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MEDIO AMBIENTE: PULSEADA POR UN EMPRENDIMIENTO EN LA ZONA DEL PUERTO
Nación y Ciudad pelean por una planta
de residuos hospitalarios
Quieren instalarla cerca de Puerto Madero
y la Reserva Ecológica.
Si la abren, la Comuna dijo que la clausurará. Objeta su ubicación,
pero también que el Gobierno nacional decida sobre su habilitación.
Un expediente abierto a fines de los 90, tras andar varios años
a la deriva, podría encallar ahora en un puerto conflictivo: una
empresa espera los detalles burocráticos finales para instalar
una planta industrial de residuos hospitalarios en un predio costero
ubicado a unos 400 metros de la Costanera Sur, de Puerto Madero y de
la Reserva Ecológica. "Si se abre, la clausuramos",
amenazó el Gobierno porteño, que exige tener la palabra
final para la habilitación y objeta su ubicación. La empresa
dice que la Procuración del Tesoro de la Nación, al dictaminar
que el predio es de jurisdicción nacional, les despejó el
camino. Diferentes ONG ambientalistas plantearon ya sus reparos.
El predio está ubicado en la Dársena Sud, al 1359 de la
calle Benito Correa, próximo al Casino flotante. Por la resolución
Nº 149 de noviembre de 2000, la Administración General de
Puertos (AGP) le otorgó el uso de este te rreno costero (de 3.836
m2) a la empresa Limpia Buenos Aires S.A., para emplazar allí una
planta de tratamiento de residuos patogénicos. Al no tener la
Ciudad una planta de este tipo, los hospitales y centros de salud públicos
y privados de la Ciudad envían actualmente sus residuos al conurbano
(Tigre, Quilmes, Sarandí y Lanús) y a Santa Fe.
"
La tecnología a usar para tratar los residuos hospitalarios no
es de las más contaminantes", explicó un experto de
la Secretaría de Ambiente de la Nación. El método
es conocido como "autoclave" o "autoclavado": mediante
presión y temperatura se le quita al residuo la patogenicidad
y se matan las bacterias. Los restos van después a un relleno
sanitario. Otra tecnología usada son los hornos pirolíticos,
pero la incineración está prohibida en la Ciudad. "Olores,
la posibilidad del vertido de líquidos en el río o el tránsito
de los camiones de transporte son factores que tornan desaconsejable
instalar una industria en este enclave turístico y urbanístico. ¿Por
qué aquí?, es la pregunta", afirmó el experto.
Según un inspector de la Administración General de Puertos, "la
planta respeta normas y estándares ambientalistas exigidos".
De todos modos, como surge del expediente, un informe técnico
de la Secretaría de Ambiente de la Nación rechazó el
estudio de impacto ambiental que aportó la empresa.
¿Quién decide si se instala o no la planta? El expediente 1-5351-3745/99
exhibe en sus páginas un festival de tironeos entre dependencias
nacionales y porteñas. Ese expediente está en la Secretaría
de Ambiente de la Nación, la encargada de definirlo. "No
haremos declaraciones hasta que se resuelva el expediente", se atajó el
titular de esa dependencia, Atilio Savino. Aunque reconocen, por lo bajo,
que "ya no habría impedimentos legales para no habilitar
la planta", aseguran que se convocará a una audiencia pública
para que los sectores fijen sus posiciones.
Eduardo Epsztein, secretario de Producción porteño (a cargo
de Medio Ambiente), fue terminante: "Por ley, la Ciudad tiene la
decisión final. Si abren la planta, la clausuramos al otro día." El
subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Vensentini, agregó: "Para
instalar la planta, la empresa debe seguir lo que indican las leyes porteñas:
se presenta un proyecto, un estudio de impacto ambiental, se hace una
audiencia pública y finalmente el proyecto pasa a la Legislatura." En
la Ciudad hay malestar con la empresa: recuerdan que le clausuraron el
inicio de obra de la planta porque no habían presentado los planos.
"
No tenemos nada que hablar con la Ciudad. Ya cumplimos con todos los
requisitos: un dictamen dice que la Nación tiene jurisdicción
sobre el Puerto, por lo que se nos ha despejado el camino. Esperamos
que la Secretaría de Ambiente de la Nación nos dé la
habilitación", dijo Fabián Parra, director de la empresa
Limpia Buenos Aires.
Parra alude a un dictamen de junio, firmado por el
actual ministro de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, cuando era el procurador
del Tesoro: "El certificado de radicación industrial debe
ser expedido por la Administración General de Puertos",
concluyó entonces Rosatti.
A su vez, el diputado nacional Federico Pinedo (macrista) ya solicitó al
Poder Ejecutivo Nacional que "dé instrucciones a la Administración
General de Puertos de que se abstenga" de otorgar habilitaciones "en
terrenos del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires (...) y, en caso en
que las hubiere otorgado, proceda a rescindirlas".
El 3 de setiembre, la Corporación Puerto Madero envió una
nota al Gobierno de la Ciudad. En ella se manifestaba la inquietud de
los vecinos del barrio porteño más nuevo (donde el metro
cuadrado se cotiza entre 1.200 y 2.700 dólares) ante la posibilidad
de la instalación de la planta.
Horacio Aizpeolea -
haizpeolea@clarin.com
Fuente: Clarín (Argentina)
Noviembre 05, 2004
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