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Chile: crece escándalo por mafia del alerce El escándalo desatado en Chile por el tráfico ilegal de maderas de alerce se agrava con la posibilidad de que la justicia involucre en el caso al senador oficialista Sergio Páez, quien además es presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP). Al mismo tiempo, un informe independiente que trascendió en un diario de Santiago reveló negligencia de las autoridades en la protección de esta valiosa especie forestal, declarada desde 1976 monumento natural y cuya tala está prohibida. El Tribunal de Garantía de Puerto Montt, ciudad a 1.020 kilómetros al sur de Santiago, falló el 17 de este mes que el abogado Carlos Barahona es culpable de injuriar a Páez, pero lo absolvió del cargo de calumnias (imputar falsamente un delito), en una querella que el senador Páez, del cogobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó en su contra. Esto significa que el juez del tribunal, Patricio Rondini, estaría considerando como ciertas las declaraciones en que Barahona acusó a Páez de ejercer influencias ante jefes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y otras autoridades para proteger a una mafia que realiza talas ilegales de alerce. Páez, de 71 años y presidente de la UIP para el período 2002-2005, fue en tanto injuriado por Barahona al calificarlo de ”mafioso y delincuente”, según el fallo del tribunal, aunque el abogado negó haber usado esas expresiones durante el juicio en que declararon 41 testigos, una cantidad inusual. La supuesta existencia de una organización criminal o mafia del alerce se comenzó a develar en mayo, cuando la jueza Rosa Muñoz, de la localidad de Los Muermos, cercana a Puerto Montt, mantuvo bajo arresto durante tres días al director ejecutivo de Conaf, Carlos Weber, en el marco de una causa por corte y tráfico de maderas de alerce. El 17 de mayo, luego de la detención de Weber, la jueza pidió ser relevada de la investigación de tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho que llevaba a cabo en torno al caso, aduciendo que había sido objeto de amenazas de muerte. La Corte Suprema de Justicia evaluó entonces la gravedad de la situación y designó a un juez especial de instrucción, el magistrado de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt Hernán Crisosto, quien deberá establecer la veracidad de las denuncias sobre la mafia del alerce. El alerce es una de las especies más valoradas de los bosques autóctonos del sur de Chile. Tiene un desarrollo milenario por su lento crecimiento, de un milímetro al año, y su madera es altamente resistente a las lluvias y la humedad, por lo cual es codiciada para la construcción de viviendas de lujo. La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo estableció en una investigación que el alerce es traficado por tierra y por mar desde el sur de Chile hacia Santiago y también a Estados Unidos y Canadá. Una pulgada de alerce, que se puede adquirir en sus bosques de origen en el equivalente a tres dólares, se vende en Santiago a 35 dólares y puede llegar a cotizarse a 500 dólares en América del Norte, según la agrupación, cuyo presidente, el ingeniero forestal René Reyes, fue uno de los testigos de cargo contra Páez. La dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) emitió en 1976 un decreto que declaró monumento natural al alerce, prohibiendo desde entonces su tala y autorizando solo la explotación de árboles muertos de esta especie. El día 17, el diario La Tercera de Santiago hizo trascender un estudio de expertos de la Universidad Austral de Valdivia (840 kilómetros al sur de Santiago), encargado por Conaf, en el cual se consignan emplazamientos de explotación de alerce donde 70 por ciento de los árboles corresponden a tales realizadas después de 1976. El informe agrega que 76 por ciento de las autorizaciones de extracción de alerce emitidas por Conaf corresponden a las comunas rurales de Fresia y Purranque, donde tuvo lugar la tala ilegal y tráfico que comenzó a investigar la jueza Muñoz. La Conaf, sin embargo, rechazó el informe y lo desautorizó, aduciendo que abarcó un área pequeña y usó una metodología inadecuada, que no permite establecer claramente la data de muerte de los alerces. Los expertos universitarios rechazaron la descalificación de su informe, que advierte igualmente vacíos en el decreto de 1976 de la dictadura, que posibilitan recurrir a maniobras como quemar bosques o envenenar los alerces para luego solicitar permisos de extracción. Jenia Jofré, presidenta del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, dijo a IPS que en los años 40 hubo numerosas quemas de bosques y que aún se encuentran alerces muertos de esa época y que en predios privados ha habido incendios intencionales para extraer esta especie con posterioridad a 1976. ”Si bien hay una explotación indebida del alerce, ésta no es masiva. Sus autores son personas pobres que sacan el árbol de la tierra y lo venden muy barato a empresarios que lo exportan carísimo”, señaló. Jofré negó negligencia o desidia en la Conaf y abogó por dotar de más recursos a esta entidad. Pidió también una veda de la extracción de alerce y la derogación de otro decreto, de diciembre de 2003, que posibilitó la tala de alerces en pie, ”que se promulgó a escondidas”. El ingeniero forestal Rodrigo Herrera, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace-Chile, comentó a IPS que el informe de los expertos universitarios pone de manifiesto ”una pésima gestión y política de protección (del alerce) del gobierno”. ”Conaf debe hacer su trabajo: fiscalizar y proteger. Pero lo que hace es desmentir estudios que muestran la magnitud del problema del alerce. No creo que haya mala fe en Conaf, pero sí una negligencia tremenda”, agregó. La responsabilidad de la explotación ilegal recae en ”una mezcla de políticos, empresarios y el gobierno”, señaló Herrera, quien subrayó que solo dos por ciento de los bosques de alerce están en terrenos del Estado. Marcel Claude, director para América del Sur de la organización Oceana, estimó que los gobiernos son culpables de la tala ilegal y el contrabando de alerces por emitir decretos que abren las puertas para estas prácticas. Otro nivel de responsabilidad recae en la Conaf, que ”tiene una práctica de secretismo, no está cumpliendo los planes de manejo y protección de bosques y no entrega informes técnicos de zonas en peligro. En su interior, además, hay adulteración de permisos de extracción (de alerce)”, afirmó Claude ante la consulta de IPS. El ecologista se declaró escéptico. ”Al final todo
se va a tapar. Todos saben que hay un tráfico ilegal de alerce,
un árbol que crece un milímetro por año y que por
tanto es casi un recurso no renovable”, sentenció.
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