Coletazos del caso CELCO trascienden las fronteras


El impacto nacional e internacional en términos de imagen es la nueva arista del conflicto Arauco, pues, a juicio de empresarios y autoridades, hoy existe el riesgo de dumping ecológico y cuestionamiento permanente de los productos chilenos, lo que para muchos no se mejorará con un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, sino que es un trabajo más de largo plazo.

Más allá del impacto económico que puede generar la paralización de una planta de celulosa como es Valdivia, el efecto que esto conlleva a nivel internacional y la mala imagen que se proyecta del sector forestal, para muchos es el mayor daño que ha dejado el conflicto medioambiental de Celulosa Arauco y Constitución. Así, a la ya cuestionada y sensible imagen que existía de la industria maderera, la cual ha venido trabajando con una política comunicacional que destacaba la preocupación por el recurso renovable como son los árboles promoviendo la forestación, se agrega la reciente percepción de una industria contaminante del Medio Ambiente.

Y es que las llamadas de compradores internacionales y las explicaciones de los vendedores locales no han parado desde enero de este año. Por ello desde un comienzo los principales competidores de Celco, es decir CMPC y Masisa, fueron claros en señalar que se trataba de un hecho específico de una empresa en particular. El propio presidente de CMPC, Eliodoro Matte, en la junta ordinaria de accionistas afirmó categóricamente que "esto es una cosa muy puntual que está referida a una fábrica de celulosa, el resto ha tenido un comportamiento muy adecuado, de acuerdo a la legislación, y así es reconocida la industria celulosa a nivel mundial".

Esto también fue compartido por el presidente del GrupoNueva, Julio Moura, quien sostuvo que no se puede vender maderas o productos derivados en Europa o Japón si no se demuestra al cliente que el producto cumple con las normas ambientales adecuadas y que sus impactos son correctos.

Para el senador Antonio Horvarth, (RN), "la percepción internacional de la que estamos siendo objeto es bastante negativa. Esta situación arriesga al resto de las empresas, ya que si esto pasa en Celco por qué no puede pasar con otra compañía". Para el parlamentario, "cuando una firma, por distintas razones, llega a la situación de Arauco y genera tal grado de conmoción ciudadana por un lado y, por otro, contraviene informes científicos de la Universidad Austral de Chile, genera un espacio en el cual entra a objetarse el punto de vista ambiental, ya no sólo desde Chile, sino por organismos extranjeros".

Agregó que "la gran cantidad de irregularidades que ha habido, donde se destaca una instalación inadecuada, el negarse a hacer una planta de tratamiento terciario, el intentar llegar por ductos generando problemas ambientales en otro lado, el que una consultora para la Conama haya detectado una cantidad importante de irregularidades -como la ampliación de la capacidad de producción y la alteración de parámetros que están fuera de rango- y que tardíamente se haya obligado al cierre de la planta por parte de la Corema, todo esto lleva a la percepción nuestra y también internacional de que en Chile se pueden hacer cosas al margen de la ley".

Por lo tanto, enfatizó que "la institucionalidad ambiental no estaría funcionando y la legislación tampoco se estaría aplicando". De este modo, para Horvarth, "ese escenario es el peor para el mundo exportador local, ya que arriesgamos de que se nos acuse de dumping ecológico y arriesgamos que se haga una campaña internacional con las ONG para que no se compren nuestros productos". En este sentido, valoró la decisión de la empresa de paralizar las faenas hasta que esta situación se aclare, pero siempre que se logre una solución técnica para corregir el daño causado.

El gerente de Comercio Exterior de la Sofofa, Hugo Baierlein, agregó que "hay una sensibilidad grande, como imagen obviamente, que es complicado y nos preocupa porque es uno de los productos top ten de exportación de Chile. Esperamos que tenga el mejor manejo interno posible, porque puede haber graves perjuicios para el país. Además, existe inquietud de que esto también pueda replicarse a otros sectores".

Para la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), es indispensable que se cumplan las normativas medioambientales, pues ello se asocia a la imagen, en este caso, de la industria forestal. Por de pronto, el director del organismo estatal, Carlos Furche, aclaró que "en los distintos tratados que Chile ha firmado no hay nada que desde el punto de vista formal vincule el cumplimiento de la normativa ambiental con sanciones comerciales, y desde ese punto de vista estamos tranquilos", aunque reconoció que la evolución de este tema en cuanto a la imagen-país es un aspecto que preocupa a la autoridad.

