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Derechos Humanos-EEUU: Greenpeace absuelta
La justicia estadounidense absolvió a la organización ambientalista
Greenpeace Internacional, acusada por el gobierno al amparo de una ley
penal que no se aplica hace 114 años.
El juez de Distrito Adalberto Jordan, de la sudoriental ciudad de Miami,
dejó sin efecto el miércoles la acusación contra
Greenpeace por su protesta contra un barco que cargaba de 70 toneladas
de caoba, ilegalmente talada en Brasil, rumbo al puerto de esa ciudad
estadounidense.
En el tercer día de audiencias, Jordan dijo que la acusación
no había aportado evidencia suficiente como para ser considerado
por el jurado.
”La tradición estadounidense de libre discurso logró hoy
una victoria”, dijo el director ejecutivo de Greenpeace, John Passacantando.
”Pero nuestras libertades no están aseguradas. El gobierno
de (George W.) Bush y sus aliados parecen decididos a sofocar nuestra
tradición de protesta civil, una tradición que ha fortalecido
a nuestro país a lo largo de la historia”, añadió.
Se trata de la primera vez que el gobierno federal estadounidense acusa
a una organización no gubernamental por actos de protesta. El
proceso capturó la atención de los medios de comunicación
nacionales e internacionales.
Personalidades como el ex vicepresidente Al Gore y el senador del estado
de Vermont Patrick Leahy cuestionaron la acusación.
El caso se refirió al abordaje en abril de 2002 del carguero
APL Jade, que transportaba la caoba, por parte de dos voluntarios de
Greenpeace desde una embarcación de la organización.
Pocos meses antes, el presidente Bush se había comprometido a
ayudar a los países en desarrollo a impedir la tala ilegal de
caoba. Por eso, los activistas instalaron en el buque un letrero que
decía ”Presidente Bush, detenga la tala ilegal”.
Los dos activistas, así como otros cuatro que permanecieron en
el barco de Greenpeace, fueron arrestados cuando llegaron a Miami, se
declararon culpables de un delito menor y pasaron el fin de semana en
la cárcel.
Pero 15 meses después, el Departamento (ministerio) de Justicia
demandó en Miami a Greenpeace por violación de una ley
de 1872, aplicada en los tribunales por última vez en 1890.
La norma tenía el objetivo original de impedir que representantes
de burdeles y bares ingresaran a los barcos que tocaban puerto, con el
objetivo de promocionar sus servicios entre la tripulación.
La decisión del juez se basó sobre un tecnicismo, porque
el barco carguero se encontraba a seis millas náuticas del puerto.
”Greenpeace nunca dejará de defender nuestro planeta”,
dijo el activista Tom Wetterer, de Greenpeace, para quien la sentencia
es ”un mensaje de que el gobierno no puede formular cualquier demanda
contra una organización para silenciarla”.
Howard Simon, director en el estado de Florida de la Unión Americana
de Libertades Civiles (ACLU), se preguntó si ”el hecho de
que los fiscales hayan sido arrojados fuera de la corte en dos días
y medio no significa que toda la demanda estaba mal concebida desde el
comienzo”.
De todos modos, el caso aún representa un motivo de preocupación
para organizaciones no gubernamentales que se sienten cada vez más
atacadas por el gobierno de Bush e instituciones vinculadas con él.
El neoconservador American Enterprise Institute y la Sociedad Federal
de Estudios de Derecho y Políticas Públicas crearon en
junio, por ejemplo, el sitio web http://www.ngowatch.org, dedicado a
analizar la estructura y actividades de más de 100 organizaciones
no gubernamentales internacionales, entre ellas Greenpeace.
Estos dos institutos acusan a las organizaciones no gubernamentales
de tener una ”agenda globalista” en perjuicio de la soberanía
estadounidense y del interés nacional.
”Es falso que estas organizaciones sean de base”, dijo la
vicepresidenta del American Enterprise Institute, Danielle Pletka.
La secretaria (ministra) de Trabajo, Elaine Chao, y el fiscal general
John Ashcroft, entre otros funcionarios del gobierno, también
cuestionaron con fuerza a ciertas organizaciones opuestas a políticas
de Washington.
El Departamento de Justicia que encabeza Ashcroft insistió en
que la acusación contra Greenpeace no respondía a motivaciones
políticas sino a la necesidad de afianzar la seguridad del puerto
de Miami.
El parlamentario brasileño Hamilton Cesar, testigo de la defensa
de Greenpeace, dijo al diario The Miami Herald que la sentencia ”ayudará a
luchar contra las actividades ilegales” de empresarios madereros
en su país
Fuente: IPS
Mayo 21, 2004
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