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España: La norma vigente sobre aislamiento de viviendas data de 1979, y los expertos señalan que está obsoleta. El Gobierno del PP comenzó a trabajar hace cinco años en un nuevo Código Técnico de Edificación (que establece la resistencia de los muros según la zona de residencia o el aislamiento que deben proporcionar los cristales). El Gobierno paralizó el texto para adecuarlo a la directiva comunitaria sobre eficiencia energética de los edificios, aprobada en diciembre de 2002. 'Tenemos hecho gran parte del trabajo de la elaboración de la norma, así que la intención del Gobierno es aprobarla a principios de 2005', explica Javier García Breva, director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente de Industria. Y añade: 'El mayor potencial de ahorro de energía, y por tanto de emisiones de CO2 está en los hogares. Hemos asignado la reducción de emisiones de las eléctricas y ahora hay que actuar sobre las viviendas, que es más difícil pero donde hay más posibilidad de ahorro'. El IDAE estima que se puede ahorrar un 40% de la energía que consumen los hogares. La norma está tan avanzada que en marzo el IDAE calculó cuánto costará adaptar los edificios nuevos y los que sean rehabilitados antes de 2012. La previsión es de 14.413 millones de euros e incluye el aislamiento en los edificios nuevos y la reposición de calderas, sistemas de refrigeración, fachadas y bombillas en edificios ya existentes. La directiva obliga a que los edificios de más de 1.000 metros cuadrados tengan un certificado de eficiencia energética que será necesario para alquilar o vender una casa. Según el cálculo del IDAE, el Estado aportará 577 millones de euros (el 4% del total) destinado a los edificios ya existentes. Impacto en el precio García Breva reconoce que la medida puede tener un impacto inmediato en el precio de la vivienda, aunque calcula que se amortiza en pocos años con el ahorro en el recibo de la luz. 'El coste de la casa con los aislamientos correspondientes puede subir hasta un 15%, pero en ese caso ahorra hasta un 70% de energía y se amortiza en cinco años'. Además, señala que hay que tener en cuenta el ahorro en emisiones de CO2. El Protocolo de Kioto limita las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, que se producen, por ejemplo, al conseguir electricidad a partir de combustibles fósiles. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, asegura que es prematuro hablar del impacto sobre el precio. Tampoco el Ministerio de Vivienda ha estimado su repercusión. Sin embargo, algunos expertos aseguran que el Gobierno ha calculado el impacto. Servando Álvarez, catedrático de Ingeniería Energética de la Universidad de Sevilla, afirma que aplicar la directiva supondrá un encarecimiento de la vivienda de entre seis y ocho euros por metro cuadrado, 'algo despreciable comparado con el precio del suelo'. Álvarez, uno de los mayores expertos en España en arquitectura bioclimática, afirma que gran parte del ahorro se puede conseguir con un mejor proyecto de obra: 'Sólo con que el arquitecto tenga en cuenta la orientación de los edificios, el clima del lugar y otras medidas simples puede ahorrar energía'. Recalca que la mayoría de arquitectos no se preocupa por el consumo energético de sus edificios. Por eso, el IDAE ha firmado un convenio con el Colegio de Arquitectos para formar profesionales en la nueva norma. Los promotores discrepan. En su página web, la Asociación de Promotores y Constructores de España asegura que la directiva supondrá 'un sobreprecio medio de 3.846 euros por vivienda'. Lamentan que el Gobierno no quiera hablar sobre el aumento del coste de la vivienda 'en un momento de cierta alarma motivada por el enorme endeudamiento de las familias'. Luis Mateo, secretario de la Asociación Nacional de Industriales de Materiales Aislantes, asegura que si los promotores no apuestan por los materiales aislantes es porque el ahorro de la luz y de ruido es algo que no vende. Insiste en que España está en la cola de la UE en uso de estos materiales. Kioto llama a su puerta El ahorro energético es una obligación, además de una forma de prevenir los apagones y de una reivindicación ecologista. La obligación deriva del Protocolo de Kioto, que impide a España superar en más del 15% las emisiones de gases de efecto invernadero (principalmente de CO2) que causan el calentamiento del planeta. El Gobierno ya ha establecido la cantidad que pueden emitir las centrales térmicas, eléctricas, cementeras y demás industria pesada. Esas emisiones suponen en España el 40%. El 60% restante son los llamados 'sectores difusos', principalmente viviendas, oficinas y transporte. Es fácil saber cuánto emite una central de gas y asignarle una cuota. Lo difícil es otorgar esa cuota a las viviendas. Luis Rull, responsable de energía de Greenpeace, asegura que 'aunque es mucho más complicado de conseguir, la reducción de emisiones derivadas del consumo en los hogares puede ser muy importante'. El director del IDAE, Javier García Breva, coincide y da una cifra: 'Sólo el 2% de los electrodomésticos que se venden en España son de máxima eficiencia energética y eso que son rentables en cinco años'. El IDAE estima que la aplicación de la directiva puede suponer un ahorro energético equivalente al uso de 6,8 millones de toneladas de petróleo hasta 2012 y una reducción de emisiones de 40,2 millones de toneladas de de CO2. Fuente: Diario El País (España) |
