BAHÍA SAN BLÁS:
Amparo por especies migratorias
Bahía San Blas constituye, debido a las características ambientales de sus costas, un área de gran relevancia para la biodiversidad.

Zona de nidificación y migración de aves playeras en la cuál se localiza un sesenta por ciento de la población reproductiva global de la Gaviota de Olrog (Larus atlanticus), especie considerada vulnerable a nivel mundial; área de reproducción y cría de peces e invertebrados marinos, muchos de ellos de alto valor ecológico y también comercial; hábitat y única área de reproducción conocida del delfín Franciscana (Pontoporia blainvillei), actualmente el cetáceo más amenazado del Atlántico Sur.

Debido a estas características, la Provincia de Buenos Aires declaró a Bahía San Blas, Reserva Natural quedando prohibida la pesca en todas sus variantes con excepción de la “deportiva”, permitida por el decreto reglamentario 218/95.

Paradójicamente, el mismo organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Reservas Naturales (el Ministerio de Asuntos Agrarios y de la Producción de la Provincia de Buenos Aires), desde hace varios años ha venido otorgando permisos de pesca dentro de la zona de reserva. Estos permisos posibilitan que los barcos y las lanchas de pesca artesanal ingresen a este frágil ecosistema haciendo peligrar su viabilidad.

El lunes 30 de agosto de 2004, viendo el gran impacto que la actividad manifiestamente ilegal produce sobre el ambiente, el Consejo de Desarrollo Turístico de Bahía San Blas en interés de los vecinos del lugar, luego de inútiles intimaciones para que el Ministerio desista de su actitud arbitraria, patrocinados por los doctores José Alberto Esain y Guillermo Marchesi (ambos con vasta trayectoria en derecho ambiental), han presentado un amparo ante el Juzgado Federal No 2 Secretaría No 4 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Ramón Dardaneli Alsina. La presentación tiene por objeto la protección de la fauna migratoria, siendo avalada por numerosos estudios técnicos y contando con el apoyo de ONGs conservacionistas y renombrados académicos.

Hoy, en tiempos en que la sociedad civil ha ingresado al control de los actos públicos debido a la desidia de las autoridades, somos entonces testigos de otra “pueblada”, aunque ahora mediante un carril novedoso: el del activismo judicial. Se le pide al Juez que ordene el no ingreso de las embarcaciones comerciales al área, a los efectos de prevenir lo que sería una catástrofe ecológica. No volverán a la vida los delfines muertos en las redes de los barcos una vez que estos hayan ingresado en la zona de reserva. Por tal motivo la justicia debe anticipar su mandato y prevenir aquello que es manifiestamente ilegal y dañoso.

La sociedad civil ha comenzado a ejercer un activo control, haciendo suya la participación tantas veces declamada y generando un control responsable de las actividades que se ciernen sobre los bienes de pertenencia colectiva. Así, el Consejo de Desarrollo Turístico de San Blas ha decidido recurrir a las justicia, para que prevenga lo que inminentemente será un daño ambiental de grave envergadura.

Nuestra generación es hoy custodia de la salud del ambiente de las generaciones futuras y hace efectiva esa custodia ejerciendo su derecho de recurrir a la justicia para que actúe antes de que el daño se concrete.

Fuente: Liliana Olveira (Argentina)
Septiembre 07, 2004