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Acuerdo con una fundación La firma del convenio estuvo a cargo del ministro de Medio Ambiente, Marcelo Vensentini; del presidente de la Comisión de Ecología de la Legislatura porteña, Juan Manuel Velasco, y del director ejecutivo de la FARN, Daniel Sabsay. El convenio "tiene como objetivo dictar un Código Ambiental que reúna, ordene y profundice los lineamientos constitucionales de protección ambiental para la ciudad", se explicó durante el acto que se realizó en el microcine del Palacio de Gobierno. Es que la Constitución de la ciudad de Buenos Aires establece que se dictará un Código Ambiental, pero eso aún no sucedió. "Durante mucho tiempo vinimos trabajando en conjunto con la Legislatura, especialmente en los temas ambientales, tanto en lo que se refiere a las normas como a los procesos para reglamentarlas. Pero siempre quedaba pendiente esta deuda del Código Ambiental", explicó Vensentini. El funcionario dijo que lo primero que se va a hacer es la preparación de un digesto con todas las normas ambientales que tiene la Capital, que se conocerá en las próximas semanas. "Pero el Código implica una sistematización que es necesaria", agregó el ministro. "Este es un proceso que tenemos que hacer con la sociedad civil, por eso decidimos firmar este convenio con la FARN, que dirigirá el trabajo", continuó Vensentini. El convenio también establece que la FARN deberá prestar asesoramiento y asistencia técnica para la realización de un proceso de elaboración participada de normas, en tanto que el ministerio y la Legislatura acordarán la invitación de organizaciones dedicadas a la transparencia institucional para el monitoreo del proceso, como también la de reconocidas organizaciones vinculadas con temas ambientales. Velasco, por su parte, elogió la iniciativa: "Es una deuda constitucional que tenemos pendiente con los porteños. Y cuando uno analiza la complejidad que tienen los temas ambientales se da cuenta de lo necesaria que es esta herramienta". Varias leyes La ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad importante de leyes que protegen el ambiente. Una de ellas, que el gobierno debe aplicar ante cada emprendimiento que pretenda realizar, es la ley 123 de impacto ambiental. Pero también están la ley de ruido, que establece los niveles sonoros tolerables y sancionables; la ley de educación ambiental, cuya reglamentación está en trámite y que incluirá el ambiente en las currículas de las escuelas porteñas; la ley de minimización de residuos, que pretende disminuir la cantidad de basura que va a los rellenos sanitarios, y la ley del aire, entre las sancionadas más recientemente por la Legislatura. Sin embargo, hay otros temas, como por ejemplo los residuos patogénicos, sobre los cuales no existe legislación. "Por eso lo primero es el digesto. Esa herramienta nos va a permitir determinar si existen lagunas jurídicas. Esa documentación preliminar funcionará como diagnóstico", explicó Sabsay a LA NACION. "Pero lo que hay que destacar es que este hecho es un hito. No hay mucha experiencia en la Argentina de elaboración participada de normas, y de códigos directamente no existe. Si se repitiera más seguido podría comenzar a cambiar nuestra cultura política", subrayó el constitucionalista. Para realizarlo, la ONG tiene un período de tres años y medio. "Esta norma está pensada como un proceso de doble lectura. La mejor manera de que llegue a la Legislatura y sea votada por la mayoría es asegurar el consenso. Aquí se podría hablar de «anomia boba», que se produce cuando existe un exceso de normas mal compaginadas", dijo Sabsay. Aunque el constitucionalista aclaró que el citado Código no estará por encima de las leyes, "debe regir el principio de congruencia: debe existir una coherencia según la cual el eje de la norma más importante debe prevalecer". El gobierno y la Legislatura porteña trabajan ahora en un plan urbano ambiental, pero su tratamiento, según los especialistas, parece cada vez más lejano. Por Laura Rocha
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