Todo lo anterior refleja el propio parecer del holding forestal, y tal como lo reconoció el mismo presidente de Arauco, Alberto Etchegaray, no era posible continuar trabajando con la planta en un ambiente tan adverso. Por eso el principal objetivo que se propusieron los altos ejecutivos del grupo es volver a restaurar la imagen de la compañía, siendo una de las primeras medidas retomar las confianzas en el propio sector, es por ello que rompiendo todos los esquemas, el pasado jueves asistió toda la plana ejecutiva de Arauco al comité ejecutivo extraordinario de la Corporación Nacional de la Madera.

ORIGEN

Por casi seis meses se trató, por diferentes vías, de dar respuesta a un conflicto que cada vez tomaba más vuelo. Aunque en un comienzo se pensó que la resolución de enero, donde se paralizó por casi un mes la planta de Valdivia, sólo respondía a una medida extrema y sin precedentes, pues para muchos era cosa de días, la situación no mejoró. Al contrario, las presiones de los grupos ambientalistas y de los parlamentarios fueron creciendo.

El efecto que esto generaba también se sentía al interior del grupo. Como consecuencia de ello, en marzo, el presidente de Empresas Copec, Felipe Lamarca, presentó su renuncia. Según el mercado, por las diferencias que existían al interior del directorio sobre el manejo del conflicto Valdivia.

Los monitoreos y auditorías a la planta, junto con las presentaciones judiciales, se hicieron cada vez más recurrentes. Las críticas apuntaban a todos los frentes, pues por un lado se responsabilizaba a la empresa y por otro a la autoridad mediambiental y el Gobierno, quienes eran cuestionados por no tomar un rol más activo y ejemplificador.

Pero la gota que rebalsó el vaso fue la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia por parte del Movimiento Acción por los Cisnes, donde solicitaba el cierre de la planta hasta que la empresa no presentara un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, el informe que mandó a hacer la Corema X Región a la Universidad Austral, y donde se concluye que efectivamente los efluentes de la planta Valdivia son responsables del daño ecológico del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, determinarían un nuevo cuestionamiento por parte de la Corema a la compañía, y además sirvió como sustento para que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte y solicitara una demanda reparatoria e indemnizatoria por los daños producidos por la forestal.

Pero esta vez, las resoluciones de Corema fueron más drásticas y a la reducción de 20% de la producción, se sumó la necesidad de hacer un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, donde se establezca una alternativa para la salida definitiva de los efluentes.

La situación se agravó una vez que se conoció que erróneamente se presentó como evidencia un informe, cuya autoría fue atribuida al EULA de la Universidad de Concepción, quien públicamente negó su participación. Esto significó la renuncia de los abogados y una fuerte crítica por parte del Presidente Ricardo Lagos, quien afirmó que la situación de la planta pone en riesgo la credibilidad del país y de la industria.

Después de esto, renunció el gerente general Alejandro Pérez y se cierra la planta. Pero los coletazos siguieron y el viernes último renunció el gerente corporativo de Medio Ambiente de Arauco, Pablo Daud, producto de las desconfianzas levantadas por algunos círculos políticos respecto de su independencia profesional, ya que hasta octubre trabajó en la Conama. En su reemplazo asumió Marcelo Subiabre, que se desempeñaba como subgerente del mismo departamento.

Esta no es la única vinculación de la Conama con Arauco, pues su actual directora, Paulina Saball, fue ex jefa de gabinete de Etchegaray (DC), cuando este fue ministro de Vivienda en el gobierno de Patricio Aylwin.

INFORME RAMSAR

Aunque no es muy concluyente, los científicos Walter Di Marzio y Rob Mclnnes, que integraron la comisión Ramsar que analizó las aguas del Río Cruces en el periodo del 29 de marzo al 4 de abril, sostienen que "dentro de un ambiente estresado, como la parte baja de la cuenca del río Cruces, es posible que las descargas efluentes de la planta Celco hayan sido el factor decisivo para llevar al sistema más allá de un umbral de tolerancia. Sin embargo, existe evidencia empírica limitada para fundamentar esto y para desarrollar más allá de una hipótesis". Así se agrega en el documento que "las causas pudieron haber estado presentes como factores crónicos por un periodo mucho más largo".

Dentro de las recomendaciones que hacen los investigadores, es establecer un comité técnico independiente. También se establece que se debe desarrollar, producir, implementar y hacer evolucionar un plan de manejo de sitio basado en los principios guía del enfoque de manejo del ecosistema.

Estas se suman a la exigencia de la Corema de implementar un nuevo ducto al mar, solución que demoraría más de dos años y sobre los US$50 millones previstos inicialmente pues no podrán hacerlo a través de Mehuín, la misma caleta de pescadores que se opuso desde que comenzó a gestarse el proyecto Valdivia y que obligó a la autoridad a permitir la salida de los efluentes al Río Cruces.

Fuente: Diario Estrategia (Chile)
Junio 14 de 2005