Condicionan la extracción de uranio en Sierra Pintada
La explotación anterior de la mina generó daños ambientales que aún no se remedian.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) avanza con el proyecto de reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, en San Rafael, y hace pocos días presentó el estudio de impacto ambiental al Gobierno. El trabajo precisa los pasos para retomar la extracción de mineral, con la novedad de que incluye realizar en la provincia la purificación del uranio, para lo cual se trasladaría una planta desde Córdoba. La empresa Dioxitek (integrada por la CNEA y el Estado de Mendoza) tendría a cargo este proceso.

Pero en el Gobierno provincial existen importantes condicionamientos a la iniciativa nacional. Sobre todo, se supedita una reactivación de Sierra Pintada a la solución definitiva de los “pasivos ambientales” (como las famosas colas de uranio) que dejó la operación inicial de la mina en Malargüe y San Rafael.

“Además, el Gobierno nunca convino el traslado de la planta Dioxitek desde Córdoba, y ahora aparece en el estudio de impacto ambiental”, dijo el subsecretario de Medio Ambiente, Gustavo Morgani. “Sabemos que generar concentrado de uranio es un tema estratégico, porque permitiría dejar de importar este mineral. Pero es un tema complejo; la reapertura de la mina genera un impacto ambiental, y la eventual purificación, para lograr dióxido de uranio, generaría otro impacto”, precisó.

De todos modos, la postura del Gobierno es debatir antes que nada cómo se remedia la contaminación que dejó la explotación nuclear previa en el sur local.

De acuerdo a Morgani, la idea de la CNEA, es solucionar estos pasivos ambientales con los recursos e infraestructura que genere la nueva explotación. Esto parece no convencer al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, donde incluso califican de “demasiado lentos” a los trabajos de encapsulado de residuos sólidos que inició la CNEA.

Otro tema pendiente es quién controlaría la actividad extractiva en Sierra Pintada. La CNEA ubica el emprendimiento en los parámetros del Código Minero. Esta norma nacional establece el doble control de la Dirección de Minería (Economía) y la Dirección de Saneamiento (Obras Públicas). Pero en el Ejecutivo provincial consideran que el encuadre que debe tener la reactivación de Sierra Pintada es el de la ley provincial N° 5961, que estipula una evaluación ambiental, una audiencia pública y mayor injerencia de Obras Públicas y de los municipios en el control de las operaciones.

Desde la Comisión de Energía Atómica aseguran que la idea es generar transparencia sobre la apertura de la mina. “La primera etapa será de gestión ambiental. La idea es abrir el proyecto para que todos tengan acceso y despejar las dudas. Dar información a la gente es nuestra prioridad. Por eso nos vamos a reunir con integrantes de la comunidad. Luego se tendrá que hacer una audiencia pública como prevé la ley”, dijo Pablo Navarra, responsable del proyecto en la CNEA. Navarra precisó que la reactivación de la planta fabril implica una inversión de 9 millones de pesos.

Un plan estratégico nacional

El proyecto es parte del impulso del Gobierno nacional a la producción de energía atómica. De Sierra Pintada se extraerían 120 mil kilos de uranio por año, que serían destinados a alimentar las plantas nucleares de Atucha I y la de Embalse. A mediano plazo también se destinaría a Atucha II, ya que está tomada la decisión de reabrir esa central.

La intención de reactivar el Complejo Minero Fabril genera cierta resistencia en la población de San Rafael, por temor a la contaminación (ver aparte).

Según el estudio de impacto ambiental presentado por la CNEA ante la Dirección de Saneamiento, “las operaciones llevadas a cabo hasta la fecha no afectaron la calidad del agua subterránea y de los ríos de la región. Asimismo, no fueron afectados por la actividad del mismo el aire, el suelo, la flora y fauna de la zona adyacente”. El estudio fue realizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), regional Avellaneda.

Oposición de entidades ambientalistas

Oikos se sumó a las entidades ambientalistas de San Rafael para plantear reparos al proyecto minero, y pedir que se frene la explotación hasta que se remedien los daños producidos anteriormente. “Primero habrá que realizar una auditoría independiente para comprobar el verdadero estado de todas las instalaciones de la Comisión de Energía Atómica en la provincia, de las cuales se sabe poco”, dijo Eduardo Sosa, presidente de Oikos.

Desde la entidad solicitarán a la Provincia y a la CNEA toda la información del proyecto. “Vamos a iniciar nuestras actuaciones pidiéndoles información a los organismos públicos competentes y al gobierno del ingeniero Julio César Cobos que denuncie y solicite la rescisión del convenio entre la provincia de Mendoza y la CNEA aprobado por la ley provincial N° 5.330, por los reiterados incumplimientos de la CNEA en cuanto a la protección ambiental y la entrega de informes sobre las actividades realizadas en Mendoza”, dijo Sosa.

Pablo Icardi y Nicolás García de nuestra redacción

Fuente: Los Andes (Mendoza - Argentina)
Julio 12, 2004