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Jerarquizar la autoridad ambiental
La protección y el uso sustentable de los recursos naturales, juntamente
con la erradicación de la pobreza y la modificación de modalidades
impropias de producción y consumo, constituyen uno de los requisitos
esenciales del desarrollo sustentable que nuestro país deberá
abordar en la nueva etapa que comienza. En ese marco, resulta esencial
dar respuesta a temas críticos tales como la problemática
del agua, la energía, la protección de la biodiversidad,
el ordenamiento ambiental, la conservación y el uso adecuado de
todos nuestros recursos naturales, que tanto contribuyen a la calidad de
vida de todos los argentinos.
Esto, de alguna manera, implica la necesidad de poner en su verdadera dimensión
los principios consagrados por las conferencias de las Naciones Unidas
sobre Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) y sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(Río, 1992), así como en la última Cumbre sobre Desarrollo
Sostenible (Johannesburgo, 2002) y -por supuesto- por nuestra Constitución
que consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado,
con el deber correlativo de preservarlo, en aras de un desarrollo que satisfaga
las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer las de las
generaciones futuras.
La grave crisis social, política y económica que afecta a
la Argentina plantea la obligación de encontrar nuevas respuestas
para requerimientos acuciantes, revalorizando la deteriorada noción
de lo ambiental que ha venido sufriendo una constante y sistemática
postergación en los últimos años. Prueba de ello es
la intensa fragmentación que han experimentado las responsabilidades
ambientales en las diversas reparticiones de los últimos gobiernos,
lo que ha implicado una indudable pérdida de jerarquía institucional.
Así, si bien en algún momento se alcanzó el rango
de Secretaría de Estado, dependiente de un modo directo de la Presidencia
de la Nación, la responsabilidad del tema terminó recayendo,
hasta hace pocos días, en una secretaría dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social. Esta desjerarquización estuvo acompañada
por la pérdida de una serie de competencias y dejó al titular
de esa dependencia fuera de las reuniones de gabinete y sin autonomía
presupuestaria para cumplir con su esencial tarea de implementar el desarrollo
sustentable y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables.
El país experimenta hoy la necesidad de insertarse en un mundo en
el cual los aspectos ambientales constituyen un aspecto medular para promover
un adecuado desarrollo. Por eso corresponde llamar la atención sobre
la desacertada decisión de haber colocado a la autoridad ambiental
-en la reciente modificación de la ley de ministerios- bajo la jurisdicción
del Ministerio de Salud. De esa área dependen, ahora, los funcionarios
encargados de asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete
de Ministros en todo lo inherente al medio ambiente, a la preservación
y protección de los recursos naturales y al desarrollo sustentable.
La forma en que se organiza una administración para abordar esas
cuestiones y la manera en que se integra el tema en el proceso de toma
de decisiones públicas refleja el nivel de atención y prioridad
que cada gestión les otorga. Es por eso que, sin desmerecer la idoneidad
de quienes conducen el Ministerio de Salud, corresponde lamentar el criterio
que ha prevalecido respecto del lugar que ocupará en la estructura
orgánica del Estado el cuidado de los asuntos atinentes a la preservación
ambiental. La respectiva agenda contiene cuestiones vinculadas con la conservación,
recuperación, protección y buen uso de los recursos naturales;
el ordenamiento ambiental del territorio, la gestión de los recursos
hídricos; los inconvenientes que se plantean a raíz de la
presencia de infraestructuras y la consiguiente evaluación de impacto
en el medio; la definición de políticas vinculadas con la
información y la cooperación internacional, la conservación
de la biodiversidad, la relación con las organizaciones vinculadas
a los temas ambientales y la aplicación de los tratados internacionales.
Dada la grave crisis que enfrenta nuestro país y la relevancia de
las responsabilidades que impone la conducción del futuro ambiental
de la Argentina, se requiere de estructuras de gobierno aptas, que permitan
articular un adecuado crecimiento económico con desarrollo social,
de acuerdo con el objetivo previsto en nuestra Constitución Nacional.
En una fecha cercana se llevará a efecto en el país una cumbre
intersectorial sobre Ambiente y Desarrollo Sustentable, con la finalidad
de generar acuerdos básicos y líneas de acción prioritarias
en la materia y de identificar prioridades que vayan abordando aspectos
críticos de la política y la gestión ambiental en
la República Argentina. Sería deseable que los nuevos representantes
del sector público no sólo participen activamente del encuentro
sino que reflexionen sobre la promoción de un cambio esencial para
la Argentina, que permita contar con una autoridad jerarquizada en el sector,
que tenga participación en las reuniones del gabinete nacional y
cuente con la autonomía presupuestaria y los recursos necesarios
para poder cumplir su misión de una manera efectiva y eficiente.
Fuente: La Nación (Argentina)
Junio 8, 2003
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