
con las papeleras Botnia y Ence
· Si reclamamos ante La Haya podemos lograr el retiro del Banco Mundial.
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Los directivos que fueron presos y tuvieron multas en España hoy
están dirigiendo ENCE en Uruguay.
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La instalación de estas plantas provocará severas violaciones
de derechos humanos. Ya han habido muchísimas violaciones a la
Ley.
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Todos aquellos, personas o entidades, que de alguna manera estén
facilitando la instalación de Botnia y ENCE son cómplices
de estas violaciones.
Paraná, Entre Ríos, 25 abril 2006 (Prensa Proteger).- Un
panel organizado por la Facultad de Ciencias de la Gestión de
la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), contó como
disertantes al ingeniero Gabriel Moguilner, subsecretario de Desarrollo,
Ecología y Control Ambiental de la provincia de Entre Ríos,
y a la doctora Romina Picolotti, abogada especialista en Derecho Ambiental,
presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambientales (CEDHA) y representante
legal del Gobierno de Entre Ríos y de 39.633 ciudadanos de Gualeguaychú,
quien acaba de recibir el Premio Sofía.
Romina Picolotti disertó sobre el derecho humano a un ambiente
sano, la protección jurídica del medio ambiente, las normas
nacionales e internacionales implicadas en el caso de las pasteras de
Fray Bentos, la responsabilidad de las empresas y los reclamos ante tribunales
internacionales.
¿Cuál es la estrategia jurídica?
RP: La estrategia jurídica del caso siempre obedeció al
objetivo de intentar incrementar los niveles de responsabilidad legal
de todas aquellas personas o entidades involucradas en el caso. Por un
lado al Estado uruguayo que tiene un grado de responsabilidad importante,
por otro lado a las empresas, por otro a los empresarios, por otro a
la banca multilateral (el Banco Mundial), a las agencias de exportación
de los países involucrados y en último lugar la banca privada.
La instalación de estas plantas provocará severas violaciones
de derechos humanos en habitantes de la zona, o por lo menos entre los
que habiten la zona de impacto ambiental directa, que según una
metodología internacionalmente utilizada es de 50 Km. a la redonda.
También va a afectar el derecho a la salud, el derecho a la vida,
el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la propiedad, que son
todos derechos humanos. Entonces todos aquellos, personas o entidades
que de alguna manera estén facilitando la instalación de
Botnia y ENCE son cómplices de estas violaciones, cada uno en
un grado de complicidad tiene una responsabilidad legal a la que nosotros
estamos apuntando.
¿Quienes son los responsables?
RP: El primer responsable es el Estado uruguayo que autoriza estos emprendimientos,
pero además están las empresas Botnia y ENCE, el Banco
Mundial y algunos bancos privados y agencias que son empresas del Estado
de Finlandia y de España.
¿Qué es lo que hemos hecho?
RP: Cada uno de estos actores tiene un marco jurídico aplicable.
El Estado uruguayo tiene que respetar el estatuto del río Uruguay,
pero también es signatario del Pacto de San José de Costa
Rica. Lo único que podemos hacer como ciudadanos con respecto
al Estado uruguayo es presentar una denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por violaciones de derechos, y de
hecho esto es lo que hicimos en setiembre de 2005.
¿Que pasó con esa denuncia?
RP: La comisión aceptó la denuncia e inmediatamente le
solicitó información al Estado uruguayo sobre la contaminación
y el impacto sobre los derechos humanos.
El Estado uruguayo contestó, pero no exactamente las preguntas
de la comisión y se empezó a generar todo un debate en
la Argentina con respecto a que esto era un conflicto bilateral. Y la
comisión entiende que como es un conflicto bilateral y no es el
Estado argentino quien esta demandando, sino que somos ciudadanos particulares,
es una cuestión entre Estados y por lo tanto prefieren no proseguir
con el caso. Esto no significa que se retira, sino que lo tiene para
el estudio hasta ver cuál va a ser la posición entre los
Estados.
¿Qué se hizo respecto de la banca multilateral?
RP: Botnia y ENCE solicitaron a la Corporación Financiera Internacional
(CFI) un total de 400 millones de dólares y a la organización
multilateral de garantías de inversión (OMGI) una garantía
de inversión que va entre 300 y 500 millones de dólares.
Es decir en total alrededor de 900 millones de dólares entre créditos
y garantías de inversión. El Banco Mundial tiene que responder
a ciertos procedimientos internos para dar estos créditos, y la
CFI y la OMGI incurrieron en numerosas irregularidades con respecto al
cumplimiento de los requisitos, nosotros detectamos esas irregularidades
y las denunciamos ante un organismo que creó el mismo Banco Mundial,
que es la Ombudsman.
Como consecuencia de esta denuncia, la mano derecha de la Ombudsman vino
una vez a la Argentina y ella misma se reunió con todas las partes
interesadas, incluyendo los empresarios, e hizo un informe preliminar
muy favorable para nosotros, estableciendo que el Banco había
violado sus propios procedimientos e hizo una auditoría que es
lo máximo que puede hacer la Ombudsman dentro del Banco Mundial.
¿Cuales fueron las consecuencias más importantes
de este informe?
RP: El directorio del BM estaba listo para tratar estos créditos
en agosto del año pasado, pero al existir esta denuncia el BM
cancela esta fecha y se empiezan a generar una serie de procedimientos
incluyendo el estudio de impacto ambiental acumulativo transfronterizo.
Hoy Botnia y ENCE todavía no han podido acceder a esos 900 millones
de dólares, y esto tiene una repercusión muy importante,
no sólo con respecto al acceso al dinero, sino por el efecto que
esto genera en los mercados. Porque al demorar esta decisión,
se está llamando la atención a los bancos privados y a
los mercados del mundo, que no ven con ojos favorables a esta indecisión.
Mientras más se demore el Banco (BM) más nos conviene a
nosotros porque se comienzan a derrumbar las acciones, otros bancos se
comienzan a retirar y de hecho es lo que está sucediendo.
¿Y respecto a la banca privada?
RP: Los principales bancos involucrados eran: ING, que representa al
banco de Holanda, BBVA que es uno de los bancos mas importantes de España,
Caja Madrid, Santander y NORDEA. Algunos de estos bancos también
tienen que responder a ciertas políticas operativas del banco,
como por ejemplo los Principios de Ecuador; estos compromisos son siempre
voluntarios, y representan una presión pública y por primera
vez en la historia un organismo denuncia frente a cada uno de los directorios
de estos bancos y ante los accionistas, que si estos financian van a
tener consecuencias legales y patrimoniales muy importantes, y sobre
todo no van a cumplir con los compromisos asumidos, y serán cómplices
de violaciones de derechos humanos.
¿Cuales han sido las repercusiones de esas denuncias?
RP: ING anunció que ya no considera financiar a Botnia, quien
le había solicitado 480 millones de dolares, ya tenemos 1.380
millones de dólares, entre creditos y garantias de inversion,
que hemos logrado retirar y/u obstaculizar. Además bajaron las
acciones de Botnia en la bolsa, lo que significa que el riesgo sube,
y si el riesgo sube es más caro asegurar y ya no todos quieren
asegurar. Esto no significa que estamos parando a las plantas, eso hay
que entenderlo también, siempre hay gente en el mundo o instituciones
dispuestas a prestar dinero, pero no a la misma tasa y de alguna manera
esto juega al final del día con respecto a la intransigencia que
ha mostrado Botnia y la soberbia que ha mostrado de no querer dar información
y no querer colaborar realmente en la solución del conflicto como
pasó hace 15 días cuando se cayó el acuerdo de ambos
presidentes.
Con BBVA tenemos una reunión ahora a finales de abril, a esta
reunión también está invitada ENCE por el mismo
BBVA. También está prevista otra reunión con NORDEA.
LA Fundación Sofia, en el anuncio público del premio, solicitó a
NORDEA que aclare cuál va a hacer su compromiso con respecto a
este caso y al cumplimiento de la legislación de derechos humanos
y ambiente.
¿Y con respecto al Estado?
RP: La inversión de Finlandia en Uruguay es la más importante
inversión de una companía finlandesa en el extranjero de
toda la historia de ese país. Tal es la importancia que hay un
tratado de inversión firmado entre Finlandia y Uruguay para garantizar
que Uruguay no modifique lo acordado, porque ante cualquier cambio de
reglas de juego se presenta una demanda ante el CIADI, que es un tribunal
arbitral, estas demandas son por millones de dólares, y donde
siempre pierden los Estados porque el criterio del tribunal es, en caso
de duda, fallar a favor de la inversión, a favor de la empresa.
O sea que cualquier cambio en las reglas del juego, ya sea cambio de
lugar, cambio de tecnología, paralicen las obras, cualquiera de
estas cosas ya es suficiente para que Uruguay sea llevado ante el CIADI.
La otra agencia involucrada es Finnvera que pertenece al Estado finlandés,
Botnia le pidió créditos el año pasado y todavía
no se ha expedido. Presentamos una demanda de solicitud de información
a Finlandia en virtud de la Convención de Aarthus.
En cuanto a España, están involucrados la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación
(CESCE), 51% pertenece al Estado español y el Instituto de Crédito
Oficial de España que pertenece 100% al Estado español.
La Cancillería española declaró públicamente
que se mantenía neutral en este conflicto que era un conflicto
bilateral entre dos Estados hermanos de España y que por lo tanto
ellos se mantendrían al margen. Pero entonces si España
se mantiene neutral sus empresas no pueden estar financiando ENCE, más
si consideramos los antecedentes que tiene ENCE en Pontevedra. Como ustedes
saben ENCE en Pontevedra fue denunciada penalmente, se ganó ese
juicio, dos de sus directivos fueron presos y otros tuvieron que pagar
multas por delito ecológico. Los directivos que fueron presos
y tuvieron multas hoy están dirigiendo ENCE Uruguay imagínense
ustedes. Creemos que si Ence hoy no está construyendo es porque
hemos obstaculizado el dinero que preveía recibir.
¿Con respecto a los empresarios?
RP: Ellos están cometiendo un delito en grado de tentativa porque
todavía la contaminación no se produjo, pero que esté en
grado de tentativa no significa que no sea ilegal y que no sea una infracción
penal, simplemente es una pena menor porque no logró consumarlo.
Entonces tenemos denunciados a todos los empresarios, desde el presidente
de Botnia para abajo, desde el presidente de ENCE para abajo. Logramos
que la fiscal abra la investigación penal, en este momento el
juez libró una serie de medidas de prueba, mañana tenemos
una audiencia muy importante en la cámara Federal de Entre Ríos
en donde se va a discutir el tema urgente. Nosotros hemos planteado dentro
de la acción penal una medida urgente para evitar que se ingrese
y egrese mercadería por territorio argentino porque creemos que
la construcción de las plantas es el elemento idóneo para
la consumación del delito y por lo tanto la Justicia Penal tiene
la obligación de evitar que se consume. La Justicia Penal admite
que los hechos son suficientemente verosímiles como para abrir
una investigación penal, es muy alta la probabilidad de delito
con grado de tentativa, la justicia penal no puede permanecer espectadora
frente a la consumación de un delito. Entendemos que su obligación
en este caso es prevenir. Ese es el argumento que nos rechazó el
Juez Federal Dr. Quadrini y que ahora estamos apelando en la Cámara.
En ese sentido, vamos a estar en Concepción del Uruguay en una
audiencia con Quadrini solicitándole una medida de urgencia que
oficie a todos los organismos de crédito involucrados que existe
una investigación penal abierta. Porque eso también va
a tener un impacto en los mercados.
Rumbo a La Haya
RP: Hemos recorrido un largo trayecto diplomático que no ha dado
los frutos esperados en cuanto a la resolución del conflicto,
pero sí nos ha posicionado muy bien jurídicamente en cuanto
a evidenciar todas las violaciones del estado uruguayo. Hemos tenido
una reunión en Cancillería hace diez días aproximadamente,
en donde el canciller se comprometió a que estaríamos presentando
esto ante la Haya la última semana de mayo.
Creo que a la Argentina la asisten dos cosas; en primer lugar la convicción
demostrada principalmente por la gente de Gualeguaychú, y en segundo
lugar la asiste el derecho y la razón.
Realmente ha habido muchísimas violaciones a la Ley y creemos
que en ese sentido nos asiste el Derecho. Plantear el cas ante la Haya
puede implicar el retiro del BM; y con el retiro de éste (el BM),
el retiro de muchos que vienen atrás. Simplemente porque el Banco
no podría estar tomando parte de un conflicto internacional planteado
ante La Haya. Sería tomar parte de un litigio internacional entre
dos Estados, algo muy complejo, y tanto Uruguay como Argentina son accionistas
del Banco. AL\l Banco se le dificultaría mucho salir de esa situación
y eso nos favorecería porque implicaría abrir un espacio
de negociación real que hasta hoy no ha existido. Lo que más
nos favorece a los argentinos y uruguayos en este momento (porque acuérdense
que los uruguayos van a ser los más contaminados), es sentarnos
con un Tribunal internacional como La Haya en el marco del proceso que
sirva como mediador y como garantía del proceso, y salgamos con
un acuerdo lo antes posible porque el tiempo en este sentido no está corriendo
a nuestro favor.
Fuente: Proteger (Argentina)
Abril 28, 2006
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