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Contaminación visual: una solución
a paso lento
El gobierno sólo puede retirar el 46%
de los carteles de la Lugones
El riesgo que provocan alcanza tanto a los conductores
como a la seguridad aérea
* La Ciudad intimó a menos de la mitad de los propietarios
* El plazo para retirar las publicidades expira en los próximos
días
* Hay juicios abiertos que impiden quitar el resto
El problema de la obstrucción visual generada por los carteles
publicitarios instalados sobre la avenida Lugones no terminará cuando
-a fines de esta semana, según informó la Unidad Polivalente
de Inspectores (UPI) porteña- los 83 propietarios intimados a
retirarlos efectivamente lo hagan o el Gobierno de la Ciudad los retire
por la fuerza, medida contemplada para los casos de incumplimiento.
Sucede que estas 83 marquesinas constituyen sólo un 46,6 por ciento
del total de 178 emplazadas a lo largo de la avenida Lugones, entre las
avenidas General Paz y Sarmiento. Con los dueños de los otros
95 (el 53,4 por ciento), la Ciudad mantiene juicios que impiden actuar
al Poder Ejecutivo local, por lo que su desaparición dependerá de
los tiempos de la Justicia.
Así lo confirmaron a LA NACION voceros de la Secretaría
de Control Comunal y la coordinadora de la UPI, Ana Fernández.
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Los juicios en curso obedecen a violaciones de distintas ordenanzas y
del Código de Planeamiento Urbano. En principio, el entorno de
la Lugones fue rezonificado como "urbanización parque" y,
por lo tanto, está prohibida la instalación de carteles
publicitarios", relató Fernández.
Y agregó: "Pero también existen cuestiones concernientes
a la obstrucción visual y a la seguridad aérea. Y, más
allá de las cuestiones legales, efectivamente hay un exceso de
carteles".
Cabe recordar que si bien no existen estudios científicos que
cuantifiquen su influencia, a esta contaminación visual se atribuye
la falta de concentración de los conductores de vehículos
y los accidentes de tránsito consecuentes.
Querellas en curso
Dentro de estas 95 marquesinas con procesos judiciales en curso figuran
las emplazadas al este de la avenida, sobre las vías del tren,
en el predio perteneciente a Ferrocarriles Metropolitanos SA (Femesa)
Residual.
Las autoridades -según pudo saber LA NACION- también han
querellado a varios clubes e instituciones, como el Club Hípico
Argentino, el Círculo Oficiales de Mar, el Cenard, la ESMA y la
Fuerza Aérea. "En estos casos no podemos intervenir",
coincidieron las fuentes.
En tanto, por un reciente dictamen de la Procuración General porteña,
el gobierno se hizo eco del amparo presentado por la asociación
civil Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito
(Favat) para que sean retiradas las gráficas publicitarias en
esa zona.
Tal como informó LA NACION oportunamente, esa entidad interpuso
una acción contra la Ciudad en el juzgado contencioso administrativo
y tributario de la Capital N° 5, a cargo de la magistrada Fabiana
Schafrik. Favat solicitó el cumplimiento de un fallo emitido en
1997 por el juez en lo civil Ricardo Lee Rossi, que emplazaba a la comuna
porteña a bajar los carteles de la avenida Lugones en 180 días.
Según el titular de Favat, Gregorio Dalbón, "los automovilistas
pierden entre cinco y 10 segundos al elevar la vista para mirar los carteles,
a una velocidad de entre 70 y 110 kilómetros por hora".
Por la fuerza
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El Gobierno de la Ciudad tomó el reclamo de la asociación
e intimó a 83 propietarios a sacar las publicidades. Se les dio
un plazo de diez días hábiles, que vence a fines de esta
semana. Si no acatan la orden, iremos a retirarlos por la fuerza con
la Guardia de Auxilio, siempre que podamos ingresar a los terrenos",
sostuvieron los voceros.
Esas 83 intimaciones incluyen -de acuerdo con un listado al que tuvo
acceso LA NACION- a los clubes Ciudad de Buenos Aires, River Plate, Alemán
de Equitación, Náutico Bouchard y al Círculo de
Suboficiales de la Fuerza Aérea.
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En realidad, existe una responsabilidad solidaria entre la institución
que cede sus instalaciones para colocar la marquesina y la empresa que
publicita. El Ejecutivo porteño dirigió las órdenes
judiciales a las instituciones", aclaró Fernández.
Si las cumplen o no lo hacen, y las acciones que el gobierno porteño
emprenda en consecuencia, serán pasos decisivos en la definición
del futuro de la contaminación visual sobre la Lugones. También
lo serán los resultados de los juicios en trámite por los
otros 95 carteles.
Angeles Castro
Hacia la ley del aire
La Comisión de Ecología de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires emitió un dictamen favorable a la sanción
de la ley de calidad de aire. La iniciativa promueve, entre otros aspectos,
controles estrictos para la emisión de gases contaminantes en
el ámbito local.
El proyecto original se iba a tratar en la semana del 20 de diciembre
de 2001, pero la crisis política e institucional de entonces cambió la
agenda legislativa y la iniciativa sólo podrá retomarse
en los próximos días.
Según está previsto, deberá ser tratada en la Comisión
de Justicia, pues incluye penas para quienes incumplan la norma. La Comisión
de Ecología solicitó a la de Justicia que apure el trámite
parlamentario para intentar que el proyecto sea tratado en el recinto
en la Semana del Medio Ambiente, que se celebra el mes próximo.
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Es una ley que muchas veces se intentó tratar en la Legislatura
con poca suerte. Ahora tiene un consenso lo suficientemente importante
como para que, tras las consideraciones que deseen hacer los diputados,
pueda ser sancionada a la brevedad", afirmó el presidente
de la Comisión de Ecología, Juan Manuel Velasco.
El proyecto regula todo tipo de fuentes fijas y móviles que emitan
gases hacia la atmósfera, las que, una vez sancionada la ley,
tendrán tres meses para ser registradas como emisores de gases.
Controles periódicos
Posteriormente, esas fuentes serán sometidas a un control periódico
por parte de la empresa, el que tiene que ser presentado ante el Gobierno
de la Ciudad. Además, serán sometidas a controles sorpresivos
y de rutina que disponga la autoridad de aplicación para hacer
un seguimiento de los gases que emiten.
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Hoy, el control es voluntario: se pide a las empresas que colaboren con él.
Si no lo hacen, no hay modo de obligarlas. De aprobarse el proyecto,
este punto cambiará respecto de fuentes fijas. Para las fuentes
móviles la ley establece un sistema de inspecciones técnicas
vehiculares periódicas para todos los que circulan en la ciudad",
agregó Velasco.
Fuente: La Nación (Argentina)
Mayo 17, 2004
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