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No quieren la nieve artificial
en el cerro Chapelco SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM)- Las comunidades mapuches asentadas al pie de Chapelco, presentaron ayer una acción de amparo y medida cautelar pidiendo la inconstitucionalidad de la audiencia pública convocada por el municipio para el siete de julio, en la que deben presentarse ponencias sobre la instalación de cañones para la fabricación de nieve en cerro Chapelco. Las comunidades Curruhuin-ca, Vera y Atreico acudieron a los tribunales de Junín de los Andes con una presentación patrocinada por el abogado Roberto Fernández Bueno. Plantean la vulneración del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, convenios internacionales y leyes nacionales. Entre sus argumentos, el recurso advierte que la audiencia pública pone a consideración de toda la comunidad de San Martín de los Andes un tema que afecta directamente a los territorios de las comunidades nativas. De ese modo, señala, se pone en discusión pública "nuestra especial relación espiritual como cultura y pueblo preexistente con el lugar en el que vivimos... (Waj mapu)". En consecuencia, interpretan que se vulneran derechos humanos fundamentales de los pueblo aborígenes, como la identidad cultural, la integridad de valores, prácticas sociales, culturales y religiosas. En la presentación, los mapuches solicitan que mientras dure el proceso judicial se dicte una medida cautelar en la que se ordene la suspensión de la audiencia pública municipal, así como de todo eventual avance sobre la instalación de los cañones para la fabricación de nieve artificial. En ese sentido, el abogado dijo que hay abundante jurisprudencia internacional y claras fórmulas de reconocimiento de los pueblos preexistentes, en caso de acciones que impacten sobre sus culturas o territorios. Puntualizó que "más allá del objetivo de la audiencia pública", se trata de un mecanismo "que los afecta directamente y sobre el que no han sido consultados, ya que se trató de una acción originada en el municipio y según su exclusivo arbitrio". Pero, por otra parte y más allá de las interpretaciones jurídicas, Fernández Bueno dijo que "existe un expediente abierto en el municipio sobre los cañones de nieve, que tiene más de tres años y un sinnúmero de aspectos no resueltos, que es obvio no se podrán dilucidar en una audiencia y que, al mismo tiempo, ponen en evidencia que es el mismo concesionario el que no demuestra interés en la puesta en marcha" de los artefactos. Explicó que "no hay en el expediente un estudio definitivo de impacto ambiental, que tiene que ser hecho según las directrices mapuches y que fue exigido por la propia municipalidad al redactar los términos de referencia". Dijo que se presentó un plan de monitoreo ambiental del que no participaron los representantes mapuches, en abierta violación de los acuerdos del 9 de julio de 2003, firmados entre las comunidades y el gobierno de la provincia del Neuquén, que en su artículo 13 establecía la necesidad de contar con el consentimiento de las familias nativas en caso de nuevos estudios o desarrollos en Chapelco. Fernández Bueno se mostró extrañado por el hecho de que el intendente Jorge Carro llame a consulta sobre los cañones y no sobre los "aspectos fundamentales del desarrollo de Chapelco, como incumplimientos del concesionario, desmanejos del impacto de las subconcesiones, contaminación ambiental, impacto social y cultural, falta de reconocimiento a los derechos territoriales mapuches". Foros por los derechos indígenas NEUQUEN (AN).- Las comunidades indígenas argentinas se reunirán en foros regionales para crear una nueva normativa que permita llevar a la práctica efectiva el ejercicio y respeto de sus derechos como pueblos originarios. Los encuentros comenzarán a mediados de este mes y se desarrollarán mensualmente en las diferentes regiones geográficas del país. El foro patagónico se realizará en setiembre y participarán además de Neuquén, Río Negro y La Pampa. La propiedad de los territorios naturales, el respeto a la identidad, lengua y cultura de los pueblos indígenas, son derechos reconocidos por la Constitución Nacional, luego de su reforma de 1995, pero faltaba hasta ahora una normativa de aplicación práctica. En octubre pasado, mediante un acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los representantes de las comunidades indígenas, se comenzó a trabajar en la propuesta inicial. Verónica Huilipán, werken del pueblo Mapuche, viajó ayer a Buenos Aires para participar de la última reunión de la comisión de trabajo. "El documento base tiene cuatro ejes centrales, la personería jurídica de los pueblos indígenas, el territorio, la biodiversidad, las relaciones y la educación intercultural. Cada eje se trata en una comisión de ocho representantes, cuatro por los pueblos indígenas y cuatro del gabinete nacional", explicó Huilipán. El objetivo a corto plazo es generar una norma de aplicabilidad práctica del actual marco jurídico que regula los derechos de los pueblos indígenas. "Se está pensando en la posibilidad de crear una instancia de carácter ministerial o que dependa de la secretaría General de la Presidencia de la Nación, que actúe como órgano ejecutor y regulador", comentó . "Es un momento muy oportuno y favorable para este tipo de trabajo dado que en la actualidad existe una serie de conflictos muy graves a lo largo y a lo ancho del país en relación a la demanda territorial y el Estado no da a basto para dar respuesta a los pueblos. El Estado nacional necesita un programa nacional que le diga por donde y cómo aplicar las nuevas políticas indígenas", concluyó Huilipán. Fuente: El Río Negro (Río Negro - Argentina) |
