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La UE levanta hoy la moratoria de transgénicos
sin el consentimiento de la mayoría de los países "Greenpeace se pregunta por qué la Comisión Europea pretende aprobar el maíz Bt-11 cuando no se dan las condiciones para garantizar la inocuidad de este tipo de cultivo para el medio ambiente y para la salud y cuando la mayoría del público europeo no quiere comida transgénica en sus platos, ni organismos modificados geneticamente en el campo" -ha declarado Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace. "Es vergonzoso que la UE apueste por defender los intereses de las corporaciones a costa de lo consumidores y del medio ambiente". El Bt 11 es precisamente el maíz que transportaba el buque Winner procedente de Argentina en el que, el pasado 28 de abril, activistas de Greenpeace protagonizaron una acción de protesta. La compañía Nidera, propietaria del cargamento de soja y maíz, se negó entonces a identificar el tipo de mercancía y no permitió a Greenpeace analizar la documentación de la carga. Sin embargo, los resultados de los análisis practicados a las muestras tomadas en el transcurso de la acción confirman las sospechas de la organización: tanto la soja como el maíz contenían transgénicos. En el caso del maíz, además de la presencia de Bt 176 -el maíz que España lleva cultivando en solitario en la UE desde 1998 y que está directamente vinculado a graves impactos ambientales, sanitarios y económicos-, el barco transportaba un maíz ilegal para consumo humano: el Bt 11. La nueva legislación sobre etiquetado y trazabilidad, vigente desde el 18 de abril de este año, obliga a etiquetar todos aquellos alimentos o piensos que contengan derivados de cultivos transgénicos autorizados por la UE. Sin embargo, en lo que se considera un serio ataque a la seguridad alimentaria y al medio ambiente, existe una medida transitoria que permitirá, durante los próximos 3 años, la presencia en nuestros alimentos, sin obligatoriedad de etiquetar, de hasta un 0,5% de determinadas variedades que aún no hayan sido autorizadas, como el maíz Bt 11. Greenpeace exige al Gobierno español que, mientras los transgénicos no estén prohibidos, al menos se aplique la legislación en vigor, se inspeccione inmediatamente la documentación, se investiguen los usos que Nidera haga de este maíz y se hagan públicos los resultados. Este tipo de inspecciones deben realizarse en cualquier barco que pudiera contener transgénicos. "Ante la duda de si será utilizado para consumo animal o humano y en qué porcentajes, ante la falta de información sobre la naturaleza del conjunto de este cargamento y sobre si cumple o no con las nuevas normas de etiquetado, que las autoridades aduaneras y sanitarias no controlen la entrada de transgénicos es una absoluta falta de responsabilidad", ha declarado Carrasco. Greenpeace espera que el Gobierno de Zapatero ponga en marcha los mecanismos de inspección y control que exige la legislación europea e internacional y que el anterior gobierno pasó por alto. La organización ecologista defiende el derecho de los ciudadanos a elegir su alimentación, sobre todo teniendo en cuenta los cuatro millones de toneladas de soja y el más de medio millón de de maíz transgénicos que entran en los alimentos de los españoles sin su conocimiento. Fuente: Greenpeace (España) |
