Ecologistas chilenos y bolivianos alertan sobre los negociados que hacen con el agua altiplánica para beneficiar a multinacionales y condenar a la gente a la sed

La actividad minera en el norte de Chile pretende mantenerse con el bombeo de las aguas de Bolivia hacia nuestro país, en tasas muy superiores al actual canal artificial Silala, que no es un río internacional, sino un sistema de canales construido para proveer de agua a las compañías, señaló Bernardo Reyes del Instituto de Ecología Política, que acaba de estar en la hermana nación altiplánica.

Resalta que en el caso actual se habla de 2 mil a 5.000 lt/seg., lo que significa un gigantesco negociado para quienes no sólo explotarán la minería, sino también el agua subterránea de Potosí, para bombearla a Chile al yacimiento Santa Inés de Collahuasi y a otras empresas que reclaman urgentemente mayor cantidad de agua, dejando a la población altiplánica desabastecida del vital elemento a mediano plazo.

Reyes advierte que hoy las cancillerías de Chile y Bolivia analizan el tema de la necesidad de agua no de sus habitantes que no tienen una demanda tan grande, sino para atender la sed inacabable de las empresas mineras multinacionales y pese a que pagan escasos impuestos en Chile, pero que arrasan con nuestros recursos hídricos y destruyen los últimos humedales del norte y a la vez crean una situación de tensión con Bolivia.

Agrega que los 2 ministerios de relaciones exteriores analizan un tratado de libre comercio, donde Chile ofrece a Bolivia algunas prerrogativas, pero donde lo importante es la negociación del agua que la cancillería realiza a nombre de las transnacionales que operan en la zona y que necesitan urgentemente que las aguas de Potosí pasen a nutrir el sistema industrial y minero de empresas como La Escondida, Doña Inés de Collahuasi, Codelco, Soquimich y otras.

Bernardo Reyes acaba de estar en La Paz, en un encuentro de la Comisión para la Gestión Integral del Agua (CGIA) donde participaron representantes de todos los sectores de la nación altiplánica, donde se analizaron los negociados del agua de la empresa Coboreh.

La CGI la integran organismos públicos, privados, federaciones de regantes, ongs y representantes de la sociedad civil preocupados de cómo resolver la problemática del agua en Bolivia y generar una ley participativa del agua, que sea ampliamente debatida y consensuada para proyectar las demandas del vital elemento en los próximos 20 a 30 años, cuidar este recurso y evitar una eventual futura guerra del agua.

Se está frente a un problema grave para seguir avanzando, que parte de las necesidades de algunas empresas mineras que presionan al gobierno boliviano y a la cancillería chilena, señala Reyes, que revela que la empresa Coboreh tiene la concesión mineras de 32.500 hectáreas, para invertir un promedio de 90 millones de dólares bombeando las aguas del acuífero de Potosí al sur de Laguna Colorada.

Indica que trata de recursos subterráneos gigantescos que se pretende sean bombeados a Chile, pero como las lluvias en esa zona de Bolivia no pasa de 50 a 80 mms. por año, entonces tiene una recarga mínima y si se saca de 3 mil a 5.000 lts/sg se está consumiendo un gigantesco río que va a resecar todos los humedales y sistemas hídricos de esa área altiplánica, dejando a más de 300 mil personas en la más absoluta miseria, ya que sin agua no hay posibilidad de desarrollo para ellos.

Reyes señala que la sociedad civil boliviana y la chilena y el Instituto de Ecología Política están muy interesados en aclarar esta situación, mediante un estudio que deje en claro los riesgos que impone estar exportando agua hacia nuestro país, donde la minería multinacional nuevamente puede crear conflictos entre nuestros dos países, que hay que evitar a toda costa

A su juicio la minería debe aumentar la eficiencia del uso del agua y del manejo de recursos hídricos y hacerse más responsable, ya que no pagan ningún canon minero, ni royalties en Chile, pese a que en el caso de países mineros como Australia, este llega al 25 o al 30% o más de lo que extraen y por lo tanto no podemos dejar que las empresas terminen de agotar nuestros recursos hídricos, sequen los humedales y además nos creen un conflicto bilateral con Bolivia tal como ocurrió con la guerra del año 1879.

Concluye Bernardo Reyes que tampoco es correcto que nuestro ministerio de RR.EE. termine trabajando para las mineras y haciendo negociaciones para un problema de eficiencia empresarial en el manejo de recursos hídricos, sobre todo porque agua hay bastante en el mar y si los costos lo compensan ellos tienen que ver el modo de desalinizarla y moverla hacia arriba, porque esa es la única alternativa razonable y no al costo del agotamiento de nuestros recursos naturales y de los de Bolivia, por una explotación que no va a durar más de 10 o 15 años más y luego nos vamos a quedar con un gigantesco problema.

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación y el viceministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Bolivia, estimó que en el norte chileno las necesidades de agua ascienden a 20 mil litros por segundo, de los cuales 2 mil lt/s se ocupan en actividades mineras de Codelco, Soquimich, La Escondida, Quebrada el León e Inversiones Augusta.

Además, se calcula que el 68% de las napas subterráneas del norte grande chileno ya se ocupan en minería e industria, por lo tanto se teme que la escasez de agua en el futuro aumente, sobre todo a la luz de que se pretende aumentar la actividad minera y duplicar la cantidad de agua que se necesita para estas faenas.

Fuente: Instituto de Ecología Política
Junio 27, 2